Cada vez más países cuestionan el estatuto del trabajador "autónomo", eje central del modelo económico de plataformas como Uber o Deliveroo, con la adopción de leyes y decisiones judiciales contra esta práctica laboral.
Deliveroo y tres de sus exdirigentes serán juzgados a partir del martes en París, sospechosos de haber empleado como "autónomos" a repartidores a los que se les exigían cargas parecidas a las de los asalariados, en el primer juicio penal en Francia sobre la "uberización" de la economía.
España los considera asalariados
El gobierno español modificó su legislación laboral en marzo de 2021 para lograr que los repartidores de comida sean considerados asalariados en lugar de "autónomos", lo que comporta que las grandes plataformas se hagan cargo de las cotizaciones sociales de sus trabajadores.
Entonces, Deliveroo anunció que dejaría de estar presente en España a finales de noviembre, a diferencia de las otras plataformas que aceptaron la medida, aunque algunas de ellas buscaron recovecos legales.
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Varias iniciativas en América Latina
Varias iniciativas parlamentarias empezaron a tramitarse en América Latina para regular la actividad de estas plataformas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus empleados, tratados como "autónomos".
Es el caso de Chile, Argentina, Brasil o Colombia, aunque de momento ninguna de estas propuestas se convirtió en ley.
EEUU anula una reglamentación favorable a las plataformas
La administración Biden anuló en mayo una reglamentación adoptada durante el mandato de Donald Trump que dificultaba la capacidad legal de los trabajadores de la plataforma de reivindicar su condición de asalariados, con el objetivo de "mantener el derecho de los trabajadores a un salario mínimo y de una cobertura legal sobre las horas extras".
El estatuto de los conductores VTC se encuentra en el centro de un largo proceso judicial en California, donde el gobierno de este estado federado aprobó en 2019 una ley que los consideraba asalariados. Pero Uber contraatacó, logrando que se aprobara a través de un referéndum la condición de "autónomos" de los conductores.
Finalmente, un tribunal declaró inconstitucional esta consulta en agosto del año pasado.