Se acepta la justicia transicional
El conflicto armado llega a su fin
Luego de tres años de proceso de paz con las FARC la organización subversiva aceptó someterse ayer a una jurisdicción penal alternativa. En ella un Tribunal de Justicia, por definir, deberá condenar a sus máximos dirigentes y los demás integrantes que hayan incurrido en delitos atroces como el asesinato, el secuestro y las masacres, y otros de gravedad como el desplazamiento, a una pena mínima de 5 y máxima de 8 años. Hecho esto, tendrán una limitación de la libertad dentro de un sistema especial, posiblemente confinados a granjas agrícolas o lugares similares. No habrá cárcel ni régimen penitenciario ordinario. Para cumplir los objetivos la Fiscalía colombiana, que tiene 38.000 expedientes por múltiples delitos contra las FARC más 55.000 por efectos de desplazamiento, pasará a sistematizarlos y remitirlos al Tribunal. Quedan pendientes, en tanto, los mecanismos puntuales de participación política, suscritos en el punto 2 de la agenda, a resolverse en una legislación posterior.
En varios sentidos, el acuerdo logrado en La Habana entre Gobierno y guerrilla es un proyecto de “justicia y paz” más mitigado que el adelantado hace unos años con los paramilitares, pero que mantiene características parecidas. De suyo, también se contemplan amnistías e indultos para las tropas guerrilleras, pero todavía no hay certeza de cuáles serán, a los efectos, los delitos conexos al de rebelión y si en ello cabe el cultivo y tráfico de drogas ilícitas. Con todo lo anterior se intentan cumplir los cánones internacionales, aunque ciertas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, se mostraron de inmediato contrarias al acuerdo por considerarlo demasiado laxo. En tanto, altas autoridades de los Estados Unidos, país que participa del proceso con un enviado especial, felicitaron al Gobierno y seguramente el papa Francisco haga lo propio en su gira por el país norteamericano, una vez ya se pronunció al respecto en Cuba días atrás.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia también abocará los delitos cometidos, en razón del conflicto armado, por los agentes del Estado y particularmente la Fuerza Pública. Casos como los denominados “falsos positivos”, actualmente en la justicia ordinaria, pasarán a un tratamiento más benevolente en la jurisdicción especial. De tal modo, guerrilleros y uniformados quedan sujetos a los mismos procedimientos, con una fuerte división de criterios en la opinión pública. Es un punto, en todo caso, en el que venían insistiendo las FARC, de modo que el Tribunal podrá abocar cualquier denuncia contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por fuera del sistema ordinario. De tal manera, el fuero militar recién aprobado queda, de alguna forma, mediatizado por los nuevos mecanismos.
Lo anterior, sea lo que sea, estaba más o menos anunciado. Faltaba la formalización que, en efecto, ocurrió ayer en una ceremonia presidida por el Jefe de Estado cubano, comandante Raúl Castro, y bajo el saludo de ratificación entre el presidente Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez. Entonces el Primer Mandatario fijó fecha de 23 de marzo, a seis meses de hoy, para firmar el acuerdo final de paz con esta guerrilla y declarar el fin del conflicto colombiano. Lo que de inmediato fue calificado de histórico, ya que el país ha intentado varias veces la salida negociada, sin poderlo hacer. En esta ocasión el presidente Santos, con su equipo negociador, y gracias al acuerdo de justicia transicional, determinó perentoriamente esa fecha. Luego vendrá la refrendación por vía popular, que será la última palabra, puesto que como el mismo Jefe de Estado lo dijo, solo en ese momento se sabrá si el pueblo colombiano quedó o no satisfecho con el acuerdo, procedimiento aún por definir.
Por lo pronto, parece acabarse la horrible noche de 50 años sumida Colombia en la depredación y la barbarie. ¡Qué cantidad de muertes! ¡Qué cantidad de sufrimiento para terminar hoy en lo que pudo hacerse muchas décadas antes! Una oración por todos los caídos.