España: choque por traslado de Ferrovial | El Nuevo Siglo
EL PRESIDENTE Pedro Sánchez, elevo el tono de su discurso contra los empresarios por buscar ‘alivios’ fiscales en otros países. /AFP
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Viernes, 3 de Marzo de 2023
EL Nuevo Siglo con AFP

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, elevó el tono contra el presidente de la empresa Ferrovial, el tercer hombre más rico del país, que anunció el traslado de la sede de la empresa a Países Bajos.

La "justicia fiscal significa que aquellos que tienen más tienen que contribuir más al erario público, pagando más impuestos, y este es el debate que está detrás de lo que está sucediendo con el señor (Rafael) del Pino", afirmó Sánchez desde Helsinki, donde se encontraba de visita.

"La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario", remarcó Sánchez, agregando que Del Pino ha hecho su fortuna "gracias a nuestro país (...) y a la contribución de los españoles", en referencia principalmente a los contratos con el Estado de los que Ferrovial se benefició por décadas.

La empresa privada de construcción y de gestión de infraestructuras, propietaria de un amplio portafolio de autopistas y aeropuertos, como el londinense de Heathrow, anunció su voluntad de transferir su sede social a Países Bajos, en el marco de una reorganización de sus actividades.

Ferrovial, fundada en 1952 en Madrid, justificó su decisión aduciendo su "internacionalización creciente", aunado al "marco jurídico estable" de Países Bajos, propicio para atraer inversión y cotizar en bolsa en Estados Unidos.

El anuncio provocó la irritación del gobierno español de izquierda, que acusó a Rafael del Pino, hijo del fundador de la compañía, de marcharse a Países Bajos por motivos fiscales, ya que dicho país europeo cuenta con una fiscalidad favorable a las sociedades y los dividendos que reparten a los accionistas.

La decisión "es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España, (...) que ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los españoles", fustigó el miércoles la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Una nota de análisis del Banco Sabadell cifró en 40 millones de euros (43 millones de dólares) lo que podría ahorrarse Ferrovial, que pagó 282 millones de euros (300 millones de dólares) en impuestos a nivel mundial el año pasado. Para otros expertos citados en la prensa española, la ventaja fiscal sería menor.

Situación absurda

La noche del jueves, ya Pedro Sánchez había vertido duras palabras contra Del Pino desde Copenhague, en medio de una gira por el norte de Europa.

"En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino", lanzó Sánchez.

Rafael Del Pino, tercer hombre más rico de España según la revista estadounidense Forbes, con una fortuna personal estimada en US$4.500 millones, no ha reaccionado a las críticas. Contactada por la AFP, Ferrovial señaló el viernes no tener previsto contestar.

Empresarios

Pero el presidente de la principal organización patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, advirtió que los ataques contra el empresario de 64 años, a quien alabó como uno de "los grandes creadores de la riqueza en España", están provocando "una situación absurda y peligrosa".

"Lo que genera es desconfianza y un mensaje muy malo en España y a los inversores", subrayó Garamendi en la radio Onda Cero.

Las relaciones entre el gobierno y los empresarios se han agriado en los últimos meses, con varias grandes figuras como Ana Botín (Banco Santander) e Ignacio Galán (Iberdrola) criticando impuestos excepcionales sobre bancos y compañías energéticas implementados para financiar medidas para sostener el poder de compra de los españoles.

Pedro Sánchez insistió este viernes en la "justicia fiscal", al defender su gestión económica, a meses de las elecciones generales a finales de año.

Rafael Del Pino es el mayor accionista de Ferrovial, con un 20%, a través de una sociedad patrimonial con sede en Ámsterdam, Rijn Capital.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en base a documentos publicados en 2017 conocidos como "Paradise papers", Rijn Capital está vinculada a una empresa con sede en Malta, país considerado paraíso fiscal por la ONG Oxfam.