El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, alertó que los aranceles a textiles incrementarían el contrabando

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El proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que discutirá el Congreso de la República a partir de la próxima semana, tiene 183 artículos, que reflejan lo que quiere el Gobierno: el pacto por la legalidad, el pacto por el emprendimiento, la productividad y la equidad.

Sin duda el objetivo de esta hoja de ruta para el desarrollo es remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad.

El valor del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del PND se estima inicialmente en $1.100 billones, busca aumentar el PIB de 3,3% a 4,1%, crear 1,6 millones de empleos adicionales, sacar a casi 3 millones de colombianos de la pobreza, a 1,5 de personas de la pobreza extrema y a 2,5 millones de personas de la pobreza multidimensional; alcanzar una mayor productividad (pasar de 0,65% a 1,1%) y una mayor inversión (pasar de 22% a 25,7%).

Sin embargo, dentro de su contenido, varios sectores han descubierto algunos micos que en lugar de transformar la productividad complicarían la vida de los colombianos.

1.- Aranceles a textiles

Ayer precisamente el Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, advirtió de “micos” que se incluyeron en último momento en el PND y que están generando incertidumbre entre los industriales en el país. El dirigente gremial explicó que en medio del afán de aprobar en bloque las proposiciones que se presentaron en el debate del PND en último momento en el Congreso, se incluyeron temas que deberían regularse por otros mecanismos.

Advirtió que se incluyeron aranceles en el sector de los textiles y consideró “exótico” que el Gobierno nacional esté buscando implementar el impuesto por la vía del PND.

“En Colombia existen otras instancias para definir el tema de los aranceles”, explicó y advirtió que “es grave que se reemplacen las funciones de las instancias de comercio exterior”. Asimismo dijo que si bien existen empresas que puedan verse favorecidas, es un tema que tendrá efectos especialmente sobre los consumidores, y se convierte “en un incentivo para el contrabando”.

Mac Master dijo que el PND no es el mecanismo idóneo para tramitar nuevos impuestos en el país.

2.- Cambios en Planeación

Por su parte, el codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, aseguró que uno de los desaciertos tiene que ver con la unificación del presupuesto de inversión en el Ministerio de Hacienda.

Aseguró que la propuesta eliminaría uno de los pilares básicos del Planeación Nacional que es la coordinación de la inversión pública y la elaboración del Presupuesto.

Dijo que de poderse hacer una recomendación al Gobierno, sería retire el artículo 35 del proyecto.

3.- Subsidio de energía

Otra iniciativa que tiene con los ‘pelos de punta’ a los colombianos es que en el PND se plantea desmontar el subsidio de energía para los usuarios del estrato tres de forma inmediata. Esto, según el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, José Camilo Manzur, podría generar un incremento en las tarifas del orden del 18%.

Por ello, estimó que en el Plan Nacional de Desarrollo se estudie la posibilidad que el desmonte sea gradual para no afectar el bolsillo de cerca de 2.800.000 usuarios que se benefician con esta ayuda.

De acuerdo con Manzur el efecto fiscal de esta medida sería un ahorro del orden de los $300.000 millones, porque su impacto es para el 20% de la población. Explicó que los subsidios de energía para los estratos uno, dos y tres tienen un costo de $3.1billones anualmente y de ahí que se hace imperativo revisar con detenimiento este esquema.

4.- La seguridad privada

De otro lado, las empresas de seguridad privada del país denunciaron que en el PND se incluyera una proposición, para permitir la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada.

Concretamente cuestionan que se pretenda modificar el Artículo 12 del Estatuto de Seguridad Privada, que actualmente advierte que los socios de este tipo de empresas deben ser colombianos y prohíbe que se aumente la participación de las empresas que tenían capital extranjero, antes de la creación de ese estatuto.

El artículo actual del Estatuto de Seguridad Privada establece que “los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana”. Y el que proponen los representantes dice que “los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada podrán ser personas naturales o jurídicas y podrán tener capital extranjero de acuerdo con las normas que rigen la inversión extranjera”.

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5.- Cambios en pensiones

Otra de las iniciativas tiene que ver con cambios en las pensiones. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, denunció que el Gobierno nacional quiere introducir en este proyecto una “reforma pensional por debajo de la mesa”.

Según la congresista, el Gobierno está planteando eliminar el derecho que tienen las personas de recibir la devolución del dinero que ahorraron durante gran parte de su vida, pero que no alcanzaron a cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización.

“El artículo 117 propone acabar las devoluciones, le pone a la gente un plazo de solo 10 días para decir la devolución de su plata, porque impone la regla. Si esos 10 días de acaban y la persona no dijo nada, esa plata va a pasar a los BEPS (que son los Beneficios Económicos Periódicos) que ahorra Colpensiones”, señaló.

6.- Los medicamentos

Además un supuesto ‘mico’ incluido en el PND pretende evitar la competencia en la comercialización de medicamentos biotecnológicos. “Ese ‘mico’ es otro artificio para frenar el ingreso de los biotecnológicos competidores, es decir, se obliga a que se restrinja por ley el argumento de la ley estatutaria que establece que los médicos deben prescribir lo mejor para su paciente”, dijo el director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, Óscar Andia.

El directivo dice que los laboratorios internacionales, que están interesados en mantener el monopolio de estos productos para “gobernar” sobre los precios, han hecho varios movimientos en el país.

“Uno de esos pedidos consistió en frenar ese decreto de apertura de competencia, el otro es frenar la definición por valor terapéutico y precios a la entrada, que es otra estrategia fundamental para salvar el sistema de salud y finalmente frenar un mecanismo legal, aceptado en todo el mundo, para que ciertos medicamentos se declaren de interés público para hacer licencias obligatorias a fin de que se permita la importación de productos”, explicó.