El proyecto de ley radicado el martes por el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo ante el Congreso, busca instaurar la acción penal para las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción y establecer fuertes sanciones para estas, sus gestores y propietarios.

El Jefe de Estado enfatizó el hecho, que de tener “aquí la sanción penal a las personas jurídicas es también un gran logro que Colombia podría alcanzar, porque eso nos permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas”, y afirmó que dentro de estas “sanciones que son durísimas, se encuentra la prohibición de contratación con el Estado”.

Para el procurador Carrillo, el sector privado debe comenzar a asumir responsabilidades en la lucha contra la corrupción, “este proyecto busca la muerte comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”.

El proyecto de ley número 117 de 2018 tiene como objetivo adoptar medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, con el apoyo de las oficinas de control disciplinario de todas las entidades públicas, las personerías y todas las entidades y dependencias que cumplen funciones disciplinarias.

A continuación los tres puntos más importantes de esta iniciativa:

1. Sanciones a personas jurídicas

Esta medida busca instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas que tendrán también sanciones corporativas. Entre dichas sanciones se destacan la prohibición de contratar con el Estado y la extinción de dominio exprés contra quienes atenten contra el patrimonio público.

“Se le da vida a la extinción de dominio exprés, para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público”, dijo el Presidente.

2. Fortalecer la denuncia ciudadana

El proyecto propone empoderar a la ciudadanía para que denuncie a los corruptos, brindando mecanismos de protección eficaces, lo cual permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades.

“Que nosotros tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana, con mecanismos de protección, también nos va a permitir a nosotros hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando”, aseguró el Primer Mandatario.

3. Rechazar la corrupción

El proyecto desea ratificar el compromiso del país a rechazar la corrupción, tal y como se expresó en las urnas el pasado domingo 26 de agosto en la Consulta Anticorrupción.

“La corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer”, porque “no tiene color político la defensa de la ética pública, no tiene color político la lucha contra la corrupción”, sino que “es una tarea de todos y el día de hoy lo ratificamos con esta iniciativa que presentamos con el señor Procurador General de la Nación”, manifestó el Jefe de Estado.

Dugo expuso también que “este proyecto se presenta entre el Gobierno nacional y la Procuraduría General de la Nación con unas medidas que son necesarias, que el país las viene pidiendo a gritos y que son innovadoras”.

Se amplía la prescripción disciplinaria

Al explicar el contenido del proyecto, Duque destacó que se busca ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de cinco a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos.

“La prescripción pasarla de cinco a 20 años en la acción disciplinaria es muy importante, porque le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionar”, precisó.

A su turno, Carrillo dijo que la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de fiscalización “vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha, porque lo que hemos recibido es un espaldarazo de la ciudadanía, y con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción”.

El jefe del Ministerio Público reiteró que con el fin de fortalecer la misión preventiva, el proyecto establece un sistema de detección de alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, que estará integrado a partir de información del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

De otra parte, explicó, regularía la sanción disciplinaria para los servidores públicos que no diligencien u omitan información en la declaración de bienes, incumplimiento que será considerado como una falta gravísima; y por primera vez se inhabilitarán las empresas privadas para contratar con el Estado hasta por 20 años, si sus representantes legales o directivos participan en actos de corrupción que beneficien a esas compañías.

Al hablar de las sanciones inherentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública, el medioambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y todos los delitos que afecten el patrimonio público, Carrillo mencionó que para las personas jurídicas se encuentran la multa, la remoción de sus administradores o representantes, la prohibición de ejercer la actividad económica, no recibir subsidios ni celebrar contratos con el Estado y la cancelación de la personería jurídica.