EN LAS últimas semanas el Gobierno circuló una versión de decreto, junto con un proyecto de resolución, mediante la cual buscaban reactivar las actualizaciones de las tarifas de los peajes.
Sin embargo, dicho aumento fue detenido por orden del presidente Gustavo Petro, quien solicitó a las entidades correspondientes solo ajustar la tarifa hasta enero de 2024. Esto con el argumento de no realizar un doble incremento que afectará al sector de carga a los transportadores y el incremento en el valor de los fletes.
En un intento por mitigar el impacto de la inflación en los hogares colombianos, el Gobierno de Petro emitió el Decreto 050 el 15 de enero de 2023, congelando las tarifas de peaje para los vehículos que transitan por las estaciones de peaje del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura.
Aunque esta medida tenía como objetivo aliviar la carga económica de los ciudadanos, ha desencadenado una serie de dilemas jurídicos y financieros de gran importancia para el Estado, los ciudadanos y el sector empresarial.
Costos
Una investigación realizada por el centro de estudios económicos Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de Infraestructura, advierte que el Decreto 050 podría generarle al Gobierno una contingencia fiscal de $ 13,8 billones al año 2040, debido al eventual déficit a favor de las concesiones viales.
De acuerdo con Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, “el Decreto impidió que los concesionarios actualizarán las tarifas de peaje según lo estipulado en sus contratos, lo que llevó a un estado financiero precario para muchas concesiones. Según la ley colombiana, los recursos recaudados por peajes deben usarse para pagar las inversiones de los concesionarios, y cualquier variación en las reglas establecidas en los contratos genera responsabilidad para las entidades y los funcionarios involucrados”.
En ese sentido, para los contratos de Asociación Público Privada (APP), donde los concesionarios solo reciben pagos una vez se concluyen las obras, esta situación es aún más crítica. Los modelos financieros fueron proyectados según las tarifas de peaje establecidas, y el congelamiento de estas tarifas ha afectado seriamente la operación de estas concesiones, algunas de las cuales han tenido que asumir sobrecostos para cumplir con sus obligaciones. Esto, sin olvidar la afectación de los ingresos proyectados en dichos contratos.
Claridad
“La falta de claridad sobre cómo se van a reactivar los aumentos y la posibilidad de que se realicen dos aumentos consecutivos, uno aplazado por el Decreto y otro programado para el 16 de enero de 2024, va a generar un malestar social significativo y causar un efecto contrario al inicialmente deseado en el bolsillo de los colombianos”, reiteró Castro.
Para los expertos, esta situación representa un desafío complejo para el Gobierno colombiano, ya que debe encontrar un equilibrio entre aliviar la carga económica de los ciudadanos y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura, los cuales se vieron afectados este año por el congelamiento de los peajes. Finalmente, en el largo plazo, el gobierno debe buscar la forma de evitar una contingencia fiscal que afecte las finanzas del país.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, dijo que “de la actualización de las tarifas de los peajes depende el equilibrio económico de los contratos y, por supuesto, la confianza y apoyo de los inversionistas nacionales e internacionales en el modelo de concesiones viales y en el país”.
Señaló a los medios que “la decisión de no ajustar las tarifas de peajes podría generar reclamaciones judiciales por parte de los proyectos afectados que tienen financiación vigente con recursos del público, lo cual puede generar serias afectaciones al presupuesto de todos los colombianos”.