Si bien es cierto que ya solo quedan seis semanas para que termine este año, la agenda económica de cierre es muy profusa y determinante.
De un lado, en pocos días comienza a sesionar la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el fin de definir el aumento del sueldo básico para 2025. Las tratativas no asoman fáciles, ya que si bien los gremios y una primera aproximación del propio ministro de Hacienda consideran que la base del incremento debería estar levemente por encima del 6 %, más aún con una inflación que puede terminar el año por debajo del 5,5 %, los sindicatos ya han adelantado que esperan un reajuste, mínimo, de dos dígitos. De entrada, la posibilidad de una productividad empresarial positiva parece poco probable.
Un segundo tema, con nexos obvios con el anterior, se refiere a lo que pase con el proyecto de reforma laboral en el Congreso. La iniciativa se encuentra en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y si bien hay múltiples alertas en torno a sus efectos lesivos en la calidad del empleo y las estructuras de costos de las empresas, las próximas cuatro semanas serán definitivas para saber si se convierte en ley o termina hundiéndose, más aún por la negativa gubernamental y de sus toldas a ajustar el articulado que llegó de la Cámara.
Por otra parte, la plenaria de esta última corporación legislativa debe abocar, en último y definitivo debate, el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que es el mecanismo que establece los porcentajes de transferencia de los ingresos corrientes de la Nación a los departamentos y municipios.
Como se sabe, el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, las firmas calificadoras de riesgo, exministros, academia, la cúpula gremial y centros de estudio como ANIF y Fedesarrollo, entre otros, han advertido que el modelo de aumento gradual de giro de recursos a las regiones que establece la iniciativa para un periodo de doce años (luego de aprobada una, por ahora incierta, ley de competencias de gasto) resulta inviable desde el punto de vista fiscal. Lamentablemente, todos los campanazos dados al respecto han sido desoídos tanto por el Gobierno como por el Congreso.
Y hablando de temas presupuestales hay dos asuntos de fondo pendientes para lo que resta de este año. De un lado, se le agota al tiempo al Ejecutivo para expedir por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2025. Luego de que en el Congreso se le hundiera la iniciativa por estar desfinanciada en no menos de doce billones de pesos, la carta de gastos, inversión y pago de deuda pública podía emitirse desde el pasado 21 de octubre, pero hasta el momento no ha salido a la luz.
Esa demora se debe a que el Ministerio de Hacienda sigue pendiente de lo que pase con el proyecto de reforma tributaria o de “ley de financiamiento” en el Parlamento, en donde apenas si está en la etapa de audiencias públicas, pero es claro que las mayorías partidistas –así como los gremios y muchos sectores políticos, económicos y sociales– se oponen a aumentar la carga impositiva a personas naturales y jurídicas.
Es evidente que el gobierno Petro arrastra una crisis fiscal cada vez más grave, no solo porque la economía sigue sin despegar (el promedio de crecimiento de enero a septiembre es apenas de 1,6 % del PIB), sino porque el recaudo tributario continúa cayendo, acumulando un retroceso de alrededor de 17 billones de pesos a octubre pasado. De allí que los recortes presupuestales tanto para este año como para 2025 sean más que obligados.
Por último, avanzado diciembre hay otro tema clave por definirse. El Banco de la República debe indicar si continúa bajando su tasa de interés de referencia. Ya la tiene en un 9,75 %, pero los mercados esperan que cierre el 2024 con una disminución más sustancial.
A todo lo anterior habría que sumar otros flancos clave en economía, como lo relativo a si se mantendrá el fortalecimiento del dólar, el rumbo del proyecto de reforma a la salud y los problemas actuales del sistema, así como la posibilidad de más notas de las firmas calificadoras de riesgo, algunos fallos de los altos tribunales y demás informes de cierre de año de empresas y de los indicadores macro y micro.
Todo ello en el escaso lapso de seis semanas que serán claves para el cierre de un año económico, sin duda, muy traumático e incierto.