Calificadoras de riesgo miran con reservas el desarrollo de la política en el país

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Varios analistas han llamado la atención sobre los que ha sucedido con la economía colombiana en los últimos meses y podría llevar a una pérdida del grado de inversión hacia 2019 si no se toman las decisiones a tiempo.

Mantener el grado de inversión para la economía colombiana por parte de las calificadoras de riesgo será una de las prioridades del equipo económico. Los analistas no la ven tan fácil.

En un estudio de ANIF de finales de diciembre de 2017 se ocupó no solo de los problemas de gasto de mediano-largo plazo en materia de Eficiencia-Eficacia-Equidad Estatal (Ex4), sino que analizó y recomendó acciones en el frente tributario para así poder asegurar la estabilidad fiscal que supone el cumplimiento de la actual Regla Fiscal.

La Comisión se mostró preocupada por la brecha fiscal estructural de Colombia del orden del 3% del PIB, cuyo cierre requerirá trabajar en la dirección conjunta de incrementar el recaudo y reducir el gasto público, donde cabe anotar que en este último componente se tiene un estrecho margen por cuenta de los recortes ya ocurridos.

De hecho, la Comisión advierte que resultaría perjudicial ahondar en dichos recortes de gasto, pues ello le restaría apoyo estatal al crecimiento productivo y soporte a las condiciones de vida de los más necesitados en esta fase de desaceleración económica bajo la cual Colombia tan solo estará promediando un crecimiento sub-par inferior al 3% anual durante 2015-2019.

Las calificadoras

El primer campanazo lo dio Standard & Poor’s cuando a comienzos de diciembre de 2017 redujo la calificación de Colombia de BBB a BBB-, dejando al país a un paso de perder el grado de inversión.

En esa ocasión el Gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas dijo que esa era una advertencia para que el nuevo Presidente de la República que se debe posesionar el siete de agosto próximo y su equipo económico tomaran las medidas para evitar la pérdida del grado de inversión.

Esta degradación de la calificación crediticia de la deuda pública a manos de S&P generó un “efecto cascada” de deméritos crediticios en las calificaciones del sistema financiero colombiano.

Cerrar la brecha del déficit fiscal llama a trabajar en la dirección de incrementar el recaudo y reducir el gasto público

Si bien ello aún no ha implicado incrementos de consideración en el costo del fondeo bancario vía mercado de capitales, sí prende alarmas de potenciales deterioros prospectivos.

Ello es una muestra más de la urgencia de medidas prontas por parte de la nueva Administración de 2018-2022 para preservar el Grado de Inversión en deuda soberana.

De no actuarse con decisión, ANIF ha venido señalando que existe una probabilidad cercana al 50% de que Colombia pueda perder su “Grado de Inversión”, hacia agosto de 2019.

Hace dos semanas otra de las calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, lanzó una nueva advertencia sobre el futuro de la economía nacional.

Según la agencia internacional, el déficit fiscal objetivo de 3,6% para 2017 se alcanzó gracias a ingresos mayores a los que se esperaban, según figuras gubernamentales. Los ingresos del Gobierno alcanzaron un estimado de 15,7% del PIB, mayor a 14,9% que se alcanzó en 2016. El aumento se debe, en parte, a ingresos extraordinarios, que ascienden a 0,5% del PIB, relacionados con multas en el sector de las telecomunicaciones.

Se espera que el déficit de cuenta corriente, que financia en gran medida la inversión extranjera directa, se siga ajustando gradualmente a 3,3% del PIB. La perspectiva para el sector petróleo también está mejorando, con producción e inversión que se espera aumenten entre 2018 y 2019.

Dada la coyuntura económica relativamente favorable, se espera que el Gobierno cumpla con su déficit objetivo de 3,1% del PIB para 2018 gracias a fuentes de ingresos más amplias y gastos financieros menores. Es probable que los impuestos y dividendos de Ecopetrol en 2017 excedan los pronósticos, que se estimaron en 0,6% del PIB.

El Gobierno prepagó cerca de 0,2% de los gastos del PIB de 2018 gracias a los ingresos extraordinarios que recibió en 2017. Un peso colombiano más fuerte de lo que se esperaba también podría proveer algún ahorro de los gastos de interés.

Llegar a un déficit de 2,2% del PIB en 2019, como lo estipula la regla fiscal del Gobierno y su marco fiscal multianual, requeriría un ajuste de 0,9% del PIB. Para alcanzar el objetivo fiscal de 2,2% del PIB, es probable que el Gobierno deba aprobar otra reforma tributaria o hacer un recorte significativo del gasto. Una reforma fiscal adicional sería un reto político como lo fue la reforma de 2016. Por otra parte, recortes en el gasto han sido políticamente difíciles de lograr en años recientes.

Esta semana Moody’s rebajó la perspectiva de la economía colombiana pero mantuvo estable la calificación resaltando que diversos factores como el crecimiento, el tamaño de la economía, la institucionalidad y la baja vulnerabilidad externa se mantienen en línea con otros países con calificación Baa2; sin embargo, cambió la perspectiva de estable a negativa, aduciendo la incertidumbre generada por la polarización política en medio del proceso electoral que se avecina.

La calificadora anunció que dicha polarización política puede reducir la capacidad del próximo gobierno para la implementación de medidas fiscales adicionales y preservar la fortaleza fiscal del país.

Llamado a la sensatez

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que es necesario crear unos mínimos consensos para que la polarización política no termine por afectar el buen curso económico del país y que esto derive en que las calificadoras de riesgo le bajen la nota crediticia a Colombia.

Explicó que la decisión de Moody's de revisar a la baja la perspectiva económica del país, es una campanazo de alerta y una advertencia para que dicha polarización política, producto de las elecciones, no se prolongue.

Sostuvo que la calificación triple B la dieron al país las calificadoras en el año 2013, cuando los precios del crudo estaban en el mejor momento, y se ha mantenido pese a los problemas económicos por los bajos precios del petróleo en los últimos años.

"Lo que dice Moody's es que la polarización política promueve un ambiente fragmentado donde se hace difícil seguir avanzando en la consolidación fiscal y se hace además difícil ejercer políticas que permitan reducir el déficit fiscal".