Con el eco de los paros y las manifestaciones, trabajadores y empresarios se aprestan a debatir el incremento

__________

Para el próximo jueves está previsto que comiencen las discusiones en la Mesa de Concertación Laboral sobre el incremento del salario mínimo para 2020.

Se prevé que estos debates serán complicados. Si antes de los paros y las manifestaciones varios gremios y empresarios apuntaban que un incremento de 4,5% sería el ideal, ahora la coyuntura demuestra que esa cifra puede ser modificada dadas las presiones que tienen el Gobierno y el país.

No en vano en el ambiente se cree que ahora las partes podrían contemplar un aumento cercano al 5% o 5,5% pero que nunca se llegará al mismo 6% que presentó el aumento salarial para este año.

Varios empresarios han criticado ese aumento, al señalar que esa es una de las razones para que este año se presente un incremento en el desempleo de 10,2%. Sin duda el ambiente del paro vuelve turbias las cosas, pues los sindicatos podrían influir y forzar un mayor aumento.

Una de las propuestas de Fenalco señala que el aumento salarial debería estar cercano al 4%, con lo que el aumento sería de $40.000.

Las decisiones

El Gobierno nacional deberá tomar una decisión en la Mesa antes del 30 de este mes, fecha límite para lograr un acuerdo. De lo contrario será fijado por decreto.

Desde 1996, año en que se estableció la Ley 278, se creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en la que asisten representantes de las centrales obreras y trabajadores; gremios de empresarios e industriales y que están conciliado por el Gobierno nacional, en este caso por la ministra de Trabajo, Alicia Arango.

Este modelo, establecido por la ley, busca “fomentar las buenas relaciones laborales con el fin de lograr la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social y de paso fijar de manera concertada la política salarial para garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”, señala la norma.

Así las cosas, por parte del Gobierno deberán hacer parte de la comisión el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, quien la presidirá. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Ministro de Agricultura y el Director del Departamento Nacional de Planeación.

En representación de los empleadores deberá haber cinco representantes con sus respectivos suplentes personales, designados por las asociaciones nacionales gremiales más representativas de empleadores de los distintos sectores económicos del país.

Los trabajadores

Por parte de los trabajadores hacen parte de la Mesa de Concertación tres representantes de las centrales obreras, con sus respectivos suplentes personales, designados o removidos por las confederaciones sindicales más representativas del país; un representante con su respectivo suplente de los pensionados, que se rotarán cada cuatro años entre las dos confederaciones de jubilados más representativa, y un representante de los desempleados, que se rotarán cada cuatro años entre las dos asociaciones de desempleados más representativa del país.

Tanto los representantes de los empresarios como de los trabajadores deberán poner sobre la mesa una propuesta de ajuste, una vez se conozcan los cinco datos económicos clave sobre los que se basa el incremento salarial y que están citados a continuación: el Índice de Precios al Consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía.

Estos datos son aportados por el DANE, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP y sobre ellos partirán las discusiones. Los datos serán mostrados el día del inicio de la negociación.

Es importante señalar que la variable más relevante es la inflación, pues el ajuste no puede estar por debajo del IPC anual, que a octubre, según datos del DANE, se ubica en 3,86%, lo que supondrá un incremento por encima del 4%.

Gremios como ANIF y la ANDI han señalado que el Gobierno no debe de incrementar tanto el salario mínimo porque para los empresarios sería complicado enfrentar los costos laborales y además, adoptar la generación de empleo para los jóvenes como lo pide el Gobierno.