El organismo propone que se le den más herramientas a la Superintendencia de Sociedades para que bloquee los activos de las entidades responsables e imponga más sanciones

_______________

Una mayor dureza en la lucha contra el soborno o cohecho internacional pidió a Colombia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En un informe sobre el país dado a conocer este jueves, el organismo urge a que la Nación adopte una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero y se queja del “compromiso limitado” de este país para luchar contra el cohecho internacional. 

En un informe sobre Colombia tras la misión que realizó en junio en el país, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho le pide también que se asegure de que se apliquen a las personas jurídicas que pagan sobornos en el extranjero “sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias”. A ese respecto, estima que la Superintendencia de Sociedades debería tener capacidad para requisar los sobornos o activos con un valor correspondiente o al menos sanciones monetarias con un efecto comparable contra las entidades responsables, y eso aunque no haya imputación o condena de personas físicas. 

También le insta a que mejore la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación para garantizar un intercambio de información “más eficaz y proactivo” en esos casos.

Sanciones

El grupo de trabajo hace notar que fue en 2018, dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, cuando Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional con una multa de US$1,3 millones contra una empresa de aguas, filial de una empresa española a la que no se identifica, y que en la actualidad hay 20 que están siendo investigadas.

Por eso habla de “avances alentadores”. Pero insiste en que ahora lo que toca es “aumentar la colaboración” entre las autoridades gubernamentales y los organismos públicos encargados de la lucha contra los sobornos para llevar a cabo "una política global" e imponer sanciones contra las personas y empresas infractoras. 

Señala la entidad que desde la evaluación de la Fase 2 realizada por el Grupo de Trabajo en 2015, Colombia ha demostrado un compromiso limitado en cuanto a capacitación y creación de conciencia en la esfera del cohecho internacional, así como en lo que se refiere a su detección y denuncia. En particular, la ley que regula la protección a denunciantes sigue “desesperadamente inexistente”. Asimismo, el Grupo de Trabajo observa que es necesario seguir haciendo todo lo posible por desarrollar la capacidad de los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes para detectar, investigar y perseguir proactivamente el delito de cohecho internacional. También se podrían adoptar medidas adicionales para evitar que la política influya en las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con este delito.

Aspectos positivos

El informe también subraya los aspectos positivos de los esfuerzos que Colombia dedica a combatir el cohecho internacional. En particular, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha estado investigando denuncias de delitos de cohecho internacional cometidos por personas jurídicas, y fomentando la ejecución de programas de cumplimiento anticorrupción dentro de las empresas. Se espera que las investigaciones de personas físicas que está llevando a cabo la Fiscalía den lugar a la intensificación de la persecución del delito.

Asimismo, parece que Colombia dispone de un marco sólido de cooperación internacional en los casos de cohecho transnacional. Las medidas adoptadas por Colombia para que los revisores fiscales asuman la obligación de denunciar los actos de cohecho internacional pueden también fomentar la detección y la sanción de este delito, aunque tendrá que seguir esforzándose por mejorar dicha detección a través de mecanismos contra el lavado de activos.
Este informe de la Fase 3 sobre cohecho fue adoptado por los 44 miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE. El Informe incluye las recomendaciones que el Grupo de Trabajo dirige a Colombia una sinopsis de las recientes medidas coercitivas y disuasorias adoptadas y de las características específicas del marco de Colombia en materia legal, normativa e institucional para luchar contra el cohecho internacional.

Otro informe

En diciembre de 2020, Colombia presentará un informe oral al Grupo de Trabajo sobre los progresos realizados en la adopción de una ley de protección a denunciantes. Conforme al procedimiento establecido, Colombia presentará un informe por escrito al Grupo de Trabajo en un plazo de dos años (es decir, en diciembre de 2021) sobre la aplicación de todas las recomendaciones y sobre las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas, que también se pondrá a disposición del público.

En el informe dado a conocer ayer, el organismo dice que “los examinadores principales celebran la aplicación proactiva del soborno extranjero por parte de las autoridades colombianas, especialmente la Supersociedades, reflejada en el importante número de investigaciones abiertas. Esto es especialmente digno de mención dada la reciente entrada en vigor de la legislación colombiana de responsabilidad corporativa, sólo tres años antes de esta Fase 3”.

Interrogantes

Indican que “siguen existiendo interrogaciones sobre las capacidades de investigación de la Superintendencia, en particular en relación con el acceso a cierta inteligencia financiera y la solicitud de si esto puede obstaculizar sus investigaciones de soborno extranjero; por lo tanto, el Grupo de Trabajo debería seguir lo más estrecho. Para mejorar la observancia contra las personas físicas y jurídicas, los examinadores principales también recomiendan que el gobierno y la Superintendencia de Corporaciones cooperen de manera más eficaz y proactiva e intercambien información en soborno extranjero”.

Los principales examinadores también están preocupados por la disminución de la participación de varios organismos gubernamentales clave. “En la Fase 2, Colombia había demostrado un compromiso significativo con la lucha contra el soborno transnacional: se adoptaron importantes enmiendas legislativas para responder a las recomendaciones de la Fase 1 y Fase 2, y varios organismos se dedicaban a impartir capacitación y sensibilizar sobre el soborno transnacional y comprometerse a detectar y notificar sobornos extranjeros”, sostiene la OCDE.

Concluye el organismo en su informe que “un objetivo fundamental en Colombia, no debe ser incompatible con los esfuerzos para abordar el soborno extranjero, en particular teniendo en cuenta los compromisos internacionales de Colombia, así como las operaciones en el extranjero de ciertas empresas colombianas en sectores de alto riesgo”.

Recomendaciones

• Mejorar la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación para garantizar un intercambio de información más eficaz y proactivo en los casos de cohecho internacional.
• Cerciorarse de que a las personas jurídicas que cometan un delito de cohecho internacional se les impongan sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias, incluido el decomiso del producto del cohecho.
• Adoptar urgentemente una ley de protección a denunciantes que proteja de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados.