Candidatos, analistas y sindicalistas hablan sobre lo que debe ser un cambio en la contratación para el trabajo en Colombia: que recupere el desarrollo y el crecimiento económico del país a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

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Desde hace varios meses se viene hablando de la necesidad de emprender una reforma laboral con miras a optimizar la creación de empleo y atacar frontalmente la informalidad. Sin embargo, aunque existen distintas propuestas, no se sabe cuál es la más idónea.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), insiste en que el desempleo y la informalidad son causados por la rigideces del “mercado laboral”, y plantea que el próximo gobierno deberá estudiar cuidadosamente la forma de superar dicha inflexibilidad laboral.

Según la ANIF, los principales escollos son los elevados costos no salariales, los cuales bordean el 50%, aun después de la reducción de 13,5 puntos porcentuales ordenada por la Ley 1607 de 2012 y los elevados costos de despido que enfrentan las firmas.

Un punto fundamental es el empleo rural. El Proyecto de Ley 123 de 2017 va en la dirección correcta de flexibilizar la contratación rural formal a través de crear el Jornal Diario Integral Rural.

Este tipo de medidas deberían ayudar a combatir la elevada informalidad rural, que hoy raya en el 90%.  La esperanza de bienestar rural laboral debe fincarse no en la quimera de un eventual ahorro a través de BEP, sino precisamente en habilitar cotizaciones que puedan ser inferiores a 1 Salario Mínimo Legal, dado que la actividad rural no es continua, como seguramente ya lo debió entender la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

Vargas Lleras

“Colombia ha tenido muchos avances en materia de empleo, pero aún hay mucha informalidad y hay que reducir la tasa de desempleo. Es por ello que propongo una política integral que comprende la creación de un sistema en donde el país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo; incluso en dónde se debe actuar para salvar empleos. Además, se capacitará a las personas y trabajadores para que ocupen las vacantes disponibles o aquellas que el aparato productivo necesite”, expuso Vargas Lleras.

En la propuesta Mejor Empleo, se contempla la creación de una unidad que identifique el personal que se requerirá en el futuro próximo e informe a las personas; así mismo, incluye la creación de un grupo élite de formación rápida y a la medida de las oportunidades laborales que brindan los megaproyectos públicos y privados. Además se pondrá en marcha una estrategia para revisar los puestos de trabajo disponibles y gestionar la ocupación de los mismos.

Gustavo Petro

El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, afirmó a través Twitter que: “La reactivación económica comienza por el aumento del salario real y la estabilidad laboral, así se amplía el mercado, crece la demanda interna y por tanto, la producción”.

Contrario al régimen laboral propuesto por Uribe Vélez y por el cual se rige el salario y pensiones de los colombianos, Gustavo Petro propone más y mejores reformas que beneficien a los trabajadores de Colombia.

Humberto de la Calle

El candidato liberal Humberto de La Calle, reiteró que sin crecimiento económico no es posible atender adecuadamente a la población más pobre, y que debido a esto es necesario concebir y poner en marcha reformas estructurales para impulsar la economía

De igual modo, de la Calle propuso que el programa de “Colombia inteligente”, el cual estará orientado a fortalecer la tecnología y la inversión extranjera para fomentar la inmigración y la cooperación público-privada con universidades, buscar un mayor provecho de las oportunidades de integración, impulsar la reforma arancelaria y laboral, como también las zonas especiales de desarrollo económico.

Desarrollo de Mipymes

Para Carlos Julio Díaz, miembro de la Escuela Nacional Sindical, esta política económica y financiera que ha concentrado la riqueza en grandes grupos articulados al capital financiero transnacional, es la que ha impedido un desarrollo empresarial democrático basado en procesos tecnológicos avanzados, y con altos niveles de productividad, agregación de valor y conocimiento.

La formalización laboral no se promueve precarizando, como lo propone la ANIF, dijo el dirigente, sino con una política pública que promueva el desarrollo de las Mipymes.

Este se logra aumentando su rentabilidad con crédito de fomento, compras públicas, descuentos tributarios, reinversión de utilidades en procesos de modernización, reducción de los costos del kilovatio hora de energía, rebaja del costo de la gasolina, inversión en infraestructura económica y social (carreteras, ferrocarriles, salud, educación, etc.), inversión en ciencia y tecnología, un sistema de protección arancelario decreciente que nos prepare para una verdadera libertad e integración comercial, fortalecimiento de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, y garantías a los derechos de libertad sindical.

Visión sindical

Según el presidente de la Central General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez Esguerra, 2018 no pinta nada bien. Continúa el proceso ascendente de los fenómenos de informalización de la economía y la tercerización laboral, contratos precarios de corta duración, y una larga lista de situaciones que hacen que los trabajadores tengan un mínimo de seguridad en términos de lo laboral, sin derecho a sindicalizarse.

“Es muy difícil un contrato a término indefinido, todo se da por Outsourcing y empresas tercerizadoras, sin que medie la vigilancia del Estado. En materia de negociación colectiva, habrá que ver cuál será el comportamiento del sector empresarial, amén de los anuncios de una eventual reforma pensional que no tiene ninguna presentación.

El dirigente sostuvo que la organización obrera está porque haya una reforma pensional, pero no para aumentar requisitos. Que al menos se mantengan las edades y el número de semanas cotizadas, como está en la actualidad. En una reforma pensional nosotros plantearíamos, por ejemplo, que los trabajadores que cumplan la edad, pero les falta semanas para pensionarse, tengan la posibilidad de acceder a un Fondo de Solidaridad Pensional, conformado con recursos del Presupuesto Nacional.

Si a una persona le hace falta 300 semanas, por decir algo, el Fondo le preste para que cotice el número de semanas que le faltan, y de la misma mesada pensional le van descontando hasta cancelar la deuda.

También la reforma debe establecer que los aportes a la salud de los pensionados no sea del 12% sino del 4%. En algunos países los pensionados no tienen que aportar nada a la salud porque se supone que durante su vida laboral cotizaron para construir una pensión de jubilación con ese derecho. Es mucho lo que hay que discutir, pero si lo que se quiere, es aumentar más la edad y poner más requisitos, no estamos de acuerdo con ninguna reforma pensional en esa dirección.