La calificadora de riesgo Fitch Ratings dijo que la intervención política del presidente Gustavo Petro podría poner en peligro la expansión del sector eléctrico en el corto plazo.

En un documento de análisis sobre el sector, la calificadora expuso algunos de los problemas a los que se enfrentaría. Para Fitch, la acción sin precedentes del presidente para frenar el aumento de las tarifas eléctricas podría deteriorar los flujos de caja operativos, golpeando más duramente a las empresas de generación pura.

La intención del presidente Gustavo Petro, de intervenir con un decreto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que fue suspendido por el Consejo de Estado, “no tiene precedentes para un país que históricamente ha equilibrado los intereses de los actores del mercado con los de los usuarios finales”.

José Luis Rivas, director senior de Fitch Ratings, dijo que “el decreto es una clara señal de que el nivel de intervención del presidente Petro en los mercados regulados será alto. Esto contrasta con las normas históricas, cuando el entorno regulatorio era históricamente visto como independiente de la influencia política”.

Rivas agregó que “si tales medidas afectan la capacidad de las empresas de servicios públicos para generar flujos de caja estables y predecibles para financiar capex y cumplir con los compromisos financieros de manera oportuna, los perfiles de crédito podrían verse presionados”.

Acciones

Según un el informe de Fitch Ratings, las acciones del mandatario pondrán en peligro la expansión requerida de la capacidad de generación.

Esto porque un marco regulatorio independiente que tenga un proceso de fijación de tarifas basado en consideraciones técnicas es clave cuando las empresas toman decisiones para invertir en el sector.

Históricamente, las tarifas han permitido a las empresas de servicios públicos colombianas remunerar las inversiones de capital, los costes administrativos, operativos y de mantenimiento, así como garantizar un rendimiento justo del capital invertido.

De acuerdo con Fitch, las empresas de generación pura con un alto porcentaje de sus ingresos derivados de Colombia son las más expuestas a un deterioro del marco regulatorio del país.

Y las empresas integradas que operan en generación, distribución y comercialización son menos vulnerables a acciones negativas de calificación.

“Fitch Ratings considera que el intento del presidente Petro de hacerse cargo de las regulaciones colombianas de servicios públicos mediante una orden ejecutiva no tiene precedentes para un país que históricamente ha equilibrado los intereses de los actores del mercado con los de los usuarios finales”, precisa la entidad calificadora.

Fitch cree que este movimiento podría, en última instancia, presionar las calificaciones de las empresas y amenazar la expansión de la capacidad.

El decreto del presidente Petro tiene como objetivo frenar los aumentos recientes en las tarifas eléctricas, que aumentaron alrededor de un 22 % en 2022, en comparación con la inflación general del 13 %.

Sin embargo, el decreto fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado y no está claro cómo se ejecutaría.

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Fitch cree que es probable que el resultado de esta intervención regulatoria apunte a las eléctricas calificadas, como Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM; BB+/Rating Watch Negative); Enel Colombia SAESP (BBB/Estable); Isagen SAESP (BBB–/Estable); Celsia Colombia SAESP (AAA /Estable); TermoCandelaria Power, SA (BB/Estable); Grupo Energía Bogotá SAESP (GEB; BBB/Estable); e Interconexión Eléctrica SAESP (BBB/Estable).

Otra vez

Sin embargo, ante la decisión del Consejo de Estado, el presidente Petro volvió a insistir y tiene listo un borrador con el cual busca establecer políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público y mediante el cual busca bajar las tarifas de la luz. 

De acuerdo con la propuesta, se adicionan nuevas medidas y lineamientos al Decreto 1073 de 2015, para el aseguramiento de la prestación del servicio para propiciar esquemas competitivos para la selección del Prestador de Última Instancia, PUI.

Además, se busca establecer políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público. De igual forma, también se adicionan medidas para el mercado. Entre los puntos más importantes está la transición a una tarifa ajustada a la población.

“(...) se pública para participación ciudadana el proyecto de decreto ‘Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo del sector Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica’, con el objeto de recibir observaciones y comentarios”, dice en la página del Ministerio de Minas y Energía, donde está alojado el borrador.

“Lo dispuesto en la presente Resolución no impacta directamente los recursos de la Nación”, hace énfasis uno de los apartados del documento.