Un serio peligro correrían los subsidios y ayudas que contiene el paquete social para la población más vulnerable, si la reforma tributaria que propone el Gobierno se cae en el Congreso.

Además, bajo este panorama incierto estarían los alivios para las empresas que han recibido el impacto de la covid-19, así como las devoluciones del IVA a los más pobres.

Esta situación surge ante las voces de partidos y algunos gremios que se oponen a la reforma. De allí la enorme responsabilidad que tiene el Congreso de la República para evitar, con su aval, que la pobreza extrema en el país alcance al 35% de la población, como ya lo advierten analistas si la iniciativa no avanza en el Legislativo.

Sin embargo y paradójicamente, las firmas calificadoras están a favor del proyecto que busca recursos por $23,4 billones para también comenzar a reducir el alto endeudamiento.

En el panorama de la población más vulnerable, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que la entidad tiene previsto invertir más de $9 billones en los programas de transferencias monetarias durante 2021, especialmente para acompañar a los hogares afectados por la crisis social provocada por la pandemia de la covid-19.

Actualmente dado los pagos acumulados de Ingreso Solidario para más de 3 millones de hogares bancarizados, recibirán cerca de $3 billones hasta junio próximo.

Recursos

En el programa Colombia Mayor la entidad invertirá $2,6 billones para garantizar las entregas, incluyendo seis pagos extraordinarios. Sus 1,7 millones de participantes recibirán hasta junio de 2021 un pago adicional, mensual y extraordinario de $80.000, para un total mensual de $160.000.

En devolución de IVA, Prosperidad Social ampliará el número de hogares beneficiarios a 2 millones. A partir de marzo, las familias ya están recibiendo $76.000 bimestrales, para una inversión total de $912.000 millones en 2021. El millón de hogares vinculados será el que, según el Sisbén, vive en condición de pobreza extrema y no recibe en este momento ningún subsidio del Estado y los hogares más pobres que reciben recursos a través de Ingreso Solidario.

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Ya incluso se inició el primer ciclo de pagos del programa Familias en Acción. La inversión para esta vigencia será de $1,8 billones y llegará a 2,2 millones de beneficiarios.

Asimismo, está Jóvenes en Acción. Este programa tendrá una inversión superior a los $770.000 millones y ampliará su cupo para apoyar a 102.000 nuevos estudiantes, cumpliendo así la meta del Plan Nacional de Desarrollo: llegar a 500.000 nuevos estudiantes durante este gobierno.

Sin embargo, como bien lo dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “si la reforma tributaria no sale adelante en el Congreso, los recursos para el Ingreso Solidario solo servirán hasta junio de este año”.

El viceministro, dijo que los efectos de la pandemia no han cesado y más gente y empresas siguen entrando en vulnerabilidad.

Por ello el primer recaudo que se busca es para extender hasta junio el plan de subsidios a la nómina de empresas (Paef) y hacer permanente el Ingreso Solidario.

La reforma contempla recaudar $23,4 billones, $17 billones llegarían de personas naturales, $7,3 billones los pondría el IVA; otros $3,7 billones, los impuestos a empresas, y $4,6 billones son un saldo que se resta por las transferencias de ley a las regiones y ciudades.

Las calificadoras

De otro lado, las firmas calificadoras han incrementado su apoyo al Gobierno con la reforma porque confían que, con ello, el país va a ordenar sus finanzas sobre todo por el alto endeudamiento.

En su último informe sobre Colombia, la firma Fitch Ratings, sostiene que “la reforma tributaria es un factor crítico para la dinámica de la deuda pública de Colombia y, por lo tanto, será importante en la resolución de Fitch de la Perspectiva Negativa de la calificación soberana de 'BBB-' de Colombia”.

Sostiene que “la última propuesta de reforma tributaria del gobierno apunta a un aumento permanente de los ingresos por valor del 1,4% del PIB para 2024, neto de transferencias a los gobiernos subnacionales y nuevos compromisos de gasto social, pero es probable que el Congreso la modifique”.

Señalan que “la propuesta es parte de la estrategia del gobierno para estabilizar la relación deuda/PIB durante los próximos cinco años. Otras medidas incluyen permitir la reducción del gasto transitorio relacionado con la pandemia (los planes de gasto pandémico más altos de lo esperado en 2021 reflejan en parte un gasto insuficiente en 2020) y la mejora de la administración tributaria. Estos deberían generar algunos beneficios fiscales, al igual que la recuperación económica, el aumento de los precios del petróleo y posibles medidas excepcionales, como la venta de activos”.

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Ingresos

Sin embargo, Fitch cree que sería necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y empezar a reducir la carga de la deuda pública. Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks. 

Argumenta la firma que “la gran dependencia de la propuesta de las medidas del impuesto sobre la renta de las personas físicas aumenta la incertidumbre sobre el posible impacto en los ingresos, que dependerá del cumplimiento, aunque esto podría mejorarse ampliando la base impositiva y reduciendo las exenciones. El impacto final de la reforma tributaria dependerá de hasta qué punto el Congreso modifique y potencialmente diluya la propuesta”.

La última propuesta del gobierno también incluye actualizar la regla fiscal e incluir un ancla de deuda neta, que también podría respaldar la credibilidad de la política fiscal. Si la reforma tributaria no se aprueba al final de la actual sesión del Congreso el 20 de junio, entonces sus perspectivas pueden debilitarse dado el acercamiento de las elecciones en 2022.

Riesgos

Argumenta la calificadora que “sin embargo, el resurgimiento de las infecciones por covid-19 (y el distanciamiento social asociado) y los lentos lanzamientos de vacunación siguen siendo riesgos para el crecimiento”.

Por su parte, la firma Moody’s sostiene que “la propuesta es solo el punto de partida para el debate político y técnico que tendrá lugar durante los próximos meses. La opinión de Moody's ha sido que las autoridades actuarían para incrementar los ingresos estructurales del gobierno con el fin de apoyar la consolidación fiscal y crear espacio para aumentar el gasto social. Esto último es relevante dada la prevalencia de una alta desigualdad de ingresos, condición que se agudizó como resultado de la pandemia y que expone al perfil crediticio de Colombia a mayores riesgos sociales”.

Asegura Moody’s que “el anuncio de restricciones al gasto corriente sumado a modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal. Una vez que se apruebe la reforma, Moody's evaluará hasta qué punto estas medidas mejorarán la fortaleza fiscal de Colombia y su perfil crediticio general”

La tercera ola

Ingo Ploger, emprendedor y presidente de CEAL Brasil, y uno de los principales analistas del mercado latinoamericano, sostiene que “la tercera ola de la pandemia es mucho peor que la primera. No solo los efectos de la contaminación son más virulentos, sino que el cansancio de la población debido al distanciamiento social y el poder de resiliencia personal y económica de los pueblos han llegado a sus límites”. 

Asegura que “varias instituciones financieras prevén una recuperación de la economía en el tercer y cuarto trimestres del año, donde el consumo reaccionará con fuerza nuevamente. Es una buena noticia y el 2022 será aún mejor si sabemos cómo protegernos con las vacunas. Entonces, ¿eso significa que nuestros problemas se reducen a seis meses? ¿Y pasamos al modo de recuperación después de eso? A primera vista, parecería ser así. Pero estructuralmente saldremos mucho más pobres, con una mayor concentración de riqueza, menos globalizados y más digitalizados”.