En  no pocas ocasiones se han escuchado críticas a la poca efectividad del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para detener o disminuir la escalada de los conflictos bélicos que continuamente estallan o se agravan alrededor del planeta. Es más, en las últimas dos décadas en varias ocasiones se han proyectado borradores de reforma para esa instancia clave de la ONU, todos los cuales se estrellaron con la oposición o condicionamientos insalvables de las grandes potencias que tienen poder de veto en el Consejo. Es evidente, también, que en algunos casos de intervenciones militares extranjeras la autoridad del Consejo fue sobrepasada por las llamadas “coaliciones de aliados”…

Sin embargo, cuando las críticas provienen del mismo corazón de la ONU la situación se torna aún más preocupante. Y eso es lo que precisamente ha pasado con la denuncia de la saliente Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien advirtió ayer sobre la incapacidad del Consejo de Seguridad para poner fin a los conflictos, sobre todo por la prevalencia de los intereses nacionales. “No siempre ha habido una decisión firme y de principios de los miembros (del Consejo) de poner fin a las crisis”, afirmó la alta funcionaria que estuvo encargada en los últimos años de vigilar el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en todo el planeta. Incluso insistió en que “una respuesta más firme de este Consejo podría salvar cientos de vidas”.

También señaló, en coincidencia con lo advertido al comienzo, que la utilización del derecho de veto constituye “una táctica de corto plazo y en definitiva contraproducente”. Según Pillay, los 15 Estados miembros del Consejo, entre permanentes y temporales, deben desarrollar un concepto más amplio que el del interés nacional.

Precisamente, ese ajedrez geopolítico del poder de veto es el que ha impedido que la ONU tome un papel más determinante en conflictos bélicos tan graves como los de Siria o la Franja de Gaza, Ucrania y algunos países africanos.