Además de la incertidumbre política y económica que vive el país, la inoperancia y las demoras en proyectos medioambientales, están atrasando la transición energética.

Esta situación surgió con claridad, cuando los expertos analizaron los dos años de política energética, en el marco de un foro organizado por el centro de estudios económicos de Anif y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE).

Los expertos, además, lanzaron propuestas para los dos años venideros que le restan de gobierno al presidente Gustavo Petro, con el objetivo de hacer una transición responsable y coherente con la realidad del país, que garantice seguridad en el suministro sin que haya un gran impacto fiscal.

“El gas no se ha acabado, lo que se está acabando es el gas barato”, declaró Tomás González, director del CREE, quien añadió que “actualmente el país tiene cuatro opciones, hacerlo offshore, importar LNG (gas natural licuado), traerlo de Venezuela o hacerlo con reservas contingentes no convencionales”.

Las acciones

De igual manera, el Centro Regional de Estudios de Energía explicó cinco acciones que se pueden tomar para mejorar la forma en la que se está llevando la transición energética: (i) desarrollo de Programas de Interés Nacional Estratégico (PINES) enfocados en energía; (ii) crear una reforma fiscal energética, enfocada en la sustitución de ingresos, eliminación de subsidios fósiles, focalización y una revisión de los precios del carbón; (iii) fortalecer la CREG para hacerla independiente y técnica, enfocada en atraer inversión y promover la competencia; (iv) convocar a un diálogo sectorial que haga una evaluación realista; y (v) actualizar el plan de adaptación sectorial para identificar y evaluar medidas.

Frente a la situación relacionada a la posibilidad de traer gas de Venezuela, el CREE afirmó que es una opción con dificultades e incertidumbres a raíz de las sanciones internacionales, que podrían mantenerse o endurecerse tras la situación generada tras las elecciones del domingo pasado, a lo que se suma la necesidad de reparar la infraestructura y garantizar que el gas está en condiciones técnicas para ser traído al país.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, se refirió a las implicaciones macroeconómicas que tiene la transición energética en Colombia. Según el directivo, “estamos lejos de alcanzar las metas deseadas en transición energética, y estamos hablando de un sector (el de hidrocarburos) que representa el 18% del recaudo total por impuesto a la renta a personas jurídicas, y cuyas regalías representan el 1% del PIB anual”.

Reemplazar los ingresos

El presidente de Anif presentó un análisis sobre lo que se necesitaría en términos reales para reemplazar los ingresos fiscales del sector hidrocarburos en caso de que se desee cortar de golpe su producción. En su análisis comparativo, reemplazar esos recursos implicaría aumentar el IVA del 19% al 25%, o que el turismo se quintuplique y lleguen al país 27,4 millones de turistas, con un gasto de US$1.472 por cada visitante, según el líder del centro de pensamiento.

Como conclusión, Anif destacó que la transición energética es un reto y una gran oportunidad para Colombia, pero que esta no puede hacerse poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, por lo que debe hacerse de manera gradual sin desconocer los impactos macroeconómicos que puede traer consigo. 

Diálogos

En el panel, titulado ‘Sectores productivos claves para la Transición Energética’, los panelistas Alexandra Hernández (presidenta SER Colombia), Edwin Cruz (vicepresidente Andeg), Juan Ricardo Ortega (presidente Grupo Energía de Bogotá), María Fernanda Ortiz (gerente general Transmilenio), Orlando Cabrales (CEO Frontera Energy), y Wilson Chinchilla (vicepresidente de distribución Promigas), concluyeron que, de cara al futuro, es necesario generar un diálogo intersectorial que esté enfocado en cumplir lo que está escrito en materia de energía, y ahondaron sobre la necesidad de tener una CREG fuerte y operativa para poder regular.

Posteriormente en el segundo panel, llamado ‘Actores estatales claves para la Transición Energética’, Alejandro Linares (exmagistrado de la Corte Constitucional), Amaury Padilla (Programa de Desarrollo y Paz del Cesar), Carlos Abraham Jiménez (senador), Inti Raúl Asprilla (senador) y María Fernanda Suárez (presidente del Banco Popular), analizaron el rol que tiene el Estado, las regiones y las empresas del sector para garantizar el mayor beneficio para todas las partes del ecosistema nacional, y destacaron la importancia que tiene el trabajo conjunto entre empresas, comunidades y representantes gubernamentales para buscar las mejores alternativas para cerrar brechas sociales y brindarles oportunidades a los colombianos que todavía viven en pobreza energética.

Insuficiencia

Por otra parte, en el último informe de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), indica que, en Colombia, los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Se exceptúan los proyectos costa afuera que tienen una alta prospectividad para gas, pero debido a que se encuentran en etapa de delimitación y evaluación, se consideran recursos contingentes.

El país tiene potencial para el desarrollo de nuevos campos petrolíferos que permitan garantizar la autosuficiencia energética y generar importantes beneficios económicos para la nación y las regiones. Sin embargo, la única manera de incrementar la producción es a través de nueva exploración y mediante la incorporación de reservas: sin exploración no hay reservas y sin reservas no hay producción.

Reservas de gas natural

Para el caso del gas natural, la situación es crítica pues las reservas vienen decayendo progresivamente. Desde 2012, año en el que el país logró el máximo nivel de reservas, estas han caído en un 58%. El índice de reposición de reservas promedio de los últimos 10 años (2014-2023), es del 25%, es decir, que de cada 10 pies cúbicos que se producen, 2,5 nuevos pies cúbicos se adicionan. Se está descubriendo menos gas del que se produce/consume.

Resalta el informe, que, en este período, solo en el 2021 se pudo reponer reservas, y de las incorporaciones, solo el 33% corresponden a nuevos descubrimientos, el restante, a reevaluaciones ganadas.

Contratos

Por otro lado, según el análisis de la ACP, Colombia cuenta con cerca de 300 convenios y contratos firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de los cuales, a junio de 2024, solo 9014 se encuentran con fase exploratoria en ejecución, y representan el 46% de las áreas asignadas (8,9 hectáreas), lo cual, sumado a la restricción de explorar solo en contratos firmados, reduce la posibilidad de descubrir otras fronteras que lleven a nuevos yacimientos.

Se estima que, en los 90 contratos hay 110 pozos exploratorios pendientes de ser ejecutados (todos compromisos contractuales). Estas obligaciones deberán cumplirse entre 2024 y 2030, es decir que, sin nuevos incentivos a la exploración, a 2030 se vislumbra el final de la actividad exploratoria en el país.

Además, la baja exploración no permitirá incorporar las reservas suficientes para garantizar los recursos energéticos y fiscales que el país necesita.