Pese a que la legislación penal en Colombia para castigar a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias alucinógenas es muy drástica, lamentablemente el país no ha podido dejar atrás este flagelo.

De hecho, en entrevista publicada ayer por este Diario con la directora de Tránsito y Transporte de la Policía, general Claudia Susana Blanco Romero, quedó claro que persiste el peligro de borrachos al volante.

Las estadísticas son contundentes: cada día las autoridades detectan, en promedio, a no menos de 35 conductores bajo los efectos del alcohol. De hecho, entre el 6 de enero de 2024 y el 6 de marzo de 2025 se realizaron 14.721 pruebas de embriaguez que resultaron positivas. Cada uno de esos casos es una tragedia potencial para todos los actores viales: conductores, pasajeros, peatones, ciclistas y motociclistas.

Es claro que estamos aquí ante una irresponsabilidad muy grave, puesto que son múltiples las campañas para advertir de los riesgos de manejar tras haber ingerido alcohol. Difícilmente, se puede encontrar una persona en Colombia que no esté al tanto de las cuantiosas multas que se imponen dependiendo del grado de alcoholemia que registre el infractor. Comparendos que pueden ir desde los 3,7 millones hasta más de 57 millones de pesos. Esto último en los casos en donde se presenta grado tres de alcohol o el conductor se niega a realizar la respectiva prueba.

A ello también se suma la suspensión o incluso cancelación de la licencia de conducción, así como la inmovilización del vehículo. Si hubo accidentes con personas heridas o muertas, procede la judicialización y el riesgo de varios años de cárcel. Igualmente, en el caso de daños a otros vehículos y bienes de terceros, las compensaciones a pagar son millonarias.

La situación es tan complicada que, como se publicara en este Medio semanas atrás, en el Congreso ya cursa un proyecto de ley que busca imponer penal de cárcel a quienes sean sorprendidos manejando con grado dos o tres de alcohol. Es decir, esta anomalía pasaría a ser una acción delictiva, sin importar que no haya causado muertos, heridos o daños materiales a terceros. En cuanto a grado uno y grado cero de alcoholemia, se plantea imponer sanciones de trabajo comunitario.