Mitad de trabajadores sin seguridad social | El Nuevo Siglo
Foto archivo Xinhua
Domingo, 5 de Agosto de 2018
Redacción Economía

En América Latina más de la mitad de los trabajadores no cotizan a un sistema de seguridad social para enfrentar riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo y aquellos asociados a la vejez, de acuerdo con un nuevo informe de OIT presentado hoy, en el cual se destaca la necesidad de acciones contundentes para cerrar las brechas de cobertura existentes en la actualidad y las que se presentarán en el futuro.

El Panorama Laboral Temático de OIT “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe” dice que los sistemas existentes en la región están en una encrucijada marcada por la necesidad de responder a necesidades de cobertura (cantidad de población alcanzada), de suficiencia (nivel de las prestaciones) y de sostenibilidad (capacidad de garantizar coberturas y prestaciones).

Prestaciones

El análisis de la OIT abarca diferentes prestaciones, desde las pensiones para los adultos mayores, a seguros de desempleo, cobertura de salud o transferencias para garantizar ingresos a familias con niñas y niños, incluyendo tanto la cobertura contributiva como la no contributiva.

El informe menciona que la cobertura contributiva a la protección social en materia de pensiones, que es aquella relacionada con el empleo, aumentó de 36,6 a 44,6 por ciento entre 2005 y 2015. Se considera que esta fue una evolución positiva, aunque el dato pone en evidencia que 55 por ciento de la población ocupada aún no realiza ninguna cotización.

“Hablamos de unos 145 millones de trabajadores que no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, lo cual puede impactar su futuro y el de sus familias”, expresó el Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien presentó el informe en la Ciudad de México. “En los últimos años han habido progresos innegables, pero persisten grandes brechas de cobertura que deben ser atendidas de forma imperiosa”, remarcó.

Salazar planteó que “la protección social es un componente fundamental del desarrollo económico y social, esencial para tener éxito en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, e hizo notar que frente a la incertidumbre generada por el futuro del trabajo “es urgente tomar medidas para reducir las deficiencias que registra la región”.

El informe indica que la cobertura contributiva –que por disponibilidad de información y por razones de comparabilidad se refiere en este caso a la contribución a pensiones– es asimétrica por sectores y regiones. Se concentra mayoritariamente en los asalariados públicos, donde alcanza a 80 por ciento, y privados, con 62,5 por ciento, mientras que los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, tienen tasas de apenas 15 por ciento y el trabajo doméstico de 26,6 por ciento.

Asimismo, es notoriamente más alta en la región del Cono Sur (incluyendo Brasil), donde llega a 58,6 por ciento, en comparación con los países Andinos donde llegó a 31,4 por ciento o de Centroamérica y México, donde alcanzó a 31,2 por ciento. Sólo seis de 16 países incluidos en la muestra tienen cobertura contributiva por encima de 50 por ciento de los ocupados.

“Estos datos nos recuerdan que vivimos en una región con alta informalidad, lo cual impacta de forma directa la participación en sistemas de protección social tradicionales pues la mayor parte de esos trabajadores no realizan cotizaciones. Casi la mitad de los ocupados en América Latina y el Caribe están en condiciones de informalidad”, comentó José Manuel Salazar.

De acuerdo con el informe en el periodo analizado de 2005 a 2015 mejoró más la cobertura contributiva de las mujeres que la de los hombres. A nivel regional, la tasa de las mujeres de 45,3 por ciento es mayor que la de los hombres, de 44,2 por ciento.

Pensiones para los mayores de 65 años

El informe también revisa los datos disponibles sobre los mayores de 65 años que reciben pensiones o algún otro tipo de ingresos, y que incluyen tanto a los asegurados que cumplen con los requisitos (como años de contribuciones o edad de jubilación) como a quienes no cotizaron pero se benefician de programas no contributivos o quienes tienen un salario pues aún trabajan.

Para América Latina, en 2015, 51 por ciento de los mayores de 65 años recibía una pensión, un avance de 6 puntos con respecto a 2005, cuando el porcentaje era de 45 por ciento. Sin embargo, todavía 49 por ciento de los adultos mayores de 65 años no recibe una pensión, proporción que es de 75 por ciento en los Países Andinos y de 80 por ciento en Centroamérica y México. Sólo en Cono Sur esta proporción es más baja al situarse en 25 por ciento.

El 49 por ciento que no recibe pensión se compone de 14,8 por ciento que reciben solamente un salario y 33,6 por ciento que no reciben ningún ingreso. Por regiones, las proporciones de personas de esa edad que no tienen ingresos son 19,4 por ciento en Cono Sur, 45,9 por ciento en Países Andinos, y 54,4 por ciento en Centroamérica y México.

 Cuando se considera la proporción de hombres y mujeres mayores de 65 años que no recibe pensión ni salario la brecha es muy alta, ya que 17 por ciento de los hombres no reciben ningún ingreso, pero esta proporción es de 47 por ciento para las mujeres.

“El tema de la cobertura y la suficiencia de las pensiones es fundamental y expresa una brecha que compromete el futuro de los países, si tenemos en cuenta que la región está en un proceso demográfico de envejecimiento”, recordó Salazar. El informe destaca que en numerosos países hay un proceso de debate sobre las pensiones y su cobertura.

 

Cobertura no contributiva

El informe analiza también la cobertura de protección social no contributiva y destaca la importancia que ha tenido en los últimos años como herramienta de lucha contra la pobreza, pero alerta sobre las limitaciones cuando el espacio fiscal para poner en práctica estas medidas se reduce en situaciones de desaceleración económica, como las que ha vivido la región en los últimos años.

Destaca que en la región hay programas no contributivos destinados a la seguridad de ingreso en la vejez, para familias con niños y niñas a través de transferencias condicionadas (30 programas en 18 países en 2015 con 17,5 por ciento de cobertura) y para personas en edad de trabajar, por ejemplo ante contingencias como desempleo o enfermedad.