MIENTRAS EL presidente Gustavo Petro, dice que el incremento para el 2025 de la Unidad del Pago por Capitación (UPC), será el que determine la inflación de este año, los gremios y analistas consideran que ese aumento no es suficiente, sino que debe ser al menos entre el 16,4%, que propone ANIF y 16,9% que pide la ANDI.

Esta cifra que reclaman los gremios, es para poder cubrir el déficit que ha dejado el desfinanciamiento del sistema para el pago a hospitales, IPS, proveedores y la compra de medicamentos, así como la atención eficiente de los usuarios.

Se debe precisar que la UPC es el valor que el Estado paga a las EPS por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Cada año, las aseguradoras reciben una cantidad fija de dinero por cada persona asegurada, y con ese monto, tienen la obligación de cubrir todos los servicios y gastos de salud.

Este monto fijo se calcula con base en la información que reportan las EPS, y se define por el Ministerio de Salud, en coordinación con otros actores del sistema.

Ante esta premura, la ANDI pidió al Gobierno nacional un incremento de 16,9% en la UPC para evitar un colapso financiero en el sector el año próximo.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro calificó como excesiva la propuesta de la ANDI frente al monto base de la UPC, dijo en su cuenta de X el mandatario.

Fuera de lugar

Sin embargo, en declaraciones a Caracol Radio, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, manifestó que el comentario del mandatario está fuera de lugar y que, desde el gremio se han adelantado mesas de trabajos para identificar cuáles son las mejores formas para frenar la crisis que se está construyendo en el sector salud “por malas decisiones ejecutivas, por corrupción, y por ideología”.

Mac Master explicó que la ANDI realizó un ejercicio que coincide con un cálculo de cuáles son efectivamente todos los rubros en los cuales hay que gastar dinero del sector, “por ejemplo, hay que pagarle a los médicos y a las enfermeras, hay que atender las necesidades para poder dar medicamentos, hay que poder dar la posibilidad de que se haga las atenciones a tiempo y el cálculo que está en este momento, digamos, sobre la mesa, es un cálculo que da efectivamente el 16,9%”.

Frente a las acusaciones del mandatario, Mac Master expresó que “este no es un dinero que la ANDI le esté pidiendo porque nosotros no recibimos ese dinero y no tenemos nada que ver con el gasto realmente que se presenta, es el resultado más bien del cálculo que se hizo para poder garantizar que el Estado va a cumplir con su función. De manera que, si no lo hace así vamos a terminar teniendo problemas de salud especialmente, digamos, en atención oportuna a los pacientes colombianos que es la gran preocupación que debemos tener todos los colombianos en este momento”, agregó Mac Máster.

Acumulando déficits

Para el presidente de la ANDI, el problema radica en que se han venido acumulando parcialmente déficits desde la pandemia por el Covid-19 causando la desfinanciación actual del sistema. Razón por la cual, la ANDI tiene como tarea determinar cuánto debería transferir el Estado al sector salud para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

“En realidad el oxígeno del sistema es para los hospitales, para las clínicas, para los laboratorios, para que se puedan comprar los medicamentos y los dispositivos médicos, para que se puedan pagar a médicos y enfermeras. Yo inclusive no estoy conversando del tema de las EPS, lo que estamos diciendo es que el sistema de salud tiene un costo en Colombia, calculemos cuánto es y definimos desde el Presupuesto General de la Nación los recursos correspondientes.

Qué sucede entonces, se han venido apretando a todos los agentes del sistema, se han presentado en este momento cierres en algunos hospitales, cierre de servicios en algunas clínicas, se están dando grandes atrasos en las atenciones a los pacientes y se debe en muy buena parte a que el Estado no le está destinando suficientes recursos al sistema, entonces lo que va a terminar pasando es que el sistema va a entrar en crisis”.

Responsabilidad

Por su parte la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hizo un llamado al Gobierno nacional, y en especial al Ministerio de Salud, para que la definición de la UPC, mediante el cual el Gobierno establece el pago para cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se haga con responsabilidad y coherencia para cerrar la brecha y garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad del servicio.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, a través de su cuenta en X, sostuvo que dentro de los factores que se deben tener en cuenta para la asignación de estos importantes recursos deben considerarse “la inflación, la tasa de cambio y los costos crecientes. Mantener un rezago en los recursos profundiza la crisis presupuestal, afectando el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos esenciales”.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en conjunto con Afidro, calculó que el incremento de la UPC en 2024 debió haber aumentado 15,6%, lo que representa una cifra de 3,6% por encima de lo que avaló el Gobierno.

Para 2025, el centro de pensamiento económico estimó un incremento de 16,4%, el cual es el valor necesario para cubrir los servicios de salud de 2025, según la entidad. Sin embargo, la ANIF también señaló que el aumento no implicaría que salde el déficit que se acumuló en años anteriores.

“Para evitar generar una situación de déficit como la que se está viviendo en 2024, la UPC debería incrementarse entre 9% y 10% para equilibrar ingresos y gastos del sistema”, afirmó Alejandro Lobo, candidato a MPA en la Universidad de Columbia y exdirector de vivienda en Asobancaria.

El analista también señaló que el alza “no solo es un asunto de presupuestar el aumento necesario, sino ser efectivos con los pagos recurrentes del sistema, incluyendo presupuestos máximos, que se han estresado al máximo en lo corrido del año”.

Acemi

En otro orden, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina integral (Acemi), la actualización con las inflaciones causadas y esperadas de los años 2024 y 2025, en lo que se denomina “trending inflacionario” y que según cálculos de Acemi estará alrededor del 11,3%. A ello habría que agregarle la actualización de las frecuencias de uso del sistema. Estimaciones indican que esta variación estaría entre un 6 y un 7% cada año.

Considera, que el cálculo requiere un ajuste de aquellos servicios que, aunque ya han sido prestados, aún no han sido avisados o conocidos por las EPS (IBNR) y que representan cerca de 3,6% de los costos del sistema cada año, según el MSPS.

Advierte el gremio, que una mala tarifación podría derivar en mayores problemas de insuficiencia como el que se observa en las cifras financieras del sector a septiembre de 2024, que dan cuenta de una siniestralidad agregada del 108%. Esto es, por cada $100 que reciben las EPS de UPC, el gasto asciende a $108. El efecto acumulado de la insuficiencia, ha dejado, según cálculos de Acemi y otros gremios y académicos, un déficit cercano a los $6,3 billones en los últimos tres años sin contar el gasto de administración.

Recursos insuficientes

Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la Asociación Nacional de Industriales, argumentó que, en 2024, la UPC resulta insuficiente para financiar servicios y tecnologías. “A junio de 2024, la siniestralidad del sistema fue superior a 109% lo que quiere decir que por cada $100 de ingresos, las EPS gastan $109 en financiar las atenciones que requiere la población”, señaló el experto.

Rodríguez agregó que un sistema de salud permanentemente desfinanciado no es sostenible, y es por ello que aseguró que “con base en los análisis de estados financieros, el incremento de la UPC necesario para cubrir los niveles de siniestralidad observados sería de al menos 16,9%; este valor podría incrementarse si se toman nuevas decisiones sobre las prestaciones del sistema, por ejemplo, la inclusión de tecnologías”.

El vicepresidente de la ANDI también apuntó que ese incremento generaría la liquidez necesaria para 2025, sin embargo, al igual que las estimaciones de la ANIF, no reconoce el déficit acumulado en los últimos años. “Solo para 2024 estimamos un déficit de $9,4 billones”, concluyó Rodríguez.