El asesinato en Ecuador de seis reclusos colombianos el viernes pasado es un hecho muy grave. Todos estaban detenidos como principales sospechosos en el atentado que a comienzos de agosto le costó la vida al candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio, que en ese momento marchaba segundo en las encuestas.

No hay que olvidar, que los colombianos fueron detenidos horas después del magnicidio, al tiempo que el señalado sicario -también de nuestro país- que disparó contra la humanidad del aspirante presidencial al salir de una manifestación política en Quito, fue herido en el ataque y murió en una clínica esa misma noche.

Desde su captura, los seis sindicados, se supone, que estaban recluidos bajo estrictas medidas de seguridad en la cárcel Guayas 1 de Guayaquil, que ha sido escenario constante de cruentos enfrentamientos entre bandas, pandillas y narcotraficantes.

Según las autoridades ecuatorianas, los colombianos fueron asesinados en medio de un nuevo motín, pero se investiga si todo se trató de una pantalla con el único fin de ultimarlos y frustrar la posibilidad de que suministraran información sobre quién o quiénes los habrían contratado para perpetrar el atentado.

El homicidio, el sábado, de un séptimo preso relacionado con el crimen de Villavicencio, esta vez en un penal de Quito, aumentó las sospechas de un complot para silenciar cualquier testigo en este caso que impactó la campaña electoral y agravó la crisis de seguridad y orden público en la vecina nación, que tiene hoy por hoy la segunda tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes en todo el continente.

La situación, como se ve, es muy grave, al punto que el saliente presidente Guillermo Lasso convocó un comité extraordinario de seguridad y decidió aplicar cambios al más alto nivel en la Policía, separando del cargo no solo al comandante general, sino al director de investigaciones y el de la autoridad carcelaria. También será investigado el director de la cárcel de Guayaquil, quien incluso fue detenido de inmediato.

Las palabras de Lasso en torno a que no se permitirá “complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad", evidencian que las autoridades consideran que hay una estrategia de factores criminales de alto espectro para evitar que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. No hay que olvidar que tras su asesinato se señaló como posible culpable a una alianza entre carteles del narcotráfico y dirigentes políticos corruptos.