* Guerrilla y narcos, grandes culpables
* Punto de inflexión en historia nacional
Al cumplirse treinta años del ataque cobarde de la guerrilla del M-19 contra el Palacio de Justicia, ese holocausto sigue pesando en la historia colombiana como una mácula imborrable. En un país cruzado por tantas violencias y en el que la barbarie, la inhumanidad y la sevicia han sobrepasado todos los límites conocidos, lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 continúa siendo uno de los capítulos más negros de todo devenir nacional. Incluso, no faltan los analistas que señalan que este atroz hecho perpetrado por la subversión y financiado -todo hace indicar- por el narcotráfico, es uno de los mayores puntos de inflexión en la historia patria al evidenciar cómo los dos factores más generadores de violencia atacaron el corazón del poder institucional de nuestro país y si hubieran cumplido su criminal objetivo de forzar al Estado a negociar con el terrorismo y las vías de hecho, muy seguramente Colombia habría entrado en ese entonces por el oscuro sendero de una nación fallida y de no futuro.
Este es un hecho trascendental que no se puede perder de vista al analizar todas las circunstancias que rodearon la toma violenta del Palacio de Justicia y el operativo militar para la recuperación, no de un simple edificio, sino de la sede del Poder Judicial de un país con un sistema democrático, un poder legítimo e institucional que estaba siendo amenazado por una facción ilegal que no solo quería ‘enjuiciar’ al Presidente de la República, sino asestar un golpe de Estado. Y para ello se valió del asesinato de magistrados, civiles y uniformados, a los que utilizó, primero, como escudos humanos y, luego, sacrificó.
Es precisamente ese marco circunstancial el que se ha venido diluyendo o, por lo menos, subdimensionando tanto con el correr de los años y las accidentadas investigaciones judiciales nacionales e internacionales, como por el doloroso vía crucis de las familias de los desaparecidos y el debate siempre vigente en torno de la distinta suerte política y jurídica corrida por los atacantes y los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo de retoma.
Por otra parte, el que tres décadas después la verdad sobre el holocausto del Palacio de Justicia continúe en el limbo, sujeta a nuevos y sorprendentes flancos de investigación a cada tanto, es sin duda una evidencia de la debilidad del sistema judicial en Colombia. Sorprende, por igual, que muchos de esos nuevos giros en las pesquisas se den precisamente cuando se acercan los aniversarios de la tragedia. No se puede ocultar tampoco que después de tanto tiempo de ocurridos los hechos apostar por un esclarecimiento total de lo sucedido en el Palacio termina siendo casi utópico, pues no sólo una parte significativa de los principales protagonistas ya murió, sino que los sobrevivientes apuntan a dar versiones en las que parece primar más la reinterpretación de los hechos que el relato objetivo y directo de los mismos. No en vano algunos tratadistas jurídicos internacionales sostienen que en esta clase de casos que duran largos años sin resolverse completamente, las verdades judiciales e históricas se terminan combinando, por lo que muchas de las nuevas hipótesis sobre culpabilidades, responsabilidades y víctimas se formulan sobre escenarios probatorios altamente subjetivos.
Por último, lo ocurrido en estas tres décadas del holocausto en el Palacio de Justicia pone una vez más de presente que los procesos de paz deben contener un componente muy alto de verdad, justicia y reparación. Si dicha exigencia se hubiera aplicado en los procesos de amnistía de los guerrilleros del M-19, so pena de no darles o retirarles los beneficios del perdón jurídico y la habilitación política, gran parte de las dudas que existen hoy sobre los verdaderos móviles del ataque y lo que pasó en el interior del Palacio se habrían resuelto hace muchos años. Y ese esclarecimiento sobre el accionar de los principales culpables de esa tragedia, a todas luces la guerrilla como perpetradora y el narcotráfico como financiador, también habría acelerado las pesquisas sobre el operativo militar de retoma y el papel que los mandos y personal militar y policial jugaron. No nos corresponde aquí impartir condenas ni absoluciones a esos integrantes de la Fuerza Pública, como tampoco dar por entendido que porque el M-19 se sometió a un proceso de paz, quedó exento de la verdad, justicia y reparación que aún debe por su atroz acto de 1985.