Uno de los principales debates políticos, económicos, sociales e institucionales este año ha sido el de los recursos presupuestales para las gobernaciones y alcaldías. En el Congreso se han discutido varios proyectos de ley y acto legislativo que buscan fortalecer la autonomía fiscal regional, en tanto que está en marcha desde hace varios meses una campaña de recolección de firmas para respaldar un proyecto de convocatoria a referendo con el mismo propósito.

Es innegable que los ojos del país han estado enfocados en las iniciativas parlamentarias, sobre todo en la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), que elevaría en un plazo de doce años de 26,5% al 39,5% las transferencias de dineros provenientes de ingresos corrientes de la Nación a los departamentos y municipios.

Este proyecto, que ya superó seis debates y al que solo le restan los dos últimos en la comisión I y plenaria de la Cámara, ha generado múltiples controversias, ya que gremios, academia y centros de estudios económicos especializados han advertido que ese aumento de los giros presupuestales del Gobierno Nacional Central a las regiones es insostenible desde el punto de vista fiscal, hoy en aguda crisis deficitaria. Es más, hasta en el propio Gobierno hubo posturas encontradas al respecto. Por ahora, una parte de la polémica se saldó al condicionar la entrada en vigencia de este acto legislativo a la aprobación, primero, de una ley de competencias en la que se señale claramente cuáles rubros de gastos e inversión ya no serían sufragados por la Nación, sino por gobernaciones y alcaldías.

Sin embargo, calladamente y lejos del foco mediático y político el referendo de autonomía fiscal regional viene tomando forma cada vez más clara y definida. Los promotores de este mecanismo de participación ciudadana ya han recogido 1,8 millones de firmas en los últimos meses. La meta es sumar más de 2,5 o 3 millones, con miras a que de ese volumen de respaldos ciudadanos la Registraduría certifique como válidas no menos de 2.027.199 rúbricas. Esto permitiría que el proyecto sea enviado al Congreso en donde senadores y representantes deben analizar si aprueban la respectiva convocatoria al constituyente primario.

Es evidente que por más que el Parlamento, a través de las bancadas gobiernista, independiente y de oposición, esté empujando la citada reforma al SGP, difícilmente le podría dar la espalda a un proyecto de referendo que llegue a su consideración con más de dos millones de firmas ciudadanas.

El mecanismo de democracia participativa directa tiene un peso político específico que no se puede minimizar ni rechazar de buenas a primeras. Y menos aun cuando varios gobernadores aparecen como sus principales promotores. Mandatarios seccionales y locales que, incluso, han sostenido recientemente que, en plata blanca, les ingresaría más recursos a las regiones por cuenta del recaudo y manejo directo de los impuestos de renta y patrimonio, que por concepto del esquema gradual de aumento anual del situado fiscal que propone el acto legislativo de SGP.

Tampoco se puede perder de vista que el Congreso no pasa por el mejor momento, ya sea porque continúa siendo una de las instituciones oficiales con mayor imagen negativa, o porque en este 2024 no pocos parlamentarios han terminado involucrados en escándalos de corrupción y politiquería.

Otro elemento adicional que explica el difícil reto que significaría para el Legislativo darle la espalda a este proyecto de referendo es el relativo a que, calendario en mano, la iniciativa se tendría que debatir en el primer semestre del próximo año y, si es aprobada, la cita en las urnas podría ser para finales de 2025 o incluso comienzos de 2026, en plena recta final de la campaña electoral parlamentaria y presidencial. Es más, no sería descartable que este trámite termine siendo paralelo al del proyecto de ley de competencias que se requiere para poder aplicar el ajuste al SGP, claro si este supera los dos debates pendientes en la Cámara.

Como se ve, el Gobierno, Congreso y partidos deben empezar a ponerle atención al proyecto de referendo. Con los 1,8 millones de firmas que hoy tiene recogidas ya es una realidad política que debe afrontarse de forma inteligente y delicada. Para nadie es un secreto que tiene muchas implicaciones y la opción de despacharlo con un pupitrazo que lo niegue no asoma fácil ni políticamente correcta. Y lo más grave es que la reforma al SGP y el referendo de autonomía fiscal regional no son complementarios y proponen escenarios institucionales distintos y contradictorios.