El Gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, presentó este miércoles la “Construcción de principios, metodología y lanzamiento del diálogo social para definir la hoja de ruta de la Transición Energética Justa en Colombia”, en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27, en Egipto.
Este proceso considerará el camino ya recorrido en materia de transición energética en el país, a través de análisis técnicos, la normatividad existente tal como la Ley 2099 de 2021 y el Conpes 4075 de 2022, y de las acciones que emprendió el país al comenzar a diversificar su matriz energética.
La ministra Vélez afirmó que este proceso contempla una etapa detallada de planeación que se realizará en un periodo de seis meses, abordando temas como cualificación laboral de los trabajadores asociados al sector minero-energético, transición productiva, y mejoramiento de la calidad de vida en los territorios con enfoques étnico y de género.
“Debemos superar nuestra propia historia, fuertemente dependiente de la economía de los hidrocarburos y el carbón. La planeación de la Transición Energética Justa es fundamental para Colombia porque implica una transición hacia una economía productiva, que tenga como pilar las energías renovables”, explicó.
Vélez Torres enfatizó en que esta etapa se regirá por cuatro principios, pero de manera determinante, mediante un diálogo social con la ciudadanía en todo el país.
“La transición energética justa se hará con equidad, con gradualidad, con intensificación del conocimiento y, en especial, con un diálogo abierto con todos los actores involucrados. Los grandes cambios no se hacen de espaldas a la gente; aquí los haremos con y para la gente”, resaltó.
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Para llevar a cabo el diálogo social, el Ministerio inició un cronograma de jornadas en los territorios donde ya está en marcha la transición energética. Esta etapa anunciada contempla tres fases:
Primera
Planeación y preparación del proceso, incluyendo la interacción con grupos de interés como sindicatos, comunidades territoriales y étnicas, gremios, asociaciones y academia, así como los mecanismos de participación y el inventario de la información para los análisis requeridos. Durará cuatro semanas.
Segunda
Se establece la visión con las metas concretas a largo plazo (cuantificadas) y el tiempo para para lograrlas, que incluye el análisis integral del sistema energético. Se realizaría durante ocho semanas.
Tercera
El diseño de la Hoja Ruta para alcanzar las metas deseadas, identificando los habilitadores regulatorios requeridos y los análisis de riesgos y brechas. Concluye con la elaboración del documento de la Hoja de ruta para la Transición Energética Justa y su lanzamiento público. Se desarrollaría en un periodo de 12 semanas.
La Hoja de ruta contemplará programas y proyectos estratégicos que servirán de instrumentos de implementación de la transición.
Programas y proyectos
Comunidades Energéticas y Distritos Energéticos. Incluye los proyectos: Estallido de la energía solar, Estallido de la energía eólica y Estallido de la bioenergía.
La Energía del Cambio. El programa de Movilidad sustentable y eficiencia energética, y el programa de Gas natural para la transición energética.
Instituto Nacional de Transición Energética y el programa de Fomento de la industria nacional asociada a las tecnologías de las energías renovables a través del desarrollo de componentes y prototipos industriales.
Por su parte, Javier Campillo, director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE), explicó que “estamos haciendo un trabajo muy fuerte para minimizar el uso de diésel utilizando soluciones regionales, donde fotovoltaica no es la mejor en Pacífico; es la mejor en La Guajira, pero no en Pacífico. No estamos llegando con una solución tecnológica, estamos invirtiendo la ecuación, acercándonos y diseñando los proyectos a partir de las necesidades y capacidades”.
Junto con la definición de la hoja de ruta, se iniciarán proyectos de referencia en La Guajira con energía eólica en copropiedad con los indígenas wayuu; en el mismo sentido proyectos de energía renovable en el Pacífico con las comunidades locales y en el Cesar el aprovechamiento de los desechos de orgánicos para la producción de biogás en los sistemas silvopastoriles y de ganadería.