La semana que termina fue movida para Hidroituango. A la falta de claridad por el desarrollo de las obras, la disputa en Medellín entre el alcalde Daniel Quintero y los contratistas y la futura licitación, se sumó la decisión de la Contraloría General de confirmar en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal de $4,3 billones contra varios directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratistas y exalcaldes. De ellos el mayor afectado fue el precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Ante esta situación de lo que será una de las mayores generadoras de energía del país, el Gobierno le salió al paso.

A última hora el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, aseguró frente la decisión de la Contraloría General que el mayor interés del Gobierno es que el proyecto no tenga retrasos.

Dijo que el Gobierno nacional es respetuoso de la independencia de poderes y de las decisiones que se toman.

Indicó que la preocupación que hay es que se cumpla con el cronograma que se ha definido. Esta obra debía entrar en operación en 2018, fecha que no se pudo cumplir por la contingencia registrada.

"Siempre nos hemos preparado para garantizar el suministro de energía eléctrica a los colombianos y lo seguimos haciendo independiente del contenido de un fallo", determinó.

Garantías

Agregó que el suministro de energía eléctrica está garantizado en el corto y mediano plazo pues se hizo una subasta de cargo por confiabilidad en 2019, cuando había una mayor incertidumbre frente al proyecto por la contingencia de 2018.

Dijo que se trata de un proyecto de interés nacional que debe entrar en operación en 2022 y que ya está avanzando en obras civiles. "Se espera que haya una primera unidad de generación en junio y una segunda en octubre".

Sin embargo, en caso de que se presenten retrasos no se podría cumplir con el cronograma, pero el ministro Mesa aclaró que esto no implicará que habrá desabastecimiento en 2022 ó 2023.

En caso de que se presenten demoras adicionales en la entrada del proyecto, el Gobierno entraría a determinar si es necesario hacer una nueva subasta de expansión para los años 2024, 2025 y 2026.

“El proyecto de Hidroituango tiene la capacidad de abastecer hasta el 17% de la demanda y siempre se ha pensado fases con ocho unidades en total, con capacidad cada una de 300 megavatios”, señaló.

Los ingenieros

Sin embargo, las demoras ya confirmadas en el desarrollo del proyecto de Hidroituango afectarán de una forma u otra los precios de la energía en el país. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), este es un proyecto de ingeniería sin igual en Colombia, con profundos efectos en el sector energético y en la economía del país.

La discusión pública se ha centrado sobre la futura entrada en operación, y en este escenario, Aciem afirma que EPM, responsable empresarial del proyecto, sentirá un alivio en el momento en que se tenga en operación la primera unidad de Hidroituango, por cuanto dejará de usar el vertedero a su máxima capacidad, reduciendo drásticamente uno de sus riesgos, y aplacará las dudas suscitadas frente al mismo.

Sin embargo, para la demanda, es decir, los usuarios y personas del común, el alivio real se sentirá cuando entre la cantidad de unidades de generación que la central se comprometió a entregar al sistema (1.200 MW), o aún mejor, hasta que se completen las 8 unidades que darán los 2.400 MW, momento en el cual el proyecto estará operando con su capacidad total y cumpla con las Obligaciones de Energía Firme (OEF) que le fueron asignadas en las subastas entre los años 2008 y 2012.

Los precios

De otro lado, los ingenieros señalan que explicar el efecto de Hidroituango en la factura de energía del usuario final requiere entender el impacto en el costo de generación que incluye: precio en el mercado tanto en bolsa como en contratos; valor del Cargo por Confiabilidad (esquema para expandir la energía firme); restricciones y el efecto en la expansión de generación y transmisión, es decir, tiene implicaciones en el precio, en el respaldo y en el riesgo de un desabastecimiento, entre otros, con impactos acumulados por la significativa estrechez de la oferta.

De otra parte, respecto a las investigaciones y decisiones de la Contraloría, en un comunicado EPM dijo que “el equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos estudiará el fallo, siempre bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control”.

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Sostuvo que, “una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de este y el proceso de ajuste del siniestro”.

Puntualizó la empresa que “es importante tener en cuenta que a la fecha el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.

Contrato

Aunque EPM y el consorcio CCC Ituango lograron un preacuerdo para prorrogar el contrato de la obra hasta julio del 2022, no es claro que el contratista continúe con el mismo luego del vencimiento.

Pese a esta situación, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, señaló que “hasta que el fallo esté ejecutoriado los contratistas tienen la obligación de seguir cumpliendo sus obligaciones en el proyecto”, dijo.

Quintero anunció que “en este periodo de tiempo nos vamos a sentar con ellos para analizar qué alternativas hay disponibles. La cesión que les habíamos propuesto en su momento puede que otra vez quede sobre la mesa y sea una alternativa".

Las multas

Asimismo, durante la presente semana la Superintendencia Financiera impuso una multa a EPM por $1.817.052.000 debido al incumplimiento del inicio de operaciones de la hidroeléctrica el 1 de diciembre de 2018.

Esta multa se suma a la impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (AN), por $85.551.995 ya que la entidad consideró que EPM ocupó de manera irregular la fuente del río Ituango, que desemboca en el río Cauca, para instalar un sistema de bombeo sin contar con la licencia necesaria o la actualización de la ya existente.

La decisión de la Contraloría

La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República confirmó, en segunda instancia, la decisión que en septiembre pasado declaró como responsables fiscales de irregularidades en Hidroituango a 26 personas, entre naturales y jurídicas, entre las que se cuentan los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

Para la Contraloría, en este caso hubo una “destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de $3,1 billones y se originó un lucro cesante de $1,1 billones”, por lo cual el monto del fallo es de $4,3 billones.

Las 17 personas naturales que fueron sancionadas son los miembros de la junta directiva de Hidroituango: Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo (exgerente de EPM), Alejandro Antonio Granda Zapata, Fabio Alonso Salazar Jaramillo (exalcalde de Medellín), Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez Salazar, María Eugenia Ramos Villa, Rafael Andrés Nanclares Ospina, Jesús Arturo Aristizábal Guevara y Sergio Fajardo Valderrama (exgobernador de Antioquia).

Del mismo modo, los exgerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa y John Alberto Maya Salazar.

Así como Luis Alfredo Ramos, sancionado como exgobernador de Antioquia, y Luis Javier Vélez Duque, quien para entonces era gerente de EPM-Ituango y vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM.

De otro lado, las sociedades sancionadas son: como diseñadores y asesores, Integral S. A. e Integral Ingeniería de Supervisión, que absorbió a la empresa Solingral.

También los constructores de las obras principales: Construcoes E Comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H. S. A.

Así como los constructores de los túneles de desviación Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores.

Por último, los interventores: Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. Ingetec, y Sedic S. A.