FUE APROBADO uno de los temas más polémicos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, el artículo 125, que modifica un parágrafo de la Ley de Garantías Electorales: “Las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Con 54 votos positivos y 30 en contra, la plenaria del Senado aprobó la modificación de la Ley de Garantías, hecho que produjo inmediatas reacciones. El congresista Rodrigo Lara se pronunció en sus redes: “El horror más absoluto. Eliminada la ley de garantías. El gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El gobierno será recordado por este hito infame. Demandaremos en la Corte Constitucional”, aseguró.

Por su parte, el precandidato y senador Gustavo Petro trinó: “Lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.

De la misma manera se expresó el liberal Luis Fernando Velasco, quien escribió: “Mayoría del Senado derrotó mi proposición que pedía eliminar de la ley de presupuesto la suspensión de la ley de garantías, por lo que la Corte Constitucional debe actuar rápido y ante demandas que muchos interpondremos esperaríamos que se mantenga actual ley de garantías”.

Iván Marulanda del Partido Verde, comentó que “desmontar la Ley de Garantías significa liberar una cantidad enorme de recursos, que irían a las administraciones locales, gobernaciones y municipios y que terminan siendo utilizados para financiar campañas políticas”.

Por su parte, Mario Castaño, del mismo partido, comentó: “Estos artículos no fueron aprobados a última hora, ni a pupitrazo, inclusive para poder sacar el proyecto se han tenido que sacar hasta subcomisiones, por las cuales se han visto pasar, en sus diferentes etapas, más de 500 proposiciones, cómo van a decir que es un proceso a oscuras, que fue un proceso no debatido, nada más alejado de la realidad, esto ya hace parte de la jerga del Congreso y la gente lo acuña”.

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El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, siempre defendió esta modificación pese al debate. “Debe quedar claro que en el PGN 2022 no hay 'micos' o 'jugaditas', le estamos diciendo de frente al país que es importante reactivar la economía en las regiones permitiendo la celebración de convenios interadministrativos en época electoral para generar empleo”, señaló.

Restrepo repitió en varias oportunidades que los contratos estatales son una herramienta para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia de covid-19. El funcionario agregó que lo que se busca, también, es activar recursos públicos para ejecutar proyectos relacionados con temas como infraestructura, vivienda, obras sociales, agua y saneamiento básico, entre otros.

Aunque la decisión no cayó muy bien en todos los ámbitos políticos, el mismo presidente Duque había asegurado que respaldaba al Congreso y que sí firmaría la Ley ya que el país se encuentra en diferentes condiciones, “si ya no existe la figura de reelección presidencial, se debería acabar con esa normativa”, confirmó el mandatario.

Traslado de pensiones

El otro artículo sobre el que estaban todas las miradas era el 104, que decía que durante la vigencia 2022 se permitiría el traslado de afiliados del régimen de ahorro individual al régimen de Prima Media, siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media. Es decir, el traslado exprés de afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

La plenaria del Senado aprobó la proposición que pedía suprimir el artículo 104 del texto de la ponencia. Los votos fueron 46 contra 22. Eso quiere decir que fue eliminado y las reglas para los pensionados seguirán tal cual existen en la actualidad.

El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, explicó que este artículo era inconstitucional además de no conveniente. Según él, había un vicio de procedimiento legislativo, ya que la Corte Constitucional dijo que el presupuesto es una ley de autorizaciones, de gastos, que tiene unos límites jurídicos en su ejecución en tres aspectos, uno de ellos es el carácter temporal de la Ley de Presupuesto.

“Esto significa que solo rige para el periodo fiscal aprobado. Lo propio establece el estatuto orgánico de presupuesto que consagra que las normas en materia presupuestal regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expida”, indicó el congresista.

Y agregó que “este artículo, el 104, rompe los límites temporales de la Ley de Presupuesto, abarca vigencias posteriores, viola el principio de anualidad tributaria. O es que no podemos desconocer que si se aprobaba este artículo se están afectando vigencias futuras, qué más afectación que conceder una renta vitalicia”.  

Aspectos generales del presupuesto

Al cierre de esta edición, los congresistas se habían tomado un receso de dos horas y luego continuarían para definir cómo va a ser la conciliación del proyecto de presupuesto.

Vale recordar que el proyecto, radicado por el Ministerio de Hacienda por un monto de 350,3 billones de pesos, llegó al segundo debate con un total de 124 votos a favor de la ponencia mayoritaria y 22 en contra; así como con 139 artículos, de esos 13 son nuevos y 12 modificados.

El mayor rubro del presupuesto se destinó al pago de la deuda pública, con un total de 68,4 billones de pesos. En el segundo lugar está el sector de educación, con 49,4 billones de pesos, es decir, 4% más que este año.

Los sectores de salud, trabajo, defensa y hacienda son los siguientes, con montos de 41,8 billones, 34,6 billones, 29,06 billones y 25,9 billones de pesos respectivamente.

El sector que tuvo mayor crecimiento de rubro frente a este año es el de la Registraduría, con un porcentaje de 100,4%. El rubro final es de 2,32 billones de pesos. En este punto cabe recordar que el próximo año habrá elección presidencial en Colombia.

De otro lado, el sector al que más se le restó presupuesto es el de ciencias, con una disminución del 20%.