Nadie  duda de la gravedad de la decisión de la Corte Constitucional al declarar inexequible la reforma al Fuero Penal Militar por cuenta de un vicio de forma, referido específicamente a que hubo una simultaneidad en las sesiones de la Comisión I y la plenaria de la Cámara de Representantes en noviembre del año pasado. Pero aún más preocupante es que por esa misma vía del trabajo paralelo en ambas instancias legislativas otros proyectos puedan correr el riesgo de ser tumbados en el examen de constitucionalidad. Se habla de iniciativas clave que estarían bajo la lupa.

Según el informe publicado en la edición de ayer de EL NUEVO SIGLO, ya se está revisando en qué otros trámites de proyectos se pudo haber incurrido en la vicio de la simultaneidad de las sesiones. Para ello se requirió a los secretarios de las comisiones congresionales que certifiquen, siendo lo más específicos posible en materia de minutos, a qué horas terminó la discusión en éstas, con el fin de cruzar esa información con los datos de las plenarias, especialmente sobre la hora en que se abrió el registro de parlamentarios, que es un requisito formal a fin de determinar la conformación del llamado quórum deliberatorio o decisorio.

Los mismos congresistas admiten que es una práctica normal que las comisiones den las últimas puntadas a los proyectos, mientras que en las plenarias se abre el registro de inscripción de los senadores y representantes. Hasta el propio ministro del Interior, que maneja los temas políticos y el integrante del gabinete que más relación directa tiene con el Legislativo, admite “que la discusión en la plenaria no empieza en el momento en que se abre el registro, sino hasta que el presidente de la corporación dice que se constituye el quórum y se da inicio a la sesión formal”.

Más allá de esta polémica, que también generó choque de criterios en el interior de la propia Corte Constitucional, como lo evidencia el enfático salvamento de voto del magistrado Pretelt, lo claro es que una vez más queda en evidencia que el Reglamento Interno del Congreso, más conocido como la “Ley Quinta”, requiere ajustes. Sin embargo, los distintos proyectos que se presentan al respecto siempre terminan engavetados o hundiéndose por cuestiones de tiempo.

No es sino recordar lo que pasó hace más de un año, con la estruendosa caída de la polémica reforma a la Justicia, que tuvo que hundirse por la vía extraordinaria y sui generis de las objeciones presidenciales a un acto legislativo. Desde distintos partidos y bancadas se anunció la presentación de una reforma a fondo de la Ley Quinta, especialmente en lo relativo a las conciliaciones de los proyectos cuando lo aprobado por las plenarias difiere ¿Qué pasó? A hoy nada, si bien la iniciativa fue radicada.

En no pocas ocasiones se ha advertido desde estas páginas que el Reglamento Interno del Congreso es una colcha de retazos, pues tanto las reformas puntuales como la jurisprudencia de las altas Cortes al revisar las actuaciones del Parlamento, han modificado tanto las reglas del juego del Legislativo, que crearon zonas grises en donde la interpretación discrecional termina pesando más que el mandato fáctico normativo. Es tiempo de acabar con esta falencia de una vez por todas.