Cuando a partir del próximo miércoles, el Congreso de la República retome sus actividades luego de las elecciones de este fin de semana, son varios los proyectos que deben continuar su debate en las comisiones económicas en los tres meses que quedan de legislación.

Sin ir más allá, entre las iniciativas pendientes están el traslado entre regímenes pensionales y algunas propuestas sobre la realización del fracking.

Aunque entre los congresistas la tarea inmediata era afrontar los comicios parlamentarios, no es seguro que al momento continúen con los debates. Sin embargo, hay unos proyectos e incisos que quedaron en el aire y que dentro de la agenda nacional ocupan un lugar especial, y han mostrado que tienen una importancia mayor para el electorado.

Traslado exprés de pensiones

En primer lugar, uno de los temas que estuvo dentro de las discusiones del presupuesto nacional de 2022, y que no logró quedar dentro del texto final, fue el conocido “traslado exprés a Colpensiones”.

Este artículo pretendía que los afiliados al régimen de ahorro individual con los fondos privados de pensión, y que por ley ya estuviesen fuera del periodo permitido para hacer un traspaso al régimen de prima media, manejado por el gobierno, pudiesen, por una única vez, trasladar sus ahorros.

Según las cuentas realizadas por el Ministerio de Hacienda, de aprobarse este artículo, generaría un detrimento para el fisco por cerca de $35 billones hasta el año 2070, dinero con el que el gobierno dijo que no cuenta.

Para el Ministerio, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a los determinados para acceder a la pensión, buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos del régimen de prima media (RPM), que le beneficiarán con el reconocimiento de pensiones más altas de las que podrían haber obtenido en el régimen anterior.

De acuerdo a un concepto técnico emitido en su momento por la cartera de Finanzas, se trasladarían desde las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) hacia Colpensiones 223 mil personas, de las cuales se estimaba que el 59% lograría pensionarse.

Así, con estas cuentas, los ahorradores se trasladarían hacia Colpensiones con recursos por cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por $9,9 billones.

En ese sentido, quienes se trasladarían, generarían un costo en valor actual para la Nación por cerca de $74,3 billones, monto que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas.

A pesar de la negativa del Congreso para aprobar este artículo, por la necesidad de muchas personas que constantemente están demandando su traslado a Colpensiones, en parte argumentando que no hubo una doble asesoría, es decir, que nunca se les explicó cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes, el debate debe continuar.

Ante esta situación, muchos senadores y representantes a la Cámara consideran que debe ser el Congreso entrante el que tendrá que enfrentarse con ese artículo en una posible reforma pensional que lleva años aplazándose y que urge, no solo como reclamo social, sino que hace parte de la agenda de los principales centros de análisis económicos del país.

Fracking

Otro de los temas que más dan de que hablar es el de la fracturación hidráulica o fracking, método de extracción de petróleo que tiene mucha resistencia entre los sectores ambientalistas, y que ya cuenta con la aprobación para realizar dos pruebas piloto.

Ecopetrol es la compañía encargada de los dos proyectos piloto de investigación integral de Yacimientos No Convencionales en Colombia: Kalé y Platero; su presidente, Felipe Bayón, indicó que la empresa presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la solicitud para los permisos en Kalé.

Sin embargo, tanto en Senado como en Cámara, avanzan varios proyectos que pretenden impedir la consecución de estas pruebas piloto. A pesar de los esfuerzos de los ponentes, por ahora se avanza según el itinerario establecido en estos dos proyectos beta.

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló que, según el plan de inversiones para este año, se contemplan unos US$700 millones para explorar pozos no convencionales y, específicamente, para Kalé y Platero se contempla un monto de US$20 millones.

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Además, añadió que la petrolera ya presentó la documentación correspondiente para la consecución de la licencia ambiental en Kalé, la primera, y en los próximos meses se efectuará el mismo trámite para Platero.

Diversas voces del sector petrolero en Colombia han manifestado que estos proyectos son necesarios con miras a incrementar las reservas de crudo, toda vez que esas existencias, de acuerdo con los cálculos actuales del Ministerio de Minas y Energía, alcanzarán para 6,3 años. De no incrementarlas, estaría en riesgo la soberanía petrolífera del país.

Sin embargo, en el territorio nacional hay diferentes perspectivas frente a los eventuales impactos ambientales que podría causar el fracking. De hecho, más de 80 organizaciones ambientalistas dieron vida a la Alianza Colombia Libre de la fracturación hidráulica, con el ánimo de solicitar que estos pilotos no se lleven a cabo.

Dentro de la batalla que han emprendido en contra de estos ensayos, habían avanzado en una acción popular, que ya lleva cerca de cuatro años buscando derogar esos ensayos al invocar la vulneración del derecho colectivo al medio ambiente sano.

Según los argumentos de dicha alianza, “esta técnica podría generar la contaminación de cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales. Lo anterior se explica debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación de pozos”.

La postura no ha sido ajena a entes de control, ni otros organismos, tanto así que un fallo del Tribunal de Cundinamarca había suspendido la reglamentación de las pruebas y exigió una serie de condiciones para darle vía libre a los pilotos.

Ese fallo además ordenó establecer una relación de oferta y demanda hídrica de las actividades agropecuarias, domésticas e industriales en las áreas de influencia de los proyectos. También pidió que se efectuara un estudio que demostrara la distancia adecuada entre las zonas de realización de la actividad y las viviendas.

De modo que para el Congreso es necesario darles trámite a estas posturas en contra del fracking y que cursan por los pasillos del legislativo.

Zona Económica del Pacífico Colombiano

Dentro de las iniciativas que cursan en el Congreso y que deben continuar su discusión, está el proyecto sobre el establecimiento de la Zona Económica y Especial del Pacífico Colombiano.

Este proyecto, que tiene como propósito establecer condiciones que permitan la reactivación económica, generación de empleo, formalización e inclusión laboral, eliminación de la pobreza y la pobreza extrema y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Región del Pacífico, fue un proyecto planteado por John Milton Rodríguez, senador vallecaucano del partido Colombia Justa Libres.

Según el congresista, “se pretende establecer mejores condiciones de vida por medio de una base económica sólida que mejore los indicadores sociales”, afirma la propuesta, que quedó radicada el pasado mes de enero. Sin embargo, hay puntos que aún no se ve con claridad si pasarían con plenas mayorías de la cámara alta y baja.

La Zona Económica y Social Especial (ZESE) es un régimen especial en materia tributaria con tarifa preferencial en el impuesto sobre la renta y beneficios sobre la retención en la fuente.

De ellas se beneficiarán las sociedades comerciales que se conformen en la ZESE hasta el 24 de mayo de 2022; las sociedades ya constituidas bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación vigente o las sociedades comerciales existentes.  La actividad económica principal de estas sociedades comerciales debe ser industrial, agropecuaria, comercial, turística o de salud.