LA LEY europea sobre Servicios Digitales (LSD) entra plenamente en vigor el sábado, con un rígido conjunto de normas para las plataformas en línea, destinadas a proteger mejor a los usuarios contra contenidos ilegales.

La normativa ya se aplica desde agosto pasado para gigantes del sector como X (antes Twitter) o TikTok y para los principales servicios de Meta (Facebook e Instagram), Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Amazon.

Fue a raíz de esta legislación que la UE inició en diciembre una investigación formal contra la red X, por sospechas de incumplimiento de sus obligaciones en materia de combate contra la desinformación, la incitación al odio o la divulgación de imágenes violentas.

Con la LSD, 22 grandes actores de la red ‒incluidos tres sitios de pornografía‒ quedaron bajo estrecha vigilancia de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

A partir del sábado, la normativa pasará a ser válida para todas las plataformas digitales, independientemente de su tamaño, apoyada en un pilar fundamental: todo cuanto es ilegal “offline” pasará a serlo también en línea.

De esta forma, todas las plataformas y proveedores de servicios estarán obligadas a ofrecer mecanismos simples para denunciar contenidos ilegales y, además actuar “rápidamente” para eliminarlos.

Al mismo tiempo, los sitios dedicados al comercio en línea tendrán que controlar la identidad de los vendedores y bloquear a estafadores reincidentes, con foco especial en productos falsificados.

También tendrán obligaciones en materia de control de la publicidad destinada a menores de edad.

Quienes no se atengan a esta regulación quedarán expuestos a multas que pueden llegar al 6% de su facturación anual global, y hasta la prohibición de operar en el espacio europeo en caso de reiteradas violaciones.

Cambio de cultura

“El objetivo no es imponer multas, sino que las plataformas cambien sus prácticas. Es de esa forma que mediremos el éxito de la legislación”, dijo Alexandre de Streel, codirector del núcleo de reflexión Centro de Regulación en Europa.

Sin embargo, añadió el experto, en la práctica los cambios “llevarán tiempo” porque “no pueden decretarse por ley, hay que cambiar la cultura de los usuarios y de las empresas”.

Todas las plataformas o servicios que no formen parte de las 22 principales quedarán bajo supervisión de la autoridad del país donde tengan su establecimiento principal.

Las disposiciones más estrictas siguen reservadas para los actores principales, de gran tamaño, que estarán supervisadas directamente por la Comisión Europea.

En tanto, las empresas con menos de 50 empleados e ingresos de menos de 50 millones de euros (54 millones de dólares), quedarán eximidas de estas obligaciones.

Los 22 gigantes bajo observación especial fueron designados en función del número de usuarios activos en Europa, con un umbral de 45 millones.

Entre sus obligaciones específicas, estas plataformas deberán analizar los riesgos relacionados con el uso de su servicio y establecer medios para mitigarlos.

Esas compañías estarán también sujetas a criterios más rígidos de transparencia, con la obligación de proporcionar al regulador acceso a sus algoritmos, y serán auditadas una vez al año.

Gigantes tecnológicos

Es importante resaltar que, la UE evalúa una expansión de su marco regulatorio para que las grandes empresas tecnológicas participen de la financiación del desarrollo de la red 5G en Europa.

Las empresas de telecomunicaciones europeas, incluidas Orange y Vodafone, llevan mucho tiempo pidiendo a la UE que los titanes de la tecnología y el streaming paguen por las grandes cantidades de ancho de banda que utilizan.

Los grupos tecnológicos, en tanto, alegan que esas empresas ya obtienen dinero de los clientes, al tiempo que los defensores de los denominados derechos digitales temen que la situación conduzca a una Internet de dos velocidades.

El documento visto por AFP menciona que la Comisión Europea ‒brazo ejecutivo de la UE‒ “podría considerar la ampliación del alcance y los objetivos del actual marco regulatorio para garantizar la igualdad de condiciones”.

También podría considerar garantizar “derechos y obligaciones equivalentes para todos los actores y usuarios finales de las redes digitales”.

El documento también muestra que la UE analiza si se deberían aprobar fusiones de empresas de telecomunicaciones para garantizar que las firmas puedan pagar el despliegue de la red 5G. / AFP