Muy preocupante el informe de la Defensoría del Pueblo en torno de la grave situación de orden público en Buenaventura. El último caso tiene que ver con el desplazamiento masivo generado en la Comuna 12 tras la confrontación armada entre “estructuras ilegales autodenominadas La Empresa, al servicio de Los Rastrojos, y el grupo ilegal Los Urabeños, situación que se ha extendido a otras comunas de este municipio”.
De acuerdo con la entidad, el pasado 6 de noviembre se registró un caso de desplazamiento masivo en la ciudad portuaria que bien podría ser catalogado como “una de las expulsiones de población más elevada en un solo evento violento de las que se tenga registro en el país”.
Citando datos de la Personería Distrital local, se indicó que 629 familias de los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros tuvieron que salir de sus viviendas por temor a los enfrentamientos entre esas bandas criminales. Paradójicamente el nombre de este último barrio hace referencia a que algunos de sus habitantes fueron víctimas de la masacre del Naya en 2001, perpetrada por grupos paramilitares. Es decir, que estamos aquí ante un caso de doble victimización.
Lo ocurrido esta semana se suma a las denuncias sobre el incremento de desplazamientos de manera selectiva e individual en los últimos tres meses. Además, la Defensoría sostiene que en lo corrido de este año se reportó el hallazgo de los cuerpos desmembrados de ocho personas, en tanto que Instituto de Medicina Legal registra 63 homicidios. A ello se suma que en el Registro Nacional de Desaparecidos se reportan 71 casos “de presuntas desapariciones forzadas y de 94 casos de desapariciones catalogadas como no forzadas en Buenaventura, en especial en los barrios El Centro, Juan XXIII y Piñal, los más afectados en esta vigencia”.
Y la crisis no para allí. También se presenta reclutamiento forzado de menores, a tal punto que desde mayo pasado se registraron ocho casos.
Como se ve, la situación en el puerto más importante de nuestro país sobre el Océano Pacífico es muy grave. La Defensoría hizo un llamado al Estado para que se tomen medidas frente a esta escalada de violencia y vulneración de los derechos humanos. Lo ocurrido obliga a que las autoridades generen un plan de choque más efectivo para desmantelar a estas Bacrim, que si bien han sido fuertemente golpeadas en todo el país en el último año, aún persisten algunos reductos que siembran terror y muerte en sectores subnormales de varias ciudades, sobre todo porque se están aliando y reclutando a las pandillas y organizaciones de delincuencia común locales, con el fin de tomar el ‘control’ de todo el espectro criminal de esas zonas.