Por un lado, los defensores del articulado señalan que las medidas apuntan a impulsar el crecimiento económico. Por el otro, los críticos cuestionan las exenciones para ciertos sectores y el impacto fiscal

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La reforma tributaria (Ley de Crecimiento Económico) aprobada esta semana por el Congreso de la República recoge la mayor parte de las disposiciones de la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, e introduce una serie de medidas de alcance social.

Los principales elementos del articulado son la disminución del impuesto de renta a las empresas, la creación de una sobretasa temporal al sector financiero, descuentos por gastos de inversión, la reducción de los aportes en salud de los pensionados que reciben hasta dos salarios mínimos, la devolución del IVA para las personas de los deciles 1 y 2 de la población, el establecimiento de tres días al año sin este tributo para compras de ciertos artículos.

Por un lado, los defensores del texto señalan que las medidas apuntan a impulsar el crecimiento económico. Por el otro, los críticos cuestionan las exenciones para ciertos sectores y el impacto fiscal.

Crecimiento económico

El exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, afirmó en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la reforma busca impulsar un mayor crecimiento económico, porque “hace competitiva la inversión y crea mucho incentivo para que haya más crecimiento del consumo. Hoy, el crecimiento económico de Colombia está caracterizado por eso: mayor consumo de hogares y mayor dinámica de la inversión. Esta reforma va en ese sentido y por eso creo que puede consolidar una mayor tasa de crecimiento económico, empezar a generar empleo para ver una disminución en la tasa de desempleo. Creo que el propósito de la reforma es muy positivo”.

De acuerdo con Zuluaga, el empleo se genera a partir de “una mayor inversión. La inversión genera más ingreso para todos, tanto para el Estado como para la sociedad. Precisamente Colombia crece hoy a una tasa más alta que todos los países de América Latina fundamentalmente porque tiene una dinámica de inversión y eso es lo más importante para consolidar un ritmo de crecimiento económico. Aquí no se habla de ricos y no se pude asociar que el estímulo a la inversión es para ricos. Es para que las empresas sean más competitivas, para atraer más inversión de colombianos y de extranjeros. Si hay empresas fuertes, con capacidad de inversión pues va a haber empleo, mayor nivel de bienestar. Ese es el círculo virtuoso de bienestar y desarrollo económico”.

En relación con las medidas sociales que incluye al articulado, manifestó que es un “viejo anhelo y un compromiso de campaña del presidente Duque. El Presidente está cumpliendo. Me parece que es una gran noticia para los sectores sociales. Yo recuerdo que como candidato a la Presidencia propuse el reducir el aporte de la salud de los pensionados, del 12% al 4%. Ahora se logra para trabajadores pensionados hasta dos salarios mínimos. Eso tiene un profundo impacto social que va a mejorar el poder adquisitivo de los pensionados. La devolución del IVA es una medida de equidad, de justicia tributaria. Los más pobres, 2.600.000 hogares de Colombia, van recibir una devolución del IVA importante en un cheque que les va a permitir tener mayores ingresos. Son medidas que van en la dirección correcta para tener un país con mayor equidad y eso hace que los impuestos puedan tener una mayor distribución con un alto impacto social”.

Beneficios fiscales

En opinión del exministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, es importante que la reforma haya sido aprobada. “Si no hubiese sido posible el Congreso tomar esa decisión habríamos mandado una señal muy negativa a los mercados internacionales de crédito, porque evidentemente un gobierno para poder tener credibilidad en su política económica tiene que tener el respaldo del Congreso. De modo que es positivo que se haya expedido porque conjura ese riesgo”, afirmó.

Botero destacó que el proyecto tiene elementos positivos. “Por ejemplo, la reducción tarifaria para las empresas. Las tarifas en Colombia son demasiado altas y deben bajar. Creo que es positivo que se hayan mantenido los beneficios fiscales en relación con la adquisición de bienes de capital. Eso está generando una dinámica de importación y adquisición de bienes que debe acelerar la economía y generar empleos hacia el futuro. Me parece bien que se haya consolidado el llamado impuesto Simple que es una forma de atraer pequeños empresarios a la tributación”, expresó.

No obstante, manifestó que tiene serias dudas sobre la “conveniencia” de otras medidas que se adoptaron. “Tengo dudas sobre la exoneración del IVA en ciertos días del año. Creo que eso no es una buena fórmula. Y tengo dudas- las he tenido de tiempo atrás- de los beneficios fiscales a sectores empresariales específicos. Creo que lo que le conviene al país es tener tasas proporcionales a la renta para todos los entes jurídicos, todas las empresas sea cual sea la actividad que ellas desarrollen”, sostuvo.

En relación con las medidas sociales, consideró que son elementos “interesantes en beneficio de sectores de bajo ingreso, pero lo que habrá que preguntarse hacia el futuro es qué tan sostenible son esos beneficios”. “En general los analistas creen que los problemas fiscales del país no son ni este año ni el próximo, pero sí en años posteriores. Podríamos tener una situación fiscal muy complicada. Habrá que ver si la economía tiene una tasa de crecimiento por lo menos igual o mejor incluso que la que tenemos ahora y pueda ser que el recaudo permita estabilizar el régimen tributario del país. Eso está por verse”, remarcó.

Reforma estructural

El exdirector la DIAN, Gustavo Cote, afirmó que el sistema tributario colombiano requiere aún una reforma estructural.

“En términos generales el sistema tributario colombiano sigue siendo un sistema complejo por la multiplicidad de disposiciones. Tiene bastantes medidas que en un momento determinado erosionan la recaudación tributaria. El sistema tributario sigue aplazando las posibilidades de contar con una reforma estructural. Esta reforma, como lo conoce la opinión pública, simplemente se limitó a recuperar buena parte de las disposiciones de la anterior ley de financiamiento y con algunas modificaciones impulsadas por el Congreso de la República. Esto no corresponde a las necesidades de buscar un sistema tributario más justo, más simple, equitativo y progresivo”, afirmó.

Para el exfuncionario, las medidas adoptadas implicaron “introducir beneficios a las grandes inversiones, lo cual no se compadece con el sistema tributario que debía ser más equitativo y justo. Sin embargo, hubo una pretensión del Congreso de incluirle algún principio de equidad con tres medidas: lo de la suspensión del cobro del IVA durante tres días al año, la devolución para las familias más vulnerables del país y la concesión del beneficio por la contratación de empleados de menos de 28 años. Son medidas que tienen tanto de ancho como de largo que generan bastantes complejidades en la recaudación tributaria”.

Sobre la devolución del IVA a las familias de los estratos 1 y 2, consideró que se debe tener en cuenta que el gobierno anunció “que lo va a realizar a través de programas asociados a la base de datos que utiliza para identificar a esas familias que es el Sisbén, que viene presentando deficiencias. En la medida en que se depure el Sisbén podrá hacerse realidad el hecho que esa devolución llegue a quien lo necesite. Vale recordar que el Sisbén está en un proceso de actualización que estará listo a finales del año entrante”.

En materia de los incentivos para generar empleo para los menores de 28 años, indicó que en 2010 el Congreso aprobó “una ley precisamente para promover el empleo y la realidad es que se hubo la opinión generalizada que en el tiempo en el que estuvo vigente muchas empresas utilizaron esa ley para beneficiarse en la tributación más que para incidir en la variable económica del desempleo”.

Jalona la economía

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la reforma beneficia de forma general a todas las empresas. “Lo que se plantea es que una reducción de la tarifa de renta del 33% que está en este año hasta el 30% en 2022 y también permite el descuento del 100% del IVA pagado en la maquinaria y equipos que también beneficia a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero también hay una preocupación desde el punto de vista del costo fiscal de estas medidas. Desde Fedesarrollo hemos estimado que esta ley de crecimiento económico podría reducir los recursos fiscales en los próximos años en $5 billones, a partir del 2020; $8 billones a partir de 2021 y $10 billones a partir de 2022. Así que jalona la economía, pero cuesta fiscalmente”.

Consideró que el costo fiscal “va a depender de qué va a ocurrir con dos variables importantes para compensar esa caída en el recaudo. Por uno, el impacto que podría tener esta reforma en crecimiento económico. Al final jalonar la inversión aumenta crecimiento. Y por otro lado, que es bastante etéreo y puede ser gaseoso tiene que ver con la administración de la DIAN. Qué puede hacer en términos de antievasión, lo que podría limitar el impacto fiscal de la reforma”.

Señaló que en la reforma “hay una cuestión muy progresiva y es que se les aumenta el impuesto a las personas naturales, a los individuos de manera muy interesante. Hoy en día la tarifa máxima es del 33% y esta reforma introduce tres tarifas: 35%, 37% y 39% para personas que ganan más de 88 millones de pesos al mes”.

No obstante, cuestionó las exenciones sectoriales. “Hay un elemento que nos gusta las exenciones sectoriales. Se plantean unas exenciones a las megainversiones por encima de los $1.000 millones. Una tarifa diferencial también para la economía naranja y algo para el sector agropecuario y realmente tener este tipo de exenciones sectoriales lo que hace es dificultar el recaudo tributario”, subrayó.

De acuerdo con Jorge Iván González, docente de la Universidad nacional, esta es una reforma que “reduce el recaudo y aumenta la concentración de la riqueza. Parte de un supuesto falso que la reducción de los impuestos mejora el crecimiento. Es lo contrario”. “Las empresas no han entendido que la productividad mejora no porque les bajen los impuestos sino porque haya vías, escuelas, aeropuertos, infraestructura”, remarcó.

“Buen mensaje”

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) calificó como “positiva” la aprobación de la iniciativa, la cual considera que contribuirá “al desarrollo social y económico del país” y destacó que es un “buen mensaje” para la economía colombiana.

“Esta Ley trae consigo importantes beneficios para el futuro del país en términos de: 1) desarrollo social, mayor equidad y más oportunidades; 2) crecimiento económico y competitividad de cara al mercado global; y 3) fortalecimiento de la industria y el sector empresarial por cuenta del avance hacia estándares internacionales en materia tributaria”, indicó el gremio.

Expresó que el punto clave de la iniciativa se concentra en el “mejoramiento de las condiciones de tributación de las empresas para impulsar la competitividad del país. Mantiene la seguridad jurídica de los empresarios y nuevos emprendedores respecto a las decisiones tomadas bajo la Ley de Financiamiento aprobada en 2018, y acerca más la tributación del sector privado colombiano a los promedios mundiales. La reducción paulatina del impuesto a la renta de 33% a 30% en 2022 también aliviará las cargas de los empresarios para: generar más empleo; promover las inversiones; ser más eficientes en los costos de producción y nos coloca en el límite superior de los países de la Alianza del Pacífico”.

¿Reducción del recaudo?

De acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se señala que el recaudo se reduciría entre $9 y $12 billones.

“A partir del 1 de enero del 2020 entrará en vigencia un nuevo régimen tributario que implica cambios en los ingresos y costos para el Estado. Algunos análisis preliminares muestran que los ingresos podrían aumentar cerca de $5 billones por cuenta de disposiciones como la sobre tasa al sector financiero (temporal), el nuevo régimen de IVA cervezas y gaseosas, impuesto al patrimonio (temporal), las nuevas tarifas a personas naturales entre otros”, señala.

“Por otra parte, el recaudo se reduciría entre $9 y $12 billones agregando los efectos de la disminución en la tarifa de renta, el descuento de IVA en bienes de capital y en ICA, medidos por Minhacienda, con otras disposiciones como los días sin IVA, la compensación a los hogares más pobres, la modificación de los medicamentos, entre otros”, agrega.