*Profesionalizar y especializar personal del sistema
*Normatividad completa, deficiencias en el terreno
La tragedia por el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Salgar (Antioquia), no solo extiende el luto nacional que ya se había declarado tras el fatal incidente en tres minas, en el mismo departamento, sino que abre de nuevo el debate en torno de si los sistemas de atención y prevención de emergencias y desastres a escala nacional, regional y local están siendo efectivamente formulados y aplicados.
Es claro que hay fenómenos naturales que son imposibles de predecir y por lo tanto no es ese el debate aquí. La discusión objetiva y seria se refiere a la capacidad que tienen las autoridades departamentales y municipales para hacer cumplir a rajatabla y sin excusa alguna las directrices del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es uno de los modelos de reacción a emergencias más estructurado que existe a nivel latinoamericano y que en varias ocasiones ha sido referenciado como ejemplo a seguir. Normativamente el sistema no tiene peros, sin embargo, no son pocas las voces que advierten que en muchas gobernaciones y alcaldías las instancias encargadas del manejo de emergencias cumplen apenas un papel formal pero a la hora de la verdad, en el terreno, es poca su efectividad para prevenir de forma eficaz y proactiva el riesgo y la atención de inundaciones, erupciones volcánicas, reacción a sismos, vendavales, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas, sequías extremas y otros accidentes como derramamiento de hidrocarburos y sustancias tóxicas, explosión de pólvora, entre otras contingencias. Igual no son pocos los expertos que sostienen que una de las falencias del sistema está, precisamente, en la falta de capacitación de técnicos, tecnólogos y profesionales, preparados exclusivamente para manejar los sistemas de atención y prevención, pues está demostrado que dejar tal función en personal que debe atender otras labores primarias de su cargo, termina siendo un flanco débil que le resta peso específico al cumplimiento de las medidas de prevención, atención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción que se requieren cuando sobreviene una contingencia de grandes magnitudes. Es algo similar a lo que ocurre con la política ambiental, que ya está claro requiere para su implementación de profesionales entrenados específicamente para tal labor y no, como sucedía antes, que todo lo relativo a esta materia terminaba siendo manejado a nivel seccional y local por personas que no tenían la experticia suficiente ni el poder de decisión para hacer cumplir sus mandatos.
Más allá de las particularidades de las tragedias ocurridas en Riosucio y Salgar, en donde corresponderá a las autoridades respectivas hacer los juicios de valor y fijar las responsabilidades del caso a los actores públicos y privados involucrados, lo cierto es que el sistema de gestión del riesgo de desastres requiere, al decir de los expertos, de un mayor principio de obligatoriedad, tanto de priorización en el cumplimiento de todas las directrices preventivas, como de un mayor nivel de investigación y sanción por parte de los entes de control a los funcionarios que no hayan actuado con la diligencia debida para evitar o disminuir los niveles de afectación y daño colateral producidos por estas contingencias naturales o derivadas del accionar del hombre. No deja de sorprender que, por ejemplo, pese al alud de denuncias que se presentó entre 2010 y 2011 por parte de miles de pobladores que dijeron haber alertado a sus respectivos alcaldes de la inminencia de inundaciones y deslizamientos producto de la temporada invernal, al final de cuentas son muy pocos los mandatarios y personal oficial municipal que fueron investigados y efectivamente castigados por su negligencia en este campo.
Por todo lo anterior es obvio que paralelo a las medidas de atención de las emergencias y los planes de apoyo de corto y mediano plazos a las víctimas, lo que se necesita de manera urgente es que se haga una revisión de todo el sistema, en especial al conjunto de alertas tempranas determinadas por los comités seccionales y locales. Solo cuando dicho inventario se culmine, el país podrá saber, a ciencia cierta, cuáles posibles emergencias requieren de un plan de choque que ya debe estar en marcha o, en su defecto, iniciarlo de inmediato. Es cierto, como se advirtió al principio, que hay fenómenos naturales que son imposibles de prevenir pero también hay otros casos en donde si bien la naturaleza hace su parte, se evidencia imprevisión o exceso de confianza de las autoridades para prevenir tragedias o impericia para afrontarlas.