POR PRIMERA vez en 10 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya no destaca a Colombia como un destino atractivo para la inversión extranjera, como si lo venía haciendo desde 2015.

Este es uno de los principales aspectos que deja para el país, un estudio del Departamento de Estado de EE. UU., en su Informe de Clima de Inversión 2024, un documento con información a 2023 y base para inversionistas estadounidenses que planean invertir a nivel mundial, y conocido por EL NUEVO SIGLO.

En Colombia, resaltó el informe que la desaceleración económica y el desarrollo de la política pública resultan como principales determinantes que han limitado la atracción de inversión en el país.

Vale la pena mencionar que Estados Unidos destaca como el principal inversionista en Colombia, cuya Inversión Extranjera Directa alcanzó US $5.517 millones en 2023, un 9,4% superior a los US $5.044 millones registrados en 2022, de acuerdo con la información del Banco de la República. Manteniendo esta tendencia, en el primer trimestre de 2024, la inversión estadounidense en el país ascendió a US $1.612 millones, un crecimiento de 42,8%, desde los US $1.129 millones reportados para el mismo periodo de 2022.

Soberanía nacional

“Aunque la Inversión Extranjera Directa se mantuvo fuerte en 2023, la Administración Petro ha promovido el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, lo que ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado”, aseguró el Informe.

De acuerdo con el documento, el crecimiento de 0,6% de la economía colombiana en 2023 marca “una desaceleración sustancial después de dos años de fuerte recuperación pospandemia”. Esto acompañado de un menor dinamismo en la inversión, donde “una disminución del 25% en la inversión, tasas de interés elevadas y un clima empresarial deteriorado contribuyeron en gran medida a la aguda desaceleración del crecimiento”.

Tras la reforma tributaria que entró en vigor en 2023, indicó que “el gobierno también está buscando reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, generando preocupación entre inversionistas”. No obstante, un mercado interno de más de 50 millones de habitantes, la abundancia de recursos naturales, y el crecimiento de una clase media cada vez más educada, destacaron como las principales fortalezas para invertir en el país.

Ahora bien, la protección de derechos de propiedad intelectual, la informalidad laboral, la inseguridad y presencia de grupos al margen de la ley en cadenas de suministro legales, así como la corrupción, sobresalen como las mayores debilidades en la atracción de inversión en Colombia.

Ausencia de liderazgo

“Durante la Administración de Petro en Colombia, los inversionistas de varios sectores mencionan la falta de consulta efectiva y oportuna con las agencias reguladoras en decisiones que los afectan. Los inversores interesados señalan preocupación por alta rotación de personal y pérdida de experiencia técnica en organismos gubernamentales, así como ausencia de liderazgo de casi dos años en agencias regulatorias clave”, puntualizó el informe.

Indica el análisis del Departamento de Estado, que “una disminución del 25 por ciento en la inversión, tasas de interés elevadas y un clima empresarial en deterioro contribuyeron a la marcada desaceleración del crecimiento. Los sectores clave, incluidos la construcción, la manufactura y el comercio, experimentaron caídas. La administración pública y las actividades relacionadas desempeñaron un papel vital para compensar estos reveses, respaldadas por un mayor gasto gubernamental en gastos operativos”.

Asegura que “en 2023, las exportaciones denominadas en dólares experimentaron una disminución del 12,9%, principalmente debido a la reducción de los precios de los hidrocarburos (petróleo, sus derivados y carbón). Colombia sigue por debajo del grado de inversión tras las rebajas de calificación de julio de 2021 de las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor's. Según la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, los analistas económicos pronostican un crecimiento medio del PIB del 1,4% para 2024”.

Las reformas

En el informe se menciona que “el gobierno colombiano aprobó una reforma tributaria que entró en vigencia en enero de 2023, buscando reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal del país. El gobierno también busca reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, lo que ha causado preocupación entre los inversionistas. Inmediatamente después de que se archivara la reforma de salud de Petro a principios de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en Colombia asumió el control de cuatro proveedores de seguros de salud, incluidos los dos más grandes de Colombia, por un año. Esta medida coloca a casi la mitad de los usuarios del sistema de salud de Colombia bajo el control del gobierno, lo que suma un total de 25,1 millones de personas”.

Acciones concretas

Por otra parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, indicó que el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos refleja la necesidad del país de generar acciones que permitan impulsar el crecimiento económico, así como generar empleo formal y de calidad. Esto no solo visto desde lo económico, sino también desde el marco político y social que atraviesa el país, donde la concertación de proyectos de ley de reforma ha incidido en la certidumbre para atraer inversión y crear oportunidades económicas a largo plazo.

En ese sentido, AmCham Colombia hace un llamado a menos mensajes y más acción; moderar la polarización política y garantizar el pleno respeto a las instituciones colombianas por parte de todos los actores, que son esenciales para garantizar una recuperación de la inversión privada. “

Estamos viendo que tenemos un desafío de crecimiento económico, el cual está frenado y requiere soluciones concretas que aprovechen al máximo el potencial del país. Desarrollar un trabajo de reactivación conjunta con el sector privado es una gran oportunidad para recuperar la confianza y establecer puentes de diálogo”, sostuvo Lacouture.

Reactivación

Señaló que “la articulación público-privada es un pilar fundamental para la democracia y permite dinamizar la economía hacia nuevos sectores. Desde AmCham Colombia, reiteramos la importancia de trabajar conjuntamente en la reactivación económica que tanto necesita el país, construyendo a través de consensos que permitan el bien común para todos los colombianos”.

“Desde el sector público, urge mejorar la ejecución presupuestal, la cual alcanzó un 36,6% entre enero y junio de 2024, siendo inferior al promedio de 39% registrado durante el mismo periodo entre 2001 y 2023. La reactivación económica necesita planes concretos y es un buen comienzo la estrategia planteada desde el gobierno nacional en torno a 7 ejes temáticos; sin embargo, todavía falta conocer los detalles de cada uno en términos de recursos, fuente de financiamiento y cumplimiento de metas”, indicó Lacouture.

La corrupción, otro problema

En el informe del Departamento de Estado, se hace una mención aparte sobre la situación de la corrupción.

Señala que “la corrupción sigue siendo un problema importante. Los inversionistas estadounidenses y extranjeros se quejan de las barreras no arancelarias, regulatorias y burocráticas al comercio, la inversión y el acceso a los mercados a nivel nacional, regional y municipal. Las partes interesadas expresan su preocupación por el acceso más limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno colombiano durante la Administración Petro. Los inversionistas de diversos sectores citan la falta de consultas efectivas y oportunas con las agencias reguladoras en las decisiones que los afectan”.

Manifiesta que “las partes interesadas señalan su preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi dos años en agencias reguladoras clave. Los inversionistas también señalan su preocupación por la lentitud de los procesos y las resoluciones inconsistentes en algunas agencias reguladoras, como el regulador de alimentos y medicamentos Invima. Las empresas a menudo se muestran reacias a expresar estas preocupaciones individualmente con el gobierno y prefieren plantearlas a través de asociaciones industriales”.