El Congreso debe dejar lista la iniciativa que de todos modos saldrá recortada del trámite inicial

La discutida reforma tributaria que esta semana entra a su recta final en el Congreso para ser aprobada o rechazada, podría beneficiar más a unos sectores que a otros, de acuerdo con los últimos cuestionamientos.

Además, otros analistas consideran que la ‘peluqueda’ con que salió el proyecto para las plenarias de Senado y Cámara tiene preocupadas a las firmas calificadoras.

Al final de la semana se conoció una carta enviada al Gobierno y al Congreso por más expertos y académicos de las principales universidades del país, en la que expresaron su preocupación frente a la posibilidad de que se otorguen nuevos beneficios tributarios, por casi $9 billones, a las grandes empresas con la ley de financiamiento. 

La misiva fue liderada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y firmada por decanos, economistas, docentes y directores de otras instituciones, en donde aseguraron que el proyecto ha tenido cierta presión para ser aprobado sin tener un amplio debate técnico sobre los efectos que puede tener los beneficios tributarios que se pretender conceder con la reforma. 

Responsabilidad

Señalan los analistas que “amparados en nuestra responsabilidad como actores civiles, los académicos y expertos firmantes queremos manifestar nuestra profunda preocupación con respecto a la Ley de Financiamiento que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República. Desde su publicación, hemos sido testigos de una presión injustificada por aprobar, bajo imposición política, un proyecto de ley que sin mayor debate técnico concede casi 9 billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas”. 

Sostienen que as exenciones tributarias que se pretenden entregar a nuevos sectores económicos carecen de una justificación técnica robusta porque “no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni tampoco los criterios utilizados para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada 'Economía Naranja' como la naturaleza y el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio”. 

Indicaron que esa propuesta no solo reduce el recaudo fiscal y encarece la administración tributaria, sino que también dificulta la labor de supervisión de la DIAN, altera de forma poco transparente la neutralidad del sistema tributario y resta capacidad de negociación al Gobierno frente a los grupos ya favorecidos. 

“En general, nos parece inaceptable conceder $9 billones en descuentos tributarios, más del doble de la financiación de la universidad pública, sin que esta inversión esté plenamente justificada o atada de forma más rigurosa a consideraciones más importantes como garantizar unas finanzas públicas saludables o mejorar la naturaleza de nuestro sistema tributario de acuerdo con el artículo 363 de nuestra Constitución”, señalan los expertos. 

Evaluación

En este sentido, los expertos solicitaron al Congreso que una comisión técnica e independiente se encargue de evaluar los más de 200 beneficios tributarios que han sido identificados por la DIAN, actualizar esa lista y determinar los criterios específicos para los sectores que deben acceder a estos beneficios.

De otro lado la firma Bloomberg publicó un análisis de la firma Nomura Holdings de Nueva York, dijo que el proyecto de reforma tributaria está tan diluido que tal vez ni siquiera logre su objetivo principal de evitar una rebaja en la calificación crediticia de la nación. El gobierno debe reducir el déficit para evitar violar la llamada “regla fiscal”, que establece límites sobre cuánto puede pedir prestado.

“Una baja de la calificación podría tener lugar dentro de los próximos dos años”, dijo Mario Castro, analista de Nomura Holdings. “Los ingresos fiscales no son suficientes para cumplir con los compromisos fiscales”.

La última versión del proyecto de ley aumentaría los ingresos en $7,5 billones el próximo año, según el Ministerio de Hacienda. El plan original habría recaudado $14 billones millones, principalmente al extender el impuesto al valor agregado a los alimentos básicos. Señala la agencia Bloombeg que “los aliados de Duque en el Congreso -incluido su mentor, el expresidente Álvaro Uribe- bloquearon la propuesta, endosando a Duque todo el oprobio de haber tratado de gravar los alimentos básicos nacionales como los frijoles y el arroz, pero ninguno de los ingresos”.

Sostienen que el índice de aprobación del presidente Duque ha caído a 27% desde 54% en septiembre, según una encuesta de Invamer. Duque también se enfrenta a protestas de estudiantes que exigen más fondos para las universidades públicas y a los efectos colaterales de una investigación sobre corrupción vinculada a un proyecto vial.

El proyecto de ley se encarga del déficit de ingresos de Colombia en 2019, pero no disipa la amenaza de rebaja en la calificación crediticia, según Camilo Pérez, jefe de investigación del Banco de Bogotá. La nación enfrentará otra brecha de financiamiento en 2020, cuando se inicien los recortes de impuestos para las corporaciones, agregó.

“En 2020, vamos a tener un déficit fiscal que a las agencias calificadoras no les va a gustar”, señaló Pérez en una entrevista telefónica.

La última versión del proyecto de ley cumple la promesa del Gobierno de recortar los impuestos “asfixiantes” a las empresas, y también reducirá el gravamen sobre las ganancias de los tenedores de bonos extranjeros. Aumenta los impuestos sobre los salarios y los dividendos y reintroduce un impuesto al patrimonio sobre activos que superen los $5.000 millones.

El Congreso debe aprobar el proyecto para que se convierta en ley, y la versión final puede contener más cambios.

El año pasado, Colombia sufrió su primera rebaja de calificación crediticia en 15 años. S&P Global Ratings redujo la calificación de la nación a un nivel sobre “basura”, aduciendo un crecimiento débil y la dificultad de frenar el déficit. Según la regla fiscal, Colombia debe reducir el déficit a 2,4% del PIB el próximo año, de 3,1% en 2018, y luego bajarlo gradualmente a cero para el 2026.

Según una encuesta realizada por Nomura durante la campaña electoral de Colombia, Duque era el candidato presidencial más “amigable con el mercado”, aunque esto aún no se ha traducido en el tipo de euforia de los inversores que se observó durante el gobierno de Uribe, quien fue presidente durante el mayor repunte del mercado de valores del mundo entre 2002 y 2010. El índice de referencia Colcap de Colombia ha caído un 20 por ciento en dólares desde la victoria electoral de Duque.