LUEGO DE que el Gobierno negara hace varias semanas su intención de modificar la estructura y el diseño de los recursos que se manejan con las vigencias futuras, ayer el presidente Gustavo Petro anunció que sí las reformará.

Petro dejó en firme la orden al Departamento de Planeación Nacional de cambiar el sistema. “Tenemos que poner el agua potable en la puerta delantera y las 4G y los túneles en la puerta de atrás, porque primero es la gente. Y eso se hace a través de unas operaciones exactas, se reforma todas las vigencias futuras y no sacamos proyectos”, aseveró.

Aseguró que es una pelea que hay que dar desde Planeación y otras entidades con los poderes económicos fuertes del país.

“Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G en los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades, petares y agua potable porque no existe un solo proyecto ahí”, agregó.

Así las cosas, los contratos de vías 4G, por ejemplo, estarían en riesgo, ya que toda su financiación es a través de ese método.

No, pero sí

Cabe recordar que el mes de febrero, el Ministerio de Hacienda estuvo preparando un proyecto de ley que buscaba otorgarle facultades especiales al jefe de Estado para hacer ajustes en la entrega de vigencias futuras para proyectos de infraestructura, pero luego lo desmintió.

“El proyecto de decreto solo tiene una intención y es que el presidente sea informado de qué es lo que hay respecto a los proyectos de inversión. La inquietud del presidente es que hacia atrás los presidentes por lo general quedan desinformados de los movimientos que se hacen y el que debe estar informado”, señaló el titular de la cartera, Ricardo Bonilla, en ese entonces.

Es importante destacar que diferentes actores de la política y del tejido empresarial del país manifestaron su voz en contra a esta intención para aquel momento, entre ellos, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

“La idea de que se vaya a generar un mecanismo subjetivo para decidir a quién se le paga o no, o con quién se va a renegociar o no, es un paso atrás, ya que introduce nuevamente elementos de incertidumbre que se habían subsanado la semana pasada”, expresó.

Sin embargo, esta intención del Gobierno ya ha costado un llamado de atención de la calificadora Fitch.

En su pronunciamiento, la firma recordó que los recursos de vigencias futuras han sido “uno de los mecanismos clave y de mayor credibilidad utilizados por el Gobierno nacional para la financiación de proyectos de infraestructura estratégicos”.

Fitch apuntó con nombre propio y afirmó que cualquier incumplimiento de asignación en el presupuesto de las vigencias futuras o incluso el giro inoportuno de esa plata, podría aumentar la percepción de riesgo sobre ciertas empresas públicas ligadas a determinados proyectos.

Precisamente cuando surgió esa posibilidad de reformar las vigencias futuras y que sería el presidente Petro quien decidiría el manejo de esos recursos, se dijo que dos de las obras que estarían en peligro financiero serían el Metro de Bogotá y el Túnel de La Línea.

En riesgo

El ministro de Transporte, William Camargo, advirtió que de haber retrasos en el Metro se estudiaría la posibilidad de realizar cambios en el documento Conpes.

La megaobra del Metro de Bogotá, que según el alcalde Carlos Galán tiene un avance de más de 30%, ha sido materia de debates que enfrenta al Gobierno nacional con las autoridades distritales.

A esta discusión, se unió el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, que a través de su cuenta X fue enfático en señalar que para la tranquilidad de la cartera de Transporte y del Gobierno, el contrato de concesión está estipulado hacer los pagos de acuerdo al avance de la obra. Por lo que, según su análisis, se hace innecesario “condicionar la entrega de vigencias futuras correspondientes al metro de Bogotá en caso que la ejecución del proyecto muestra eventuales retrasos”.

“Si la obra evidencia retrasos, no se hacen los respectivos desembolsos, como lo contempla el referido contrato. Los recursos para hacer los pagos contra avance de obra, provienen de diferentes actores del sector financiero, como banca multilateral (BID, Banco Europeo de Inversiones y el BIRF), además de ahorradores en general”, aclaró Caicedo.

Explicó que la nación debe pagar, vía vigencias futuras, es decir 70% del valor total de la obra, un compromiso que por ley le corresponde. “Y es allí, donde el actual gobierno no puede dejar de honrar esa obligación soberana que, valga recordar, va hasta el 2048”.