EL NUEVO SIGLO consultó a congresistas de comisiones económicas sobre las modificaciones que consideran deberían introducirse al texto que fue radicado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla

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El martes el Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que le dará continuidad a las medidas introducidas por la Ley de Financiamiento, la cual fue declarada inexequible por vicios de forma por la Corte Constitucional hace una semana.

La propuesta propone ratificar las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar aquellas disposiciones que cumplieron con su objetivo en 2019, porque tenían una vigencia limitada a ese año y no se consideró pertinente volver a establecerlas para 2020 y siguientes periodos.

EL NUEVO SIGLO consultó a congresistas de comisiones económicas sobre las modificaciones que consideran deberían introducirse al texto.

El representante por Santander, Víctor Ortiz, del Partido Liberal, señaló que debido a los tiempos debería aprobarse el texto le ley que fue declarada inexequible.

“Estamos sobre el tiempo para aprobar la ley toda vez que la misma sentencia de la Corte estableció la vigencia hasta el 31 de diciembre. (…) Es una ley que tiene apenas 10 meses. Apenas está surtiendo los efectos que se quiso en su momento. Sus motivos eran el crecimiento económico, el recaudo de los impuestos, los beneficios que también traía. Pienso que las bancadas tenemos que orientarnos y, más en la Comisión Tercera, de hacer aprobación de la ley tal como viene en la ponencia y como estaba actualmente la ley”, dijo.

Y agregó: “En una ley como esta, tributaria, hay algunos sectores que se ven favorecidos y hay otros que les afecta. Si empezamos a introducirle reformas, modificaciones, proposiciones se va a alargar el debate y lo que vamos a hacer es perjudicar el país en el sentido que no la podamos tramitar en el menor tiempo posible y tenerla lista para que entre en vigencia el 1 de enero”.

El senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, también expresó que debe aprobarse el mismo texto. “Creo que al Congreso nadie le puede quitar su deliberación, el Congreso tiene todo el derecho a deliberar. Hay un texto que aprobado, no tuvo discusión de fondo en la Corte Constitucional. Las razones por las que fue declarado inexequible fueron de forma y no de fondo. Este es un proyecto beneficioso para el país, que demostró que impulsa la economía. Ha motivado la inversión que durante el primer trimestre creció en 24%, ha incentivado la inversión en bienes productivos, que son los que jalonan la economía. Yo sería partidario de aprobar lo aprobado sin demeritar la deliberación del Congreso”, dijo Araújo, que señaló que la iniciativa es clave para “darle estabilidad a la economía” y “reducir la incertidumbre”.

“No solo generó un mayor crecimiento económico sino que ha formalizado a pequeños empresarios. Le ha dado impulso al emprendimiento y también a sectores muy importantes como el sector agropecuario. Y, además, tiene algo que a mí me gusta mucho y es que va a combatir la evasión con la factura electrónica”, expresó.

Mismo texto

El senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, señaló que “el texto debe ser el mismo”. No obstante, afirmó que se deben agregar iniciativas para reactivar la generación de empleo en el sector rural. “Agregaría iniciativas que nos permitan reactivar el empleo en el campo, que es lo que aún no reacciona. Estamos buscando unas iniciativas para ayudar a que esto reaccione. Si se mira el tema del desempleo, donde están las mayores cifras es lo rural. La destrucción de empleos en el campo es preocupante. Tenemos que aprovechar la oportunidad”, sostuvo Rodríguez, quien señaló que es “muy apretada la agenda, habrá un muy breve margen de maniobra”.

El representante John Jairo Cárdenas, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que es necesario un proyecto que mantenga el gasto social y no afecte a los sectores más vulnerables.

Indicó que la iniciativa no sería en estricto sentido una ley de financiamiento sino una reforma tributaria. “La ley de financiamiento se hizo para cubrir un faltante presupuestal. Esta vez no estamos abocados a un faltante presupuestal, por una razón fundamental porque la Corte mantuvo vigentes los efectos de la ley de financiamiento. Lo que se va a recaudar el año próximo es lo que surte como vigencia de la ley en este año. Es un error incluso seguirla llamando ley de financiamiento. La figura de ley de financiamiento solo se hace en situaciones en las que el Congreso de la República ha votado un presupuesto deficitario y en consecuencia para resolver ese faltante se decide la alternativa de este tipo de figura. No estamos frente a una ley de financiamiento en sentido estricto. En forma rigurosa estamos frente a un proyecto de reforma tributaria simple y llanamente”, expuso.

Afirmó además que “habría que ver en este escenario cuáles son las pretensiones del gobierno. Las leyes en materia tributaria se hacen para aumentar recaudos con el propósito de cubrir necesidades del gasto social y eso se le fija un techo. Estamos de nuevo ante una incertidumbre. Exactamente, ¿qué es lo que el gobierno pretende recaudar? no sabemos”

En relación con su trámite, manifestó que el Congreso tendrá “la libertad para asumir su discusión y su trámite en los términos que considere pertinentes. No creo que nos vayamos a dejar colocar contra la pared y que el gobierno crea que nosotros estamos obligados a hacer una reforma en 20 días. Gran equivocación si el gobierno asume las cosas de esa forma”.

El senador Juan Luis Castro, de Alianza Verde, afirmó que se deben analizar las exenciones tributarias que contempla el proyecto. “Esas exenciones tributarias le representan al país un costo de $8,5 billones anuales. El Ministro debería analizar cuáles exenciones sirven y cuáles no con académicos, con una comisión de expertos”, dijo.

El parlamentario señaló asimismo que la iniciativa no puede aprobarse sin discusión de cada artículo. “La Corte exige que la ley tiene que tener trámite por el Congreso y cada artículo debe ser discutido. El hecho de que la presente no quiere decir que vaya a aprobarse sin discutirse cada artículo. Esto fue lo que la Corte pidió”, expresó.

Cuestionó, además, que en el proyecto radicado, se eliminaron “12 artículos de la reforma que algunos eran buenos”. Entre ellos, afirmó que el 110 que hablaba de una comisión de expertos para analizar los impuestos y las exenciones.

Urge trámite

Dar celeridad al trámite de la Ley de Financiamiento para garantizar la estabilidad jurídica del país pidió el presidente Iván Duque al Congreso de la República. “El mensaje al Congreso es: por favor señores del Congreso ayúdenle a Colombia, trabajemos todos de la mano; así como ustedes ya la votaron, y así como está vigente, démosle continuidad a partir del 1° de enero del año 2020”, afirmó el Mandatario en entrevista a la emisora Todelar.

Agregó que “tenemos todos que trabajar por este propósito nacional, pensar en más Colombia y menos en los criterios que nos dividen”, y enfatizó en que es “importante” que “el debate en el Congreso podamos hacerlo lo suficientemente rápido para darle seguridad jurídica al país”.