La  decisión del Gobierno de profundizar el ajuste a los gastos de funcionamiento está bien encaminada, pues no sólo pone de presente que hay que hacer más drástica la austeridad presupuestal en temas no prioritarios, con el fin de redirigir o concentrar recursos en las tareas más urgentes, sobre todo de inversión social, sino que hace eco a las voces que plantearon que de forma paralela al análisis de la nueva propuesta de reforma tributaria, también el Estado se ajustara el cinturón.

La racionalización del gasto anunciada por el Gobierno no es cosmética ni superficial. Todo lo contrario, en el proyecto de Ley de Presupuesto General para 2015 que se discute en el Congreso se incluyó un artículo que establece la reducción en los gastos generales en un porcentaje del diez por ciento, quedando únicamente exentos del ajuste los rubros de defensa y gastos electorales. Y a ello se suma el anuncio del Presidente de la República de aplicar un ahorro adicional de un billón de pesos en gastos de funcionamiento. Para ello se reducirá en 40 por ciento la inversión en publicidad oficial y en un 15 por ciento los gastos de viajes y viáticos, telefonía celular y papelería, además de recortes presupuestales en vehículos, combustibles y esquemas de seguridad y escoltas.
Y como si fuera poco, también se pidió a todo el gabinete ministerial un listado de entidades que pueden suprimirse sin que se afecte el servicio y funcionabilidad del Estado. La primera sería la  Agencia de Regulación Financiera, cuyas tareas serían asumidas por el Ministerio de Hacienda.

En momentos en que se les pide a la ciudadanía y el sector privado un esfuerzo adicional, a través de la propuesta tributaria para aumentar el impuesto al patrimonio y mantener el 4 por mil, el primero en dar ejemplo tangible de austeridad en el gasto debe ser el propio Ejecutivo.