Objetivos de recaudo se quedaron a la mitad de lo que requería el Gobierno con $14 billones. Ahora con $7,5 billones se esperan otras alternativas para reducir el enorme déficit en las finanzas

_________

Aprobada la reforma tributaria o ley de financiamiento en el Congreso, al país pero sobre todo al Gobierno le debe quedar la duda de si efectivamente la nueva carta contiene los objetivos que perseguía cuando se presentó inicialmente en octubre al Legislativo.

Sin duda los efectos políticos y económicos que surgen de esta iniciativa, van a dirigir el rumbo del país dentro del contexto macro, pero sobre todo el Ejecutivo deberá volver a hacer cuentas para cuadrar la caja y ver la forma como va a cumplir con las exigencias fiscales.

Tal vez uno de los mayores costos para el Ejecutivo fue el desgaste con la pretensión inicial de gravar con IVA a la canasta familiar, una decisión que significó un desplome en la imagen del presidente Iván Duque y con lo que esperaba recoger $14 billones.

Por otro lado, las firmas calificadoras pusieron su ojo avizor sobre la reforma y lo que quedaría de ella como para hacerse una idea de sus previsiones a la hora de evaluar su trascendencia.

Lea también: PIB 2019 bajaría si cae reforma tributaria

La amenaza

Para algunos analistas como Camilo Pérez, jefe de investigación del Banco de Bogotá, “la reforma no disipa la amenaza de rebaja en la calificación crediticia, ya que la Nación enfrentará otra brecha de financiamiento en 2020, cuando se inicien los recortes de impuestos para las corporaciones”.

Sostuvo que “en 2020 vamos a tener un déficit fiscal que a las agencias calificadoras no les va a gustar”.

El año pasado, Colombia sufrió su primera rebaja de calificación crediticia en 15 años. S&P Global Ratings redujo la calificación de la Nación a un nivel sobre “basura”, aduciendo un crecimiento débil y la dificultad de frenar el déficit. Según la regla fiscal, Colombia debe reducir el déficit a 2,4% del PIB el próximo año, de 3,1% en 2018, y luego bajarlo gradualmente a cero para 2026.

Y aunque lo que quedó de la reforma del proyecto inicial cumple la promesa del Gobierno de recortar los impuestos “asfixiantes” a las empresas, y también reducirá el gravamen sobre las ganancias de los tenedores de bonos extranjeros, preocupa que aumente los impuestos sobre los salarios y los dividendos.

Una carta enviada al Gobierno y al Congreso por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y firmada por decanos, economistas, docentes y directores de otras instituciones, más expertos y académicos de las principales universidades del país, expresaron su preocupación frente a la posibilidad de que se otorguen nuevos beneficios tributarios porque “carecen de una justificación técnica robusta “y no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las mega-inversiones, ni tampoco los criterios utilizados para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada Economía Naranja como la naturaleza y el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio”. 

Visión de la DIAN

Indicaron que esa propuesta no solo reduce el recaudo fiscal y encarece la administración tributaria, sino que también dificulta la labor de supervisión de la DIAN, altera de forma poco transparente la neutralidad del sistema tributario y resta capacidad de negociación al Gobierno frente a los grupos ya favorecidos.

De todos modos, de lo que salió de la reforma, el impacto político para el Gobierno Duque será costoso. El trámite engorroso desde un comienzo en el que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue el gran responsable de no dar claridad de lo que quería, fue el gran obstáculo para su desarrollo en el Congreso.

De otra parte los analistas económicos consideran que el efecto de la reforma sobre el crecimiento económico puede ocasionar una reducción en el ingreso disponible de los hogares que afectaría el consumo, así como por el recorte en la inversión pública.

Por ejemplo, los cambios propuestos en el esquema del IVA a las cervezas y las gaseosas representan un impulso a la inflación de 2019 cercano a los 20 puntos básicos. Esto es significativamente menor al choque previsto por el proyecto inicial, por lo que la inflación no se desviaría del rango meta debido a los ajustes tributarios.

¿Estrategia?

La estrategia planteada por el Gobierno implica que para 2019 es probable cumplir la meta de déficit para el Gobierno nacional. Sin embargo, para seguir en la senda de la regla fiscal a partir de 2020 los esfuerzos adicionales de ajuste en las finanzas públicas deberán ser sustanciales.

Introducción

Al descartarse la propuesta de gravar la canasta familiar se cambió la estructura y el alcance de la ley. Sin la modificación a la estructura del IVA, se diseñó una ponencia en la que el recaudo esperado para el próximo año se reduce a $7,5 billones.

En virtud de ello, para cumplir con la meta de déficit para el Gobierno nacional de 2,4% del PIB, se hace necesario un recorte en el presupuesto de $6,5 billones.

“Frente a nuestro escenario base de variación del PIB de 3,2% en 2019, la reforma implica un efecto de desaceleración un poco más pronunciado que el proyecto original. En tales circunstancias, el recorte en el gasto público el próximo año sería de casi 1,3% del PIB.

De otro lado y debido a que la reforma no lograría el recaudo suficiente, es previsible que el faltante implique un recorte en el gasto de inversión del gobierno, que se caracteriza por ser más flexible que el de funcionamiento. Como consecuencia de ello, este rubro no crecería en 2019 en términos reales, lo que limitaría el aporte del gasto estatal al crecimiento económico. En concreto, en este nuevo escenario la inversión pública pasaría de aportar 0,3% de crecimiento en el proyecto original a sustraer 0,02%.

De otra parte y con la reforma definida, se debe tener en cuenta que una sexta parte del recaudo esperado provendría del cambio del régimen del IVA aplicado a cervezas y gaseosas. Específicamente, estos ítems de la canasta pasarían a ser gravados con la tarifa general de 19% en todas las etapas del proceso productivo, incluida la comercialización (régimen plurifásico). Esto incrementaría el precio de venta que paga el consumidor final de dichos bienes.

Vargas Lleras prepara demanda

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras expresó ayer que “sin duda hubo faltas de procedimiento y de forma. A las demandas que se radicarán contra la ley de financiamiento se sumará la mía, ya que regresaré al ejercicio de la profesión a partir del mes de enero”.

Entre los peros detectados por Vargas está que “la plenaria de Cámara votó la ley de financiamiento sin que existiera texto definitivo de lo aprobado” la víspera “por la plenaria del Senado. Además, se omitió la publicación del mismo. Que irresponsabilidad”.

El dirigente político alcanzó a pedirles a los congresistas de Cambio Radical “no acoger el texto de la ley de financiamiento aprobado por plenaria del  Senado” porque venía “plagado de equivocaciones. Esa reforma no le va a convenir al país, mal haríamos en acompañarla”, anotando que su partido “no puede comprometer su responsabilidad política con semejante error que resulta ser el texto de ley de financiamiento aprobado por la plenaria del Senado”.

También desde la Asobancaria se descalificó la sobretasa transitoria al sector financiero aprobada en la ley de financiamiento. Medida que fue calificada como inconstitucional por Santiago Castro, presidente del gremio.

El impuesto como quedo establecido en la Ley de Financiamiento fija una sobretasa en 2019 de 4 puntos porcentuales y en los siguientes años 3 puntos.

"Se va a reducir la cartera crediticia disponible y se aumentan los costos financieros, lo que va a hacer que los grandes perdedores sean todos los sectores formales de la economía", explicó Castro.

De otra parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un documento en el que cuestiona los 9 billones de pesos en exenciones tributarias que se concedieron para las grandes empresas del país, inversión que “no está plenamente justificada o atada de forma más rigurosa a consideraciones más importantes como garantizar unas finanzas públicas saludables o mejorar la naturaleza de nuestro sistema tributario”.