¿Ampliar su libre compra y venta?

El riesgo del yihadismo islámico

TRAS la matanza de 14 personas perpetrada en un centro para atención de discapacitados en California, se prendió de nuevo el debate sobre si es necesario restringir la venta libre de armas en Estados Unidos.

Aunque a nivel internacional  el foco ha estado centrado en si dicho ataque tiene o no relación con el yihadismo radical e incluso ya se maneja una hipótesis en torno a que una de las  atacantes  tenía simpatía ideológica con el ‘Estado Islámico’, a nivel interno  la controversia se ha dirigido también a señalar si no es hora ya de elevar la restricciones para la compra, venta, porte y tenencia de armas cortas, semiautomáticas y automáticas.  El propio presidente Barack Obama advertía días atrás que es hora de ponerle un control a la facilidad de acceso de armas de guerra que tienen los  habitantes de  Estados Unidos e incluso sentenció lapidariamente que “esto no es normal”.

Si bien se trata de un debate que no es nuevo en Estados Unidos y que ha llevado incluso a definir candidaturas presidenciales, al tiempo que marca una diferenciación partidista, lo cierto es que  el número de tiroteos en ese país ha aumentado en los últimos años y sólo en este 2015 ya se contabilizan más de 337 casos, es decir más de uno al día, y eso que solo se registran en esta categoría los ataques en donde hay más de cuatro víctimas mortales o heridas.

No es una discusión fácil de dilucidar toda vez que para muchos estadounidenses el tener la posibilidad  de comprar y portar armas es un derecho que alegan está amparado por la Segunda Enmienda constitucional, según la cual “el derecho del pueblo a poseer y portar armas no podrá ser vulnerado”. Sin embargo, los contradictores de esta interpretación advierten que no se trata de un derecho absoluto porque dicha autorización para armarse y defenderse estaría condicionada a que se exista la necesidad de la creación de milicias para garantizar  la seguridad de los habitantes y del Estado.

Incluso tras los atentados del yihadismo islámico radical en Francia y otras partes del mundo, el debate por la libre compraventa de armas en Estados Unidos se ha agudizado. De un lado están quienes consideran que debe restringirse este mercado para evitar que cualquier persona enajenada por el extremismo musulmán tenga fácil alcance a pistolas, rifles, fusiles y ametralladoras con las que pueda perpetrar una masacre en cualquier lugar de la nación más poderosa del mundo. Pero en la otra orilla están quienes sostienen  que, precisamente, los terroristas pueden acceder a las armas tanto en el mercado libre y legal como en el mercado negro, por lo que lejos de restringir la capacidad de defensa de la ciudadanía, lo que debe hacerse es facilitarle armas para que pueda reaccionar cuando sean atacada por los extremistas, sobre todo si se trata de pequeños comandos o incluso de personas que actúan como ‘lobos solitarios’ del terrorismo.

Por lo pronto  es claro que más allá del continuo rifirrafe entre partidarios y contradictores de las libre compraventa de armas, debe ser la propia Corte Suprema de Justicia la que dirima el tema, toda vez que la discusión se centra en torno a los alcances de la mencionada Segunda Enmienda y su interpretación positiva o negativa sobre la capacidad de las autoridades federales  o estatales para restringir o regularizar  el porte de armas. Las tesis en torno a si este es un derecho infinito o, por el contrario,  puede ser objeto de restricciones o prohibiciones según el nivel de peligro para sí mismo y la comunidad que pueda representar un eventual comprador, tienen múltiples escenarios de análisis  y sus conclusiones son disímiles, según la orilla en que esté ubicada quien las saca.

Por lo pronto es evidente  que este tema volverá a tener un rol protagónico en la campaña presidencial que avanza en Estados Unidos  y si bien es cierto que ningún candidato o precandidato  Republicano  o Demócrata ha propuesto la prohibición total del porte o tenencia de armas,  sí hay entre los aspirantes a la Casa Blanca diferencias muy puntuales  sobre el mayor o menor nivel de regulación que debería aplicarse, sobre todo en cuanto a las armas de largo alcance o automáticas. No hay que olvidar que en 2013 la administración Obama presentó un proyecto al respecto, pero fue negado por el Congreso y el debate continuó abierto.