La ocupación de tierras por parte de los indígenas está creciendo en el país y se está convirtiendo en una bola de nieve. Prueba de ello es que este fin de semana, más de 400 ganaderos salieron a protestar en la vereda Los Chivos, del municipio de Plato, Magdalena.

Los empresarios rurales se han estado organizando para prevenir que los usurpadores tomen terrenos que les pertenecen. Incluso en redes sociales han circulado videos donde se ve a los ganaderos movilizarse junto al Ejército en caravanas de camionetas para garantizarles su seguridad.

Pese a los plazos de 48 horas que dio el Gobierno para que los invasores de tierras salieran de las ocupaciones ilegales, la situación persiste en distintos puntos del país.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, dice que el Gobierno está haciendo su parte, pero se enfrenta a grupos organizados que saben lo que hacen.

“Esto se da por cuenta de mafias, más bien de invasores profesionales que están afectando el interés de los tenedores de la propiedad privada. Yo creo que el comportamiento del Gobierno Central en términos generales, ha sido el habitual. El Gobierno convocó una mesa para hablar del tema, pero incluso el comportamiento de la Policía es activo”, sostuvo.

Impacto

Lafaurie indicó que esta situación está involucrando a personas ajenas que pueden salir afectadas. “Otra cosa son los grupos armados que están instrumentalizado en la región a venezolanos y a campesinos, a lugareños, para que invadan la tierra. Eso es lo que está pasando; en consecuencia, la reacción nuestra ha sido en ese sentido absolutamente enfática: aquí no vamos a permitir que vuelva otra vez a darse una situación de invasión de tierras, sin que nadie haga nada”.

Por su parte, el exministro de Agricultura y de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, ha sido enfático en decir que a pesar de la buena voluntad del Gobierno aún no ha habido hechos factibles: “el Gobierno hizo una rueda de prensa y sacó un comunicado en donde condenó la toma de invasión de tierras y anunció que iba a promover el desalojo de las mismas. Esto hace como tres semanas que lo hizo, sin embargo, hasta el momento no ha hecho mayor cosa. El Gobierno no ha hecho nada y según todas las informaciones que llegan, este proceso de toma de tierras ha seguido. De manera que ahora es muy importante que el Gobierno pase de las meras palabras, cosa que no ha hecho”.

En cuanto al plazo de 48 horas que se había dado para los desalojos, las opiniones también varían.

Para el presidente de Fedegán, “este no se ha podido cumplir, y debo decirlo que no es porque la Policía no haya sido diligente, es porque estos tipos están organizados, instrumentalizados por actores criminales, profesionales; entonces aquí no estamos frente a unos angelitos”, puntualizó.

Además, Lafaurie puntualizó que la Policía y la Fuerza Pública han hecho su trabajo, pero el tema va mucho más allá, “por lo que no es fácil desalojar a estos invasores de la noche a la mañana”.

Mientras que Restrepo dice que el Gobierno es el que no lo ha hecho cumplir. “El Gobierno había dicho que eran 48 horas, y finalmente no se pudo cumplir; no lo hizo cumplir, ese es el plazo que fija el Código de Policía y no se ha cumplido”, afirmó el exjefe de la cartera de Agricultura.

Defensa

En cuanto al acompañamiento de los ganaderos a la Fuerza Pública, la posición es clara: los civiles pueden estar en el ejercicio de defender sus derechos, siempre de forma pacífica y cumpliendo con la ley.

“La propuesta es muy concreta, es que los ganaderos tienen que organizarse en brigadas solidarias para acompañar a los afectados y para acompañar a las autoridades de manera absolutamente pacífica y sin generar ningún hecho de violencia”, explicó José Félix Lafaurie.

Para Restrepo, esto puede llegar a ser problemático, pues tomar acciones por mano propia puede generar más violencia.

“Es uno de los peligros que entraña la inacción del Gobierno. La inacción del Gobierno de una parte genera que se sigan estimulando las invasiones de tierras y, de otra, también estimula que se empiecen a organizar estos grupos, como el de los ganaderos, el que tuvo lugar recientemente en el Magdalena, que uno sabe cómo comienza, pero no cómo acaba. Y si esto se sigue generalizando, de toma de tierra sin que haya autoridad, entonces puede empezar a surgir la autoridad por mano propia y puede volverse un factor de violencia adicional a los muchos focos de violencia que tenemos”, señaló el economista y exministro.

Lafaurie coincide en que la autoridad está justamente para actuar en estos casos. “¿Qué pasa si un ladrón entra a tu casa y tú llamas a la Policía y él le dice al vecino: ‘socórreme’?; el policía tiene que actuar como dicta la ley”, sentenció.

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Acciones

La semana pasada, el ministro de Defensa Iván Velázquez había dicho, refiriéndose a la ocupación de tierras, que “son prácticas inaceptables para este Gobierno”, y como consecuencia ordenó a la Policía “actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.

El ministro indicaba que “en todos los casos, como lo ha expresado tanto el Presidente como la señora vicepresidenta, como lo hemos expresado todos, este Gobierno privilegia el diálogo sobre las medidas de fuerza, pero eso no significa que entonces se tolere la práctica de esta naturaleza”.

Así mismo, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, dijo que “la información que nos ha llegado es que hay un ejercicio de invasiones en varias partes del país, no solamente en el departamento del Cauca”.

En su momento la ministra de Agricultura y Desarrollo rural, Cecilia López, ya se había pronunciado respecto al tema. “Hay un tema básico y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras. Tienen un Gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley y la institucionalidad”, expresó.

De otro lado, los alcaldes de las ciudades capitales del país y el ministro del Interior, Alfonso Prada, se reunieron para hablar de temas puntuales como la invasión de tierras. El presidente de Asocapitales y actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que hay buena disposición por parte del Gobierno para solucionar varios temas que preocupan, entre ellos contrarrestar todo el tema de invasiones.

El presidente de Asocapitales dijo que "ya tenemos unos fenómenos que se vienen presentando en diferentes ciudades capitales, acá lo que queremos es tipificar cada uno de este tipo de invasiones para poder llegar con una respuesta diferenciada, pero hay toda la voluntad del Ministerio, no sólo del Interior, sino también de Justicia, Defensa y todo lo que tiene que ver con policía y ejército, para que podamos realmente atender las preocupaciones de nuestros ciudadanos que hoy en día son apremiantes".

Pedido de azucareros

Otro sector perjudicado es el de la caña de azúcar, que consolidó un histórico de afectaciones a su agroindustria por las invasiones a la propiedad privada.

Según Asocaña, van 71 predios afectados desde 2014 en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.

El estimado total de hectáreas afectadas en 2022 han sido más de 1.000; el total histórico de área afectada por invasiones es de cerca de 7.500 hectáreas, mientras que el total histórico de área invadida (totalmente improductiva) alcanza las 5.009 hectáreas.

Además, los empleos que genera la agroindustria de la caña en el norte del Cauca son cerca de 50 mil, entre directos e indirectos, que pueden verse afectados.