- Justicia eficiente para el ciudadano de a pie
- Congreso debe impulsar un amplio debate
Si algo le ha quedado claro al país en los últimos años, cada vez que se habla de cuál debe ser la prioridad de la reforma judicial, es la necesidad imperiosa -pero no resuelta- de solucionar de forma rápida, eficiente y transparente la creciente demanda ciudadana de justicia, ya sea en materia de aplicación diligente de los distintos códigos a los eventuales infractores o frente a la urgencia de dirimir los pleitos entre particulares, con entidades oficiales o instancias del sector privado.
Ha hecho carrera en nuestro país la resignada conclusión de que las reformas a la justicia no están enfocadas en responder a las expectativas y conflictos del ciudadano de a pie, en su entorno más diario e inmediato, sino que se centran en atacar problemas estructurales en la arquitectura de esta rama del poder público o, más aún, redundan en buscar soluciones a problemáticas muy puntuales que atañen a porciones muy pequeñas de la población, como es el caso de la reiterada insistencia en modificar el juzgamiento de los aforados.
Por el contrario, poco se ha avanzado en atacar las causas objetivas de la ‘tutelitis’ por la violación de los derechos en salud, la violencia intrafamiliar, las riñas callejeras, los pleitos vecinales y los delitos de alto impacto. Frente a este tipo de conductas, en las que a diario decenas de miles de personas acuden a la Fiscalía y los jueces en busca de soluciones rápidas y eficientes, lo que prima es la morosidad y la impunidad. Y ello, de paso, no solo genera una pérdida de confianza en la justicia sino que, además, da pie a muchos actos de intolerancia o a los mal llamados eventos de ‘hacer justicia por propia mano’.
Tras un primer y fallido intento de reforma judicial por parte del gobierno Duque en la pasada legislatura, la nueva Ministra del ramo indicó que no se insistiría en un gran proyecto de ajuste integral a esta rama, sino que se acudiría a impulsar proyectos de ley o acto legislativo, decretos y otras medidas de corte administrativo para atacar problemáticas muy puntuales, todo ello enfocado en resolver prioritariamente la demanda de justicia por parte de las mayorías ciudadanas.
El sábado pasado se dio el primer paso en esa dirección luego de que el Gobierno radicara un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional -contenido en la ley 1563 de 2012- con el fin de impulsar el desarrollo integral de este mecanismo de resolución de conflictos y hacerlo más ágil, transparente y cercano al ciudadano. Según se explicó, la iniciativa está encaminada a buscar celeridad en la etapa prearbitral, hacer mayor claridad en las reglas probatorias, asegurar la transparencia en la designación de árbitros, impulsar el arbitraje internacional a través de garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio así como desarrollar el arbitraje social con el fin de ampliar su cobertura territorial y poblacional.
El arbitraje, explicado de la forma más sencilla, es un mecanismo alternativo de solución de determinados conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la responsabilidad de dirimir una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. En ese marco, el laudo arbitral es la sentencia que dicta el tribunal de arbitraje y ambas partes se obligan a acatarlo. Como es apenas obvio, acudir a esta clase de instancias busca acelerar la resolución de conflictos sin necesidad de ir a las instancias judiciales más formales. No estamos hablando aquí de un tema menor y prueba de ello es que, según el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, en el país existen 128 centros de arbitraje ubicados en 49 capitales y municipios, con Bogotá, Cali y Medellín a la cabeza.
El problema radica, como lo han evidenciado los estudios de las cámaras de Comercio de Bogotá y de Cali, así como el diagnóstico hecho con 36 expertos en la materia, en que existe un alto desconocimiento de la ciudadanía sobre qué es y para qué clase de pleitos sirve el arbitraje, sus ventajas en materia de celeridad y costos, así como la utilidad y alcance de sus decisiones. También se encontró que hay deficiencias en cuanto a cobertura territorial, ya que las instancias que lo desarrollan están concentradas en las principales ciudades y de allí la baja demanda que reciben.
Habrá que esperar cómo se desarrolla el trámite del proyecto en el Congreso. Siendo un tema de alto impacto ciudadano, todos los actores involucrados deberían tener una participación activa en el debate para enriquecer la iniciativa lo más posible. En modo alguno puede correrse el riesgo de otras reformas judiciales, parciales o integrales, que se hunden o son aprobadas con muchos recortes o ‘micos’ a bordo, supeditándolas a ser ineficaces o declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.