Luego de que la Cámara Colombiana de la Infraestructura encendiera las alarmas por posibles irregularidades en materia de contratación, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, solicitó revocar en menos de 15 días y de manera inmediata, dos millonarias licitaciones en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En esa misma línea sugirió, además, reversar un cuantioso proceso en el Meta. Las tres licitaciones -todas ellas relacionadas con el sector de infraestructura de transporte- suman poco más de $300 mil millones.

La primera de las licitaciones revocadas, tiene que ver con en el proceso licitatorio orientado a contratar el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro – Chimá y Tuchín (Córdoba).Su costo supera los $102 mil millones.

La segunda, está relacionada con la licitación pública cuyo objeto es el mejoramiento del pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas-San Marcos, a lo largo de los municipios de El Roble, Caminito y San Marcos, Sucre. Se trata de una obra que, según lo establecido en el proceso licitatorio, demandaría recursos por $150 mil millones.

En estos dos casos puntuales existe un denominador común que motivó su revocatoria por parte de la Procuraduría: aparecen inconsistencias en los factores de evaluación de calidad, en la asignación de puntajes y en el establecimiento de requisitos habilitantes. Todo ello, a juicio del órgano de control, vulnera el principio de selección objetiva y los fines de la contratación estatal.

En el Meta

La misma Procuraduría advirtió, el pasado 29 de febrero, sobre aparentes actos de ilegalidad en la licitación que tiene por objeto la construcción del puente sobre el río Ariari, en la vía que comunica a los municipios de Castillo y San Luis de Cubarrál, así como el mejoramiento de la vía que conduce desde el cruce de la vía nacional, ruta 65, hasta el acceso del puente La Amistad en el municipio de Cubarrál, Meta. El proceso, asciende a los $66 mil millones.

En este caso particular, el órgano de control solicitó a la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), que considere la alternativa de revocar el acto de apertura de la licitación pública por cuenta de significativas inconsistencias. Entre ellas, exigir indicadores financieros que limitarían la pluralidad de oferentes y establecer procedimientos para la entrega y evaluación de las propuestas que pueden transgredir el ordenamiento jurídico.

El gremio de la infraestructura, a su turno, no descarta presuntos intereses políticos, ligados incluso a la financiación de campañas en dichas regiones, detrás de tales procesos.

Cierres en 2018

Durante 2018 según el reporte entregado por la CCI, se tiene como meta alcanzar 10 cierres financieros definitivos en proyectos de cuarta generación (4G).

Ya se ha iniciado es proceso y se tienen tres cierres definitivos y dos preliminares.

Los recursos darán viabilidad a proyectos en Antioquia y Bolívar por un valor de $1,4 billones, y el tercer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio que tiene un costo de $1,6 billones, según la CCI.

“Estos cierres se deben a los efectos positivos de la Ley 1882, en virtud de la cual se otorgan garantías jurídicas a los terceros de buena fe –proveedores, trabajadores y financiadores– con ocasión de la terminación anticipada de los contratos de concesión o APP, como consecuencia de una nulidad absoluta”, aclaró el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo.