En el último día que tenía para rechazar la integración de Avianca y Viva Air, la compañía Latam Airlines Colombia informó que apelará la decisión de la Aeronáutica Civil de aprobar esa decisión.
La compañía dijo que realizó un análisis riguroso de la decisión para entender su alcance y efectos en el mercado colombiano y tras este estudio consideró que aunque la autoridad realizó avances en establecer algunas medidas orientadas a la protección de los pasajeros afectados tras la suspensión de las operaciones de Viva Air el pasado 27 de febrero, todavía queda una deuda pendiente en el condicionamiento de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto El Dorado, pues se requiere definir algunos criterios y elementos de tal forma que no se generen ineficiencias en su uso, que pudieran reducir la eficacia de esta medida como remedio a los efectos anticompetitivos de la integración.
Advirtió Latam que; “a pesar de la suspensión de operaciones de Viva Air desde hace más de un mes, esta aerolínea aún no ha devuelto formalmente los slots del Aeropuerto El Dorado a la autoridad aeronáutica. En este sentido a la fecha no ha habido reasignación de slots estructurales a otros operadores aéreos".
Frente a estas razones, la compañía aérea, "como tercero interesado", decidió interponer un recurso de apelación con el objetivo de que la autoridad aeronáutica pueda tener en cuenta estas consideraciones, en una segunda instancia del proceso, de manera que se logre optimizar la capacidad de la infraestructura existente, generando oportunidades de crecimiento para otros operadores en beneficio del pasajero.
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Esta decisión tiene en cuenta que el pasado 30 de marzo fue enviado a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) un documento de 91 páginas por parte de la Procuraduría General de la Nación, en la que solicitaba que se estudiará la intervención de terceros en el trámite que terminó con la resolución que permitió la integración entre Viva Air y Avianca.
Esta fue la Resolución número 00518 del 21 de marzo de 2023, pero para Fernanda García Flórez, procuradora 119 Judicial II ante lo Contencioso Administrativo, en el trámite se aplicó la ley incorrecta y, por ello, se permitió la intervención, interponiendo recursos de otras aerolíneas pese a que la ley adecuada solo les hubiera permitido aportar información.