Al revisar sus proyecciones sobre la economía colombiana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que la economía crecerá un 1,8% este año, con una recuperación gradual hasta el 2,7% en 2025 y el 2,9% en 2026.

El organismo señala, que sin embargo existen riesgos: “la flexibilización de la política monetaria debe continuar con cautela. En vista de los elevados déficit fiscales previstos, que no dejan margen para los riesgos, y de las recientes caídas de los ingresos, se requiere prudencia fiscal y cumplimiento de la regla fiscal. A mediano plazo, se necesitan reducir las rigideces presupuestarias y una reforma fiscal integral para reequilibrar la carga fiscal de las empresas a las rentas personales, reducir los gastos fiscales, simplificar el sistema tributario y combatir la evasión fiscal”.

Inversiones

En su análisis, la OCDE indica que “la inversión seguirá recuperándose a medida que se relajen las condiciones financieras, aunque la incertidumbre la mantendrá por debajo de los niveles previos a la pandemia. El consumo crecerá moderadamente y el crecimiento de las exportaciones se mantendrá sólido. La inflación seguirá disminuyendo lentamente, dada la alta indexación de precios, y volverá a la meta del 3% a fines de 2026. Las vulnerabilidades derivadas de los crecientes déficits fiscales y de cuenta corriente son los principales riesgos”.

Puntualiza en su informe, que “los precios más bajos del petróleo siguen frenando los ingresos por exportaciones y por presupuesto, aunque estos últimos podrían experimentar un pequeño impulso debido a la reciente implementación de un impuesto adicional a los recursos extractivos. Las remesas son fuertes, debido a una economía en auge en los principales destinos de la diáspora, como España y los Estados Unidos, que respalda el consumo y la cuenta corriente. Los mercados de electricidad siguen ajustados debido a las condiciones climáticas adversas”.

Al revisar la situación fiscal, la OCDE manifiesta que “el déficit general aumentará del 4,3% en 2023 al 5,6% en 2024 y se mantendrá por encima del 4% hasta 2026, según los planes del gobierno. Si bien estos planes están en línea con la regla fiscal, existe el riesgo de que para 2025 los déficits de ingresos obliguen al gobierno a realizar recortes de gasto que perjudicarían la inversión pública ya débil. Como en los últimos años, los ingresos planificados se basan en parte en medidas no legisladas o dependen de mejoras significativas en la administración tributaria que hasta ahora no se han materializado”.

Perspectivas

Referente al rumbo del crecimiento, la entidad sostiene que “se espera que el crecimiento se recupere en 2024 y alcance su potencial de poco menos del 3% en 2025 y 2026. A medida que las condiciones financieras se normalicen y se disipen los shocks temporales del pasado en los sectores de la construcción de viviendas e infraestructuras, la inversión se recuperará parcialmente de un mínimo histórico del 17% del PIB a alrededor del 19% en 2026, todavía por debajo del promedio anterior a la pandemia del 21%”.

En lo relacionado con el consumo, sostiene que “seguirá siendo moderado después de su aumento posterior a la pandemia, frenado por el alto endeudamiento y el lento crecimiento del crédito. Con un crecimiento en torno a su potencial, la tasa de desempleo se mantendrá en torno a su nivel actual. Las exportaciones crecerán moderadamente dada la demanda externa y los bajos precios del petróleo, mientras que los bienes de inversión impulsan un mayor crecimiento de las importaciones, ampliando el déficit de cuenta corriente”.

Respecto la reforma al sistema general de participaciones, dice que “generaría un desequilibrio fiscal y riesgos a menos que los gobiernos subnacionales mejoren su capacidad y asuman la responsabilidad de implementar una mayor proporción del gasto. Una implementación más rápida de las políticas de reindustrialización y transición energética podría impulsar la inversión más de lo previsto”.

Asegura que “el cumplimiento de la regla fiscal y evitar recortes en la inversión pública podría lograrse eliminando gradualmente los subsidios al diésel, como se hizo encomiable con los subsidios a la gasolina en 2023, los subsidios distorsionantes y mal focalizados a los servicios públicos y mejorando la focalización del gasto social”.