La concertación exige sinceridad
Contraevidencia de una Constituyente
En todo país que respete la democracia los acuerdos nacionales son viables y muchas veces necesarios, aún más en medio de la polarización rampante que, como en la actualidad, no pocos suelen pretender tanto de cantera de sus réditos políticos al igual que de obsesiva, aunque infértil, satisfacción de sus ambiciones personales.
El punto radica, pues, no solo en el tipo de convenio y las bases temáticas de la convocatoria, sino en una actitud francamente dirigida a lograr consensos. Todavía con mayor rigor si lo que se ha hecho en estos dos años es suscitar a como dé lugar, desde las máximas esferas gubernamentales, el divisionismo, la irritación y el desencuentro sociales.
En ese sentido, lo que interesa para pensar en cualquier acuerdo nacional es, en primer lugar, tener una decisión sincera y firme hacia la concertación, con todo lo que ello traduce. Es decir, un método cuyo propósito es lograr coincidencias sobre los temas sensibles que aquejan el acontecer nacional y que, por tanto, y ante todo exige altas dosis de voluntad. En suma, un mecanismo que saque a la política del gueto en que la han convertido, por gracia de la intemperancia y el unilateralismo reinante en el gobierno. Y que permita pensar en el país y sus dificultades, antes que en posicionamientos politiqueros y cálculos de campañas posteriores porque en ese caso el tal acuerdo nacional no es más que una consigna electorera disfrazada, por no decir un canto de sirena para distraer incautos.
Pero si en verdad se quisiera un acuerdo nacional eficaz, para resolver las apremiantes circunstancias del momento, es fundamental tener una visión clara de las realidades del aquí y ahora. En esa perspectiva, no hay que irse hasta las encuestas para reconfirmar que la nación va por mal camino. Las cifras en las mediciones de la opinión pública son, ciertamente, abrumadoras. En todos los estratos, en todas las regiones y en todas las edades. Incluso, asimismo, basta con tan solo echar una mirada a la redonda con el fin de corroborar el estado de desmayo en que se encuentra esa Colombia tradicionalmente pujante, aun a pesar de sus dificultades.
En ese sentido, un acuerdo nacional tendría que comenzar por la reactivación económica, de la cual tanto se habla, pero nada se hace, ni siquiera entendiendo que las actuales penurias fiscales provienen en muy buena parte de la caída en picada de la economía. El escenario está listo para hacerlo. Mañana mismo se podrían citar a empresarios, gremios, sindicatos, académicos, en fin, las fuerzas vivas que se quieran, con el objeto de adoptar un plan de choque más allá de las leyes que dice el ministro de Hacienda y que deben esperar el tránsito de la próxima legislatura, para aplicación efectiva todavía más tardía, mientras la economía sigue desfalleciendo o permanece en el desbarrancadero.
No menos importante para un acuerdo nacional es, desde luego, no tener temor de recuperar el orden público de manos criminosas, como a diario ocurre. El clamor de gobernadores y alcaldes, advirtiendo la impotencia generalizada en reconquistar la soberanía territorial, es un llamado que no da espera. Por su parte, en todos los sondeos locales la inseguridad es, de lejos, la principal preocupación ciudadana. Mañana mismo, igualmente, podría comenzar a desarrollarse un amplio convenio entre los diferentes escalafones del Ejecutivo al respecto, bajo la coordinación presidencial. De hecho, se está en mora de hacerlo.
En esa vía, dentro de los temas del acuerdo nacional, podría incluirse también la idea del gobernador de Antioquia de hacer un referendo para ampliar la base financiera de regiones y localidades y no estar siempre sujetas a los designios de la Casa de Nariño. No estaría para nada mal darle un mayor ámbito al tema y dejar que sea la democracia participativa la que decida. De nuevo, aquí y ahora, ya que el asunto está relativamente avanzado en el departamento.
Y si se quiere un acuerdo nacional para sacar avante la próxima legislatura es claro que el engranaje para ello estriba en la concertación. Que fue, precisamente, lo que se vino a pique en el período legislativo previo, cuando se hizo ciscos por parte del gobierno cualquier intento de llegar a pactos, pese a su minoría parlamentaria y cercado por los escándalos clientelistas. Por eso el resultado fue tan mediocre y sobre todo incierto. La reforma pensional pende de un hilo en la Corte Constitucional, por las trapisondas legislativas y los articulitos fantasmagóricos de última hora; la reforma a la educación fue autodestruida contra los propios acuerdos de la ministra; y la reforma a la salud, ni se diga: hoy los colombianos permanecen en babia frente a lo que consideraban uno de sus patrimonios colectivos más preciados.
A su vez, incluir una Asamblea Constituyente en un acuerdo nacional de este tipo, que aboque los problemas aquí y ahora, es desdibujarlo por anticipado y aplazar las soluciones inmediatas que se pretenden lograr con este. Menos con una Constituyente que haga de correa de transmisión electoral hacia el próximo mandato.
En efecto, la calentura no está en las sábanas. Porque hoy, cuando se cumplen 33 años de puesta en vigencia la Constitución de 1991, está demostrado que, si se quiere, con ella se puede gobernar bien. Aquí y ahora.