Hay incertidumbre en las empresas y en las personas naturales si van a continuar con los beneficios en impuestos y esa situación puede impactar en el recaudo por parte de la DIAN

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Por no contar con el aval del Ministerio de Hacienda la Corte Constitucional declaró inexequible la sobretasa al sector financiero contenida en la Ley de Financiamiento, que obligaba a los bancos a pagar cuatro puntos de renta adicionales a lo cobrado a las demás empresas.

Según trascendió, la decisión de sacar esta sobretasa de la normatividad vigente tiene efecto inmediato, pero dado que no se trata de un vicio de fondo podrá revivirse cuando el Congreso vuelva a tramitar la Ley de Financiamiento.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, ni siquiera su nombre sofisticado de Ley de Financiamiento le sirvió a la reforma tributaria para salvarse del fuerte golpe que le asestó la Corte Constitucional al declararla inexequible, dejando al país en ascuas frente a un recaudo incierto y una maltrecha imagen en el exterior que podría afectar la inversión en el país.

Daniel Bulla, gerente senior de Impuestos de la firma BDO en Colombia, empresa experta impuestos, asegura que “la dinámica del país en el fin de año debería cerrar con el mismo curso que hasta el momento del fallo, no obstante, la incertidumbre, de cara a cómo será tributariamente 2020 sí puede desacelerar y retraer la economía, y con ello el recaudo a nivel nacional”.

Frente al término de “el fallo tendrá un efecto diferido a partir del 1 de enero de 2020”, explica Bulla, significa que la Corte y el Gobierno de una forma pacífica convienen no traumatizar la seguridad jurídica del año gravable 2019 pero, acuerdan solucionar los vicios de forma en la promulgación de la ley con miras a 2020. Esperemos que el parlamento tenga la misma intensión”.

Ahora, en medio de este “efecto diferido” quedan en vilo todas las empresas, si el Gobierno no logra darle nueva vida a Ley de Financiamiento en el Congreso, volviéndola a tramitar en lo que queda del año.

Los perdedores

Mientras tanto, los grandes perdedores son, por ejemplo, la exención del IVA a bienes de capital, dejando sin sustento la posibilidad para las empresas de descontar este tributo en los casos que se adquieran o construyan bienes y servicios.

De la misma manera, otros damnificados son los trabajadores, frente a la reducción de tarifas de impuesto de renta que perderían las empresas que impulsen la generación de empleo pues la Ley de Financiamiento establecía importantes reducciones en las tarifas que iban del 33% para 2019 y hasta el 30% a partir de 2022.

Dentro de este grupo de perdedores también están las empresas agropecuarias y las empresas de la economía naranja que habían sido incentivadas por el gobierno. Las primeras, eran exentas con 10 años si cumplían con una generación de empleo e inversiones establecidas, y las segundas, con exención por siete años si cumplían con ventas de $2.700 millones al año.

Los empresarios

Según Bulla, “para todo el tejido empresarial con independencia de su tamaño, también sería nefasto el hecho que no se ratifique el sentido estricto de las modificaciones de esta ley, lo cual pondría en tela de juicio factores importantes como la reducción de la tarifa corporativa del Impuesto a la Renta, la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del 100% del IVA pagado en adquisiciones de activos fijos reales productivos y del 50% de ICA efectivamente pagado, la modulación en la regla de subcapitalización y la posibilidad de obtener devoluciones automáticas de saldos a favor”.  

Ahora, en contraposición, el experto de BDO asegura que los ganadores con este desenlace a la Ley de Financiamiento, “son las personas naturales, las zonas francas, las constructoras y los bancos, quienes pueden ver con buenos ojos este fallo y con él, una luz a las medidas que dejaron muy nublada su tributación en la ahora extinta ley. Así entonces, se esperaría que, aunque las modificaciones se ratificaran, se aclararan aspectos que brinden un puerto seguro”.

Finalmente y frente al hecho de si la medida podría afectar la confianza y el buen prestigio de Colombia en los mercados internacionales y con la inversión extranjera, Bulla asegura que esta es una moneda con dos caras leídas independientemente, “una primera, en efecto va en detrimento de la seguridad jurídica que no brinda el país, con la cual es difícil explicar a un inversionista extranjero que faltando dos meses para terminar el año no tenemos claridad de qué reglas de juego regirán para 2020”.

La segunda cara de esta noticia que recién sacudió al país, analiza Bulla, también puede tener una lectura positiva a nivel internacional pues deja bien parada la institucionalidad y la independencia de poderes en Colombia, frente a un contexto regional complicado con casos como los de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Para el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, es importante que este año en el Congreso de la República se apruebe el mismo texto de la Ley de Financiamiento discutido el año precedente (Ley que se cayó en la Corte Constitucional).

"Lo más conveniente para el país sería que el Congreso aprobara el mismo texto de la Ley de Financiamiento discutido el año pasado. Esto daría continuidad a la política fiscal y animaría el sano proceso de recuperación que se viene presentando", indicó Córdoba.

Las calificadoras

Los analistas del Bancolombia señala que “incluso la firma Standard & Poor’s comparte nuestra visión de que la reciente caída de la Ley de Financiamiento de 2018 no tendrá efectos relevantes en la estabilidad fiscal ni en la macroeconómica. Esto, por supuesto, ante la expectativa de que el gobierno se encuentre en la capacidad de aprobar una reforma de características similares en trámite con el Congreso, elemento que consideramos clave para el fortalecimiento de la dinámica productiva durante los próximos años”.

Señalan que “bajo esta perspectiva, creemos que el gobierno estará en la capacidad de controlar paulatinamente su nivel de desbalance fiscal, después de sobre cumplir la meta propuesta para este año. Además, la operación reciente de manejo de deuda mejoró el perfil de amortizaciones de corto plazo, lo que garantiza el cumplimiento de los compromisos de la Nación del próximo año y un espacio adicional para el ajuste progresivo de sus cuentas. Al respecto, se debe mantener la mirada en que operaciones futuras de este tipo no aplacen sustancialmente el objetivo de control del nivel de deuda”.

Indica que “entre tanto, la vulnerabilidad externa se mantendrá como el principal factor de alerta. Nuestra visión de mediano plazo sobre el déficit corriente apunta a un escenario menos favorable que el de S&P, tal que creemos que requerirá de la atención más cercana de las autoridades económicas. No obstante, mientras la inversión directa persista como el financiador más importante del déficit, los riesgos se mantendrán en un terreno razonable. Esta perspectiva nos permite sostener nuestra visión de que la estabilidad de la calificación de riesgo será el camino a seguir por las calificadoras de riesgo en sus decisiones de corto plazo”.