LUEGO DE la reunión entre transportadores y el Gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que, entre este año y el próximo, el precio del diésel subiría $6.000. Sin embargo, dijo que se hará por acuerdo con los transportadores, dentro de una mesa técnica que ya lleva casi año y medio sin definir las tarifas.

El líder de la cartera aseguró que no hubo acuerdo con el gremio, por tanto, no está decidido si se subirán $3.000 en el mes de agosto. Sin embargo, lo que sí es claro es que “el próximo año no se puede seguir congelando el precio” pese a que se debe cerrar la brecha de $6.000.

“No se ha llegado todavía a un acuerdo ni a ninguna decisión con los gremios de transporte, pero ellos esperan que sigan congelados”, dijo Bonilla durante el Foro Conversaciones Por Colombia del Consejo Gremial Nacional: Reactivación Económica.

El encuentro tuvo lugar después del anuncio del Gobierno sobre el incremento en el costo de este combustible para los grandes consumidores como industrias y empresas, a los que se les incrementó el valor del ACPM. Bonilla había expresado que en el transcurso del año el diésel debería subir de valor para cerrar la billonaria brecha del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y eliminar subsidios que benefician a sectores con capacidad de pago.

Ante el anuncio, el gremio de transportadores rechazó la medida y advirtieron que esto no le conviene al país porque podría impactar la inflación.

El Gobierno ha indicado que es necesario llegar a un acuerdo con los transportadores para fijar el monto exacto del incremento. Esto sugiere que, aunque el aumento es inminente, el Ministerio de Transporte está abierto a discutir las condiciones y el impacto que tendrá en el sector.

No obstante, dicha decisión ya había sido rechazada por los transportadores de carga. Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, manifestó que el gremio “vive épocas difíciles” y que la “economía se ve resentida”.

Por otra parte, y de acuerdo con el decreto del 24 de junio, se estableció un mecanismo diferencial de estabilización de precios para grandes industrias y empresas que consuman promedio anual más de 20.000 galones al mes.