En una escala que va de 0 a 100, siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio, nuestro país, Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos. Aquí el informe de Transparencia Internacional

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Transparencia Internacional divulgó esta semana en todo el mundo los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción que publica cada año. Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países.

Colombia tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú. Y se ubica por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México. En Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 18 y 22 puntos. Preocupa especialmente el caso de Venezuela, el peor calificado de la región, pues se ubica en el puesto 169 entre 180 países.

Transparencia por Colombia, organización de la sociedad civil que lleva 20 años luchando contra la corrupción en Colombia, reconoce que si bien se han adelantado ajustes institucionales y normativos importantes, la percepción no va a cambiar mientras no se evidencien cambios de fondo.

Ad portas de una elección presidencial, Transparencia por Colombia hace un llamado a los candidatos a que se comprometan a realizar cambios en las prácticas y en las estructuras que están obstaculizando el logro de mayores resultados en la lucha contra la corrupción. Para ello se requieren reformas al sistema político permeado por la trampa, un sistema judicial que debe ser más efectivo en la lucha contra la impunidad y que se acabe con el clientelismo en el empleo público y la contratación.

¿Qué debe hacer el próximo Presidente?

“Las apuestas políticas y los diseños institucionales anticorrupción, que se han planteado en las últimas décadas, se han quedado cortos frente a la gravedad de este abuso del poder. La corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales, por lo tanto las acciones deben estar llenas de decisión, arrojo y valor”, afirma Andrés Hernández, Director de Transparencia por Colombia.

El próximo gobierno debe dar el paso  a las reformas importantes y decisivas que requiere el país:

1. Transformar el Sistema Político y el ejercicio del poder. La trampa como mecanismo para acceder al poder y gestionarlo es evidente, además de la fragilidad del sistema político. Se hace urgente una reforma que considere: (1) una financiación de la política que garantice la equidad, la transparencia y ponga limite a los excesos, (2) la configuración y funcionamiento de los partidos políticos, (3) un órgano electoral independiente y con capacidad de sanción, (4) transparencia y rendición de cuentas en la relación Ejecutivo-Legislativo.

2. Recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas. La debilidad en la justicia es una de las piezas claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país. Esto explica la impunidad frente a los hechos de corrupción, así como el cinismo de los corruptos que, al no ser condenados, ingresan constantemente a la esfera pública con el halo de la inocencia. Es urgente recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas: (1) garantizar la meritocracia en la nominación y en la elección de quienes imparten justicia, (2) fortalecer las capacidades de investigación y sanción de los actores judiciales y órganos de control a nivel nacional y territorial, (3) fortalecer los mecanismos de regulación y control de la Rama Ejecutiva como las Superintendencias y sistemas de control interno, (4) fortalecer los sistemas de denuncia y protección a denunciantes y testigos de corrupción.

3. Romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación. La Administración Pública ha sido tratada con descuido y mero interés clientelar; ya sea para tranzar votos por burocracia o para capturar los dineros públicos y ponerlos al servicio de rentas personales o de intereses particulares. En este sentido se requiere: (1) una carrera de empleo público donde el mérito sea una realidad y el político de turno no tenga la oportunidad de abusar de las incertidumbres de la función pública, (2) fortalecer los sistemas de regulación y control de la contratación pública, para evitar que los financiadores de campañas políticas sean quienes ejecutan los recursos públicos, (3) fortalecer la autonomía y las capacidades de los entes territoriales para garantizar que los recursos públicos no caerán en manos de los corruptos.

Según Hernández, “la corrupción es uno de los problemas más graves de Colombia, por esta razón,  le pedimos a todos los candidatos presidenciales que se comprometan con estas reformas de fondo, si realmente  queremos derrotar la corrupción”.

Datos globales

· A nivel mundial quienes obtienen las mejores calificaciones son Nueva Zelanda (89), Dinamarca (88), Finlandia (85), Noruega (85) y Suiza (85), mientras que los peor calificados son Somalia (9), Sudán del Sur (12), Siria (14), Afganistán (15), Yemen (16) y Sudán (16).

· En la región, en Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 18 y 22 puntos. Preocupa especialmente el caso de Venezuela, el peor calificado de la región pues se única en el puesto 169 entre 180 países.

· Colombia tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú. Y se ubica por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México.

¿Y qué ha cambiado?

· Los países que más mejoraron en el ranking fueron Argentina y Perú, que subieron 10 y 5 puestos respectivamente, mientras que El Salvador, y Brasil cayeron 17 puntos.

· Los resultados dejan mucho que desear pues las calificaciones no muestran mejoras significativas. Esto, sumado a los recientes escándalos de corrupción (que han llegado vincular a varios dirigentes de la región y altísimas sumas de dinero) nos muestran la necesidad de mayor compromiso por parte del Sector Público, de los empresarios y de la sociedad civil para desarrollar acciones conjuntas que permitan prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades.