EN medio de ovaciones pero también de abucheos, el gobierno populista en el poder en Italia desde hace dos meses aprobó un paquete de medidas ambiciosas para promover el empleo y acabar con las empresas que abusan de la precariedad.

El decreto, bautizado "Decreto Dignidad", limita el recurso a contratos de duración determinada y aumenta el costo de los despidos.

Después de su aprobación la semana pasada en la Cámara de Diputados, el Senado ratificó ayer el decreto, caballo de batalla del vicepresidente del gobierno, Luigi Di Maio, líder de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), aliado de la ultraderechista Liga en el gobierno.

El decreto fue aprobado con 155 votos a favor, 125 votos en contra y una abstención. 

La nueva ley prohíbe que los contratos de duración determinada se extiendan por más de dos años, en vez de los tres previstos anteriormente, de manera de evitar el uso excesivo del sistema de contratos temporales.

A los contratos de duración determinada se les cobrará una contribución creciente del 0,5% desde la primera renovación, por un máximo de cuatro renovaciones, contra las cinco anteriores. 

El costo de los despidos también se incrementará, un incentivo contra la precariedad laboral. 

Entre las medidas más importantes aprobadas figura la de la deslocalización, que obliga a toda compañía que ha recibido ayuda estatal a devolverla si decide trasladar la actividad a otro país antes de los cinco años. 

Si esa delocalización tiene lugar fuera de la Unión Europea (UE), la empresa tendrá que reembolsar entre dos y cuatro veces el importe de la ayuda.

Los senadores del Partido Demócrata (PD, centro- izquierda) se opusieron enérgicamente al decreto legislativo, ya que estiman que generará la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. 

El gobierno, en cambio, calcula que se crearán 62.000 puestos de trabajo estables en dos años.

El texto en efecto anula el llamado "Jobs Act", la ley de 2015 que reformó el mercado de trabajo defendida por el exjefe de gobierno Matteo Renzi (PD). 

Esa ley introdujo un tipo de contrato de trabajo indeterminado con "protección creciente", que facilitaba los despidos por al menos tres años y reducía notablemente las cargas sociales.

"En lugar de la dignidad, el decreto aprobado por el Senado es un decreto contra los trabajadores, que deja a cientos (de personas) en paro", aseguró la senadora Valeria Fedeli, del opositor PD./AFP