* Una agenda de cambio
* Aspectos para tener en cuenta
El Congreso colombiano, como no pocos del mundo, suele recibir ataques políticos constantes pues la opinión pública siempre espera más de sus actividades. Pero al final del período actual vale decir que, aparte de la mácula de archivar las propuestas en torno a su trasformación interna, cumplió con buena parte de la agenda legislativa. Lo cual no es común.
En esta ocasión, ciertamente, se aprobó una reforma tributaria que, en principio, se auguraba de muy difícil trámite, ya que estaba precedida de otra que el gobierno hubo de retirar. De hecho, el asunto derivó entonces en la renuncia del ministro de Hacienda. Ahora, la institución pudo abocar de mejor manera, en esta parte de la legislatura, los ingentes requerimientos financieros y atender las secuelas ocasionadas por la pandemia, con la aprobación consecutiva del presupuesto nacional.
De otro lado, se dio curso a normas determinantes como la de los insumos agrícolas, que cambia de modo cardinal el desenvolvimiento del sector. Es posible que no se haya sopesado el drástico viraje que esto puede significar en un país que tiene uno de sus problemas esenciales en los costos de las materias primas agropecuarias. Efectivamente, después de lustros de no abocar el tema, desde ahora los agricultores pueden contar con una estricta vigilancia de precios al respecto, un fondo estatal para la compra de agroquímicos y el acceso a créditos blandos para colaborar con el rendimiento de las siembras. Del mismo modo, y también de suma importancia, se fomentó la producción nacional de agroinsumos, un viejo anhelo frente al cuasi monopolio de las agencias multinacionales. Son nuevas realidades que, por demás y a la larga, ayudarán a controlar la inflación.
De no menor interés, al mismo tiempo, fue la aprobación de la ley de Acción Climática. En efecto, tal y como hemos analizado en estas líneas, uno de los grandes problemas del Acuerdo de París y sus cumbres, al igual que la de este año en Glasgow, es que las decisiones internacionales para enfrentar el calentamiento global no son vinculantes. Por eso, elevar a rango legal los compromisos colombianos, con sus metas y cronogramas, es un acierto en esa dirección. Esto resulta, pues, benéfico a nivel interno. Pero también es una demostración hacia el exterior de la voluntad irrestricta que tiene Colombia en ese reto de disminuir los gases de efecto invernadero, por menores que sean frente a otros países. Y revertir la desforestación en lugares cruciales, como la Amazonia, al tiempo de multiplicar la forestación como un propósito nacional indeclinable.
Bajo esa perspectiva, también fue positivo añadir, dentro los lineamientos ambientales clave, la ley de transición energética, sin caer en populismos ni estridencias de campaña electoral. Nadie duda de que los hidrocarburos y la minería deben ponerse a tono con la descarbonización de la economía. Pero, por igual, hay que hacerlo de modo gradual, sin afectar de un golpe las finanzas estatales y creando, como se hizo, los incentivos respectivos a fin de llevar el objetivo a buen puerto. De suyo, la matriz energética colombiana es de las más limpias del mundo. Lo que permite avanzar en la transición de una manera pronta, aunque en un período razonable.
Pudo el Congreso, asimismo, sacar avante dos leyes que se avizoraban bastante complicadas. Son ellas, las reformas de la Policía y de la seguridad ciudadana. Sin abandonar, en lo absoluto, los derechos humanos, sino afincándose en ellos. En ese sentido, se adecuó el concepto de proporcionalidad de la fuerza y, bajo las exigencias contemporáneas, se modernizó la actividad policial. Asuntos, por demás, de sensibilidad superlativa que se debatieron a fondo y en los que se llegó a acuerdos sin los estragos del vandalismo previo.
Por otra parte, medidas de hondo contenido social, como los alivios a los deudores del Icetex, en paralelo a la “matrícula cero” en la educación superior para estratos uno, dos y tres, o la rebaja gradual de la jornada laboral a 42 horas (que, en otras partes, como en Chile, hasta ahora son promesas) se hicieron efectivas. Esto, entre otras iniciativas sobre los empaques alimentarios y el no castigo físico de los niños. Para no hablar, también, de otras normas sustanciales como la del Área Metropolitana de Bogotá.
Cierto es que se llegaron a proponer dislates como el diálogo con el Congreso venezolano o exabruptos como el artículo sobre la “ley mordaza” en el proyecto anticorrupción, que no prosperaron. De otro lado, aunque sin moción de censura, el Parlamento produjo el retiro de la ministra de las TIC por el escándalo de las pólizas falsas en “Centros Poblados”. Y quedan pendientes reformas urgentes.
En todo caso, el Congreso sacó adelante una nutrida agenda, compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo, con muchos aspectos positivos y por qué no, revolucionarios. Así también hay que reconocerlo, en bien de las instituciones.