La decisión del gobierno de Panamá en cuanto a intensificar las deportaciones y expulsiones de migrantes ilegales que arriban a ese país atravesando la peligrosa selva del Tapón del Darién, prende las alertas en Colombia, toda vez que sería la nación más perjudicada con este endurecimiento de las políticas fronterizas de la nación centroamericana.

Ya hace un par de semanas el gobierno panameño había advertido que se preparaba para tomar medidas más radicales con el fin de frenar el incremento desmesurado de migrantes irregulares, que este año están registrando un récord. Incluso se llegó a hablar de una militarización y cierra de la zona limítrofe para detener esa marea humana.

Las cifras oficiales señalan que en lo que va del año más de 348 mil personas han cruzado el Darién, superando con creces las 220 mil que se alcanzaron en todo el 2022. De seguir con este ritmo, se podría llegar a diciembre con guarismos cercanos a las 500 mil personas, haciendo casi imposible de controlar este drama humanitario de amplias proporciones.

Lo más grave aún es que las autoridades estadounidenses acaban de reiterar a esos centenares de miles de trashumantes, la mayoría venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que así lleguen a la frontera norte mexicana no se les permitirá el ingreso a territorio norteamericano.

Si bien Panamá suele deportar migrantes ilegales, lo hace en una proporción bajísima. Prueba de ello es que desde abril pasado solo ha aplicado este procedimiento a 452 personas, mientras que, junto a agencias de la ONU, ha atendido a decenas de miles de migrantes que llegan por la frontera colombiana.

Si la nación del istmo intensifica de forma sustancial su política de expulsiones y deportaciones, eso implicaría que miles de migrantes podrían ser devueltos a nuestra nación, en donde ya de por sí hay una crisis muy grave en poblados como Turbo y Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó).

Las cifras de Migración Colombia señalan que durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se hizo un seguimiento a las detecciones de migrantes irregulares en tránsito en Necoclí y Turbo. Se registró a un total de 204.967 personas.

Es imperativo, entonces, que Colombia también empiece a analizar medidas para frenar el ingreso irregular de extranjeros por las fronteras de Ecuador y Perú. Dejar arribar a estas decenas de miles de trashumantes a Antioquia y Chocó, en donde podrían quedarse varados por el aumento de las restricciones y un plan masivo de deportaciones por parte de las autoridades panameñas, expone a nuestra nación a una problemática migratoria de extrema gravedad.