NI LA estrategia de disminuir el recaudo de $12 billones a $9,8 billones con la ley de financiamiento, le dio resultado al Gobierno para convencer al Congreso. Ahora deberá recortar al menos $39,1 billones en el presupuesto de 2025 que está a punto de decretar antes de finalizar el año.
Por lo menos esas eran las cuentas que hacia el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuando advertía las inconveniencias de la tributaria II impulsada por el Gobierno y que se hundió en el Legislativo.
Señala la CARF, que “con la información disponible a hoy, estima un riesgo de menor recaudo, frente al escenario de ley de financiamiento, de por lo menos $33,3 billones, compuesto por $22,6 billones por menor gestión de la DIAN; $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la ley de financiamiento”.
“El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que, en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento, el Gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar a través de dicho proyecto de ley”, complementó el CARF.
Ajustes
Para la entidad, también se requerirá ajustar el presupuesto de gasto a la capacidad de generar ingresos ciertos para cumplir con la regla fiscal en 2025, además de reducir la incertidumbre y la credibilidad fiscal. “De lo contrario, se podría impactar negativamente las primas de riesgo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y el valor de la deuda”, complementaron.
El director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, explicó en su cuenta de X, que “la reforma no aborda el problema de fondo de las cifras fiscales: un gasto público excesivo en relación con la capacidad de generación de ingresos (sin distorsionar aún más la decisiones de ahorro e inversión)”.
Mejía indicó que, según cálculos de la entidad, el Gobierno deberá recortar el presupuesto de 2025 en al menos $37 billones, una cifra superior a la estimada para este año ($33 billones). Sin embargo, la ley de financiamiento, en su versión más reciente, solo generaría alrededor de $3 billones en nuevos recursos en 2025.
Impacto negativo
Esto incluye impuestos con impactos muy negativos en el aparato productivo, como la medida que pretende triplicar el impuesto al carbono (así ahora sea en tres años). Además, que cerca de $6 billones provendrían de un mayor endeudamiento, producto del adelantamiento en un año del cumplimiento paramétrico de la regla fiscal. Estos recursos implican un mayor gasto, no mayores ingresos.
“Adicionalmente, la primera ponencia excluye una de las medidas más razonables del proyecto original del Gobierno: la introducción del IVA para los juegos de suerte y azar digitales. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta omisión representa una pérdida potencial de ingresos cercana a $2 billones”, precisó el experto.
Mejía apuntó que se mantiene una medida particularmente perjudicial: flexibilizar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), permitiendo que las inversiones verdes queden excluidas del déficit fiscal para efectos de su cumplimiento. Esta disposición debilita la credibilidad de la regla fiscal y aumentará los costos de financiamiento del país.
“La ley de financiamiento es inoportuna, inconveniente y desvía la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda: la necesidad de realizar un recorte cercano al 7% en el presupuesto del próximo año”, precisó Luis Fernando Mejía.